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Víctor Rolando Valenzuela es el nombre de un empresario sonorense que, desesperado porque el gobierno del estado se negó a cubrir la deuda por proveeduría y servicios, y frente a la quiebra de su empresa, protagonizó algunas protestas frente a palacio de gobierno.

 

Fue en agosto de 2015 cuando recibió una respuesta del entonces tesorero, Mario Cuén Aranda, cuyo paradero se desconoce hasta el momento y es otro de los que andan a salto de mata, huyendo de la ley. “No hay dinero, que paguen los que vienen”, dijo el hoy ex funcionario, en los últimos días del sexenio padrecista.

 

Como a Rolando Valenzuela, a muchos otros proveedores del gobierno del estado, les quedaron debiendo más de 8 mil millones de pesos. La lógica de los padrecistas en fuga ya en esos días, era impecable: “el que venga atrás que arreé”.

 

Algunos optaron por aceptar los términos de una empresa que en su momento adquirió cierta (mala) fama, en la que participaban funcionarios del gobierno e integrantes de la mafilia Padrés-Dagnino. La famosa CP3, dedicada a la compra de deuda y el pago de la misma, en operaciones de triangulación financiera mediante las cuales se obtuvieron millonarias ganancias, por al menos el 30 por ciento de dichas deudas.

 

Un negocio redondo en el que los funcionarios, con información privilegiada sobre el manejo presupuestal, los montos y los tiempos de su ejercicio, condicionaban el pago de las deudas a una comisión del 30 por ciento. Muchos empresarios optaron por aceptar ese agio, bajo la vernacular premisa “de lo perdido, lo que aparezca”.

 

Otros no lo hicieron, y esos sumaron un monto de 8 mil millones de pesos que el gobierno padrecista heredó a la actual administración.

 

En el caso de Rolando Valenzuela, sus adeudos venían desde 2012, y se fueron transfiriendo año con año mediante las llamadas “adefas” (adeudos fiscales anteriores) hasta llegar al año 2015, cuando los padrecistas pusieron pies en polvorosa dejando una estela de empresas quebradas o en serios aprietos financieros.

 

Estos son algunos elementos de contexto que deben considerarse en el actual debate sobre el presupuesto 2018 que se está dando en el Congreso del Estado y donde los panistas han levantado la bandera de la no contratación de deuda, llevando como caballito de batalla en esta discusión, a Moisés Gómez Reyna.

 

El diferimiento de deuda es una práctica digamos que normal en todos los gobiernos, pero el de los padrecistas se voló la barda. Más de 8 mil millones de pesos fueron pasados para su pago a la actual administración.

 

Y bueno, si hubieran dejado las finanzas medianamente sanas en otros rubros, quizás se podría hacer frente a estos compromisos sin contratar deuda a corto plazo (un recurso también muy socorrido por los gobiernos, que no requiere aprobación por mayoría calificada en el Congreso y que implica el pago del crédito en el mismo año del ejercicio para el que fue solicitado).

 

Pero a estas alturas todos sabemos las condiciones en que Guillermo Padrés y su legión de pollitos en fuga dejaron las finanzas estatales durante su administración, de la que por cierto el propio Moisés Gómez Reyna formó parte y, como responsable del programa de Uniformes Escolares Gratuitos, que hoy tiene en la cárcel al ex gobernador y a su empresario favorito, Mario Aguirre, todavía no ha dicho todo lo que sabe al respecto y, de hecho, mucha gente piensa que hay muchos puntos oscuros que aclarar allí.

 

Hoy, los padrecistas y sus adláteres del micrófono y el teclado se rasgan las vestiduras por el tema de la deuda, de nuevo haciendo abstracción de las condiciones que generaron esas necesidades y que involucran directamente a varios de los que en los próximos días veremos pontificando sobre honestidad, transparencia y finanzas sanas.

 

El tema debería servir, creo, como un aditivo contra la desmemoria, y sacudir un poco el polvo de los archivos en la Fiscalía Especial Anticorrupción, donde duermen esos expedientes que contienen asuntos como el del CP3; el de los Padrés-Dagnino, el de Mario Cuén y el de otros muchos protagonistas del pasado reciente, que tendrían mucho que explicar, para entender el tema del paquete fiscal 2018 y el tema de la deuda.

 

Una deuda que, insisto, no puede tener un análisis completo, si no pasa por el escrutinio del pasado, y la aplicación de la justicia sin venganzas. Sólo justicia.

 

II

 

Esas y otras cosas revoloteaban ayer en el salón del hotel donde se llevó a cabo la reunión de la Comisión Nacional Permanente de Contralores, donde la gobernadora Claudia Pavlovich recibió un reconocimiento por parte de la Secretaría de la Función Pública, cuya titular, Arely Gómez González se cuadró frente a lo que se ha hecho en Sonora en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Sobre todo porque parece que en este tema también se pasó de lo urgente a lo necesario. Y lo urgente hace dos años era comenzar a juntar los pedazos del tiradero que dejaron; llamar a cuentas a los que hicieron del saqueo su profesión de fe, afianzar la idea de que no habría impunidad.

 

Y se logró, en muy buena medida. Ahora el asunto viene sobre los actuales funcionarios.

 

“Todos sabemos, y ha quedado muy claro en estos dos años, que los que hicieron cosas malas tienen que pagar por ello, pero también los que están en mi gobierno que no se comporten de acuerdo a lo que la gente requiere, necesita y lo que establece la ley, también serán sancionados”, afirmó la gobernadora.

 

Y sí. Es indispensable que eso pase, y para ello está ahí el contralor estatal Miguel Ángel Murillo. Pero también es indispensable que se cierre la pinza sobre los que se fueron con las bolsas llenas y que todavía andan dilapidando por ahí cientos de millones de pesos en el pago de carísimos despachos de abogados que les garanticen impunidad.

 

O quienes desde el fuero que les otorga una posición ganada como prerrogativa de los últimos coletazos del padrecismo, hoy navegan por las tranquilas aguas de la impunidad, y hasta se dan el lujo de pontificar sobre buenos gobiernos. En fin.

 

III

 

Sólo Luis y Estefanía, en ese brillo de los ojos que despierta la esperanza de que sí se puede, son capaces de resumir en sonrisas la realidad de un proyecto realizado. Son jóvenes, artistas, emprendedores.

 

Son muchachos que apostaron a su iniciativa y la ganaron. El ayuntamiento los apoyó con un crédito para montar su taller de diseño y confección de ropa urbana y ya están trabajando en él. Quieren, además, multiplicar losefectos. Contratar a otros jóvenes, posicionar la marca, entrar al mercado de la moda, el diseño.

 

Están en una casa del fraccionamiento Las Torres, una colonia de clase media baja donde cualquiera imaginaría que puede pasar cualquier cosa, menos que tres jóvenes han decidido emprender su negocio, y les está funcionando.

 

Allá fueron el alcalde Maloro Acosta (que por cierto es un nuevo cliente de ese negocio); el director de Fomento Económico, Roberto Ruibal y el de Turismo, Eduardo Lemmen Meyer, para apadrinar la apertura de esa empresa que, como dijo el Maloro, comienza como han empezado todas las grandes empresas, en la sala, en el patio de una casa.

 

Por cierto, allí mismo se anunció la fusión de las dos dependencias.

 

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