Cuatro nombres, al menos, se manejan para relevar a Raúl Arturo Ramírez Ramirez en la CEDH: Guillermo Noriega Esparza, Raúl Guillén López, Juan Francisco Alcaraz y Octavio Grijalva. Cada uno con apoyos y propuestas diferentes.
Pero el proceso, que deberá concluir en febrero comienza a enredarse con el empecinamiento del actual titular, Ramírez Ramírez en buscar la candidatura por el distrito 5 federal (podría ser por el PAN) y en dejar, para cuidarle las espaldas en su retirada, al actual subdirector jurídico Octavio Grijalva.
Las condiciones para que esto sucediera, se darían si el Congreso del Estado no emitiera a tiempo la convocatoria, y ese no es un escenario imposible, toda vez que ya sucedió hace cuatro años (el maestro Jorge Sáenz Félix podría detallar al respecto) y ahora los diputados ya adelantaron que de aquí hasta las fechas navideñas, la prioridad es la discusión y aprobación del paquete fiscal 2018.
Con otro agregado. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso es Célida López Cárdenas, que recientemente renunció al PAN y a la bancada, y todavía falta ver si le respetan su presidencia o hay un relevo en estos días.
Si la convocatoria se retrasa, podría dar pie a que Ramírez Ramírez designe a Grijalva como primer visitador, de manera que si eso ocurre y el actual ombudmsan se va en pos de una diputación, Grijalva ascendería en automático a la presidencia, consumando una imposición, aunque sea efímera.
El perfil y currículum de los cuatro “sonantes” (el Congreso deberá elegir de entre una terna) es amplio y no alcanzaría el espacio aquí para detallarlo, pero los personajes son más o menos conocidos en la vida pública.
De Grijalva ya se sabe que fue visitador de la CEDH y se vio involucrado en un conflicto de interés durante el litigio para reclasificar el delito del homicida de Priscila Hernández; de allí asumió como consejero electoral, y sus filias políticas son indiscutiblemente con el PAN. Por cierto, al homicida, Singh Siddarth lo acaban de sentenciar a 43 años de prisión.
Raúl Guillén fue una pieza clave en el inicio de esta administración estatal, para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, remontando prácticamente desde cero, ese sistema que el padrecismo dejó tirado en medio de un mar de sospechas sobre malversación de los recursos para tal fin, que se habrían gastado en campañas electorales. El encargado de eso, el sexenio pasado, es el hoy representante de Morena en el Instituto Electoral del Estado de México, Sergio Gutiérrez Luna.
Guillermo Moreno Esparza es también abogado y su trayectoria está más ligada a la lucha y la denuncia ciudadana en temas de transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos.
Juan Francisco Alcaraz es el presidente de un organismo nacional de abogados que recientemente lanzaron una convocatoria pública para conocer y postular perfiles, exigiendo además que el Congreso apresure la convocatoria oficial.
Este abogado también tiene una trayectoria polémica a su paso por la entonces Procuraduría estatal, como Ministerio Público; en la propia Confederación de Colegios de Abogados y en la propia CEDH, donde estuvo muy cerca de los panistas en su sexenio, particularmente de Miguel Padrés, el principal operador del padrecismo en esa institución, hasta la fecha.
Sin embargo las cosas no terminaron bien entre ellos y actualmente dicen ser los principales opositores a la continuidad “raulista” en la CEDH y por tanto, a quienes se les tiene más miedo, pues en caso de llegar a la presidencia lo primero que harían es corregir el desorden administrativo y financiero que actualmente existe, así como promover gestiones en organismos internacionales para “bajar” recursos que ayuden a solventar la quiebra en el organismo.
El tema dará para mucho de qué hablar en los próximos días, pero lo cierto es que el relevo en la CEDH se puede poner al rojo vivo, ya que al margen de las cuestiones administrativas, financieras y propiamente relacionadas con las áreas de su competencia en materia de derechos humanos, prevalece también un interés político en el que están involucrados muchos personajes del ayer y del hoy, con gran peso en la vida pública.
Lo que es un hecho es que la titularidad de la CEDH exige un perfil con una sólida formación académica, experiencia en el tema de los nuevos paradigmas de los derechos humanos, así como en la práctica del litigio y desde luego, una buena mano zurda para operar en lo político.
Seguiremos pendientes.
II
Todo fue que a Damián Zepeda se le ocurriera echar a un grupo de mujeres panistas para írsele a la yugular a Célida López, para que ésta reaccionara de la manera como sabe hacerlo, y dirigir la artillería no contra las mujeres que salieron en defensa de Damián, sino contra el propio Damián al que lo más leve que le mandó decir es que no tiene pantalones, y no lo bajó de cobarde y misógino.
Este agarre entre panistas va más allá de lo anecdótico del pleito entre mujeres, que siempre será un manjar para la nota de escándalo político.
Célida, a quien las “chicas de Damián” acusaron de entregarse al PRI en el caso de la votación en el Congreso sobre la concesión del alumbrado público en Hermosillo, y extendieron sus acusaciones hasta alcanzar a su esposo, de quien dicen, estuvo a punto de pisar la cárcel por sus presuntos negocios sucios durante el sexenio de Padrés, les respondió puntualmente.
Argumenta que no la pueden acusar de pactar con el priismo para negociar la inacción penal contra su marido, porque su panismo está más que acreditado en su labor como funcionaria y como diputada. Y en esto tiene razón: junto con el desacabalado Javier Dagnino, difícilmente puede encontrarse a alguien con una mayor profesión de fe del padrecismo.
Si algo se le debe reconocer a la diputada rocaportense es su congruencia con el padrecismo que la hizo crecer en la vida política y el servicio público. Las circunstancias que hoy la llevan a enfrentarse a un ala de ese padrecismo son propias de una coyuntura muy específica.
Pero más allá de eso, a la diputada no le falta razón cuando vaticina que el PAN en Sonora se está desdibujando de fea manera en estos días, y que corre el riesgo de pasar a ser la tercera fuerza en las próximas elecciones, debido a los conflictos internos provocados por una dirigencia inexperta y autoritaria.
III
El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social premió por primera vez a un municipio, y ese municipio fue Hermosillo.
El galardón fue otorgado al alcalde Maloro Acosta y al director del DIF Hermosillo, Ernesto Molina Rodríguez, por el programa Mano Amiga, que atiende a personas en situación de calle. Esa atención la han recibido 3 mil 622 personas y 2 mil 028 han sido apoyadas para retornar a sus lugares de origen.
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