No luce muy coherente ni civilizado que concesionarios del transporte urbano de Sonora emprendan acciones de presión contra quienes es el motivo y objetivo de su negocio y en todo caso, si consideran que los subsidios son lesivos para su economía, pues que no los otorguen hasta que el gobierno estatal haga la cobertura correspondiente.
El transporte público urbano es el factor más importante en la convivencia comunitaria y es decisivo en la actividad económica y el empleo, pero además de también representar fuente de ingresos para quienes lo prestan, es un rubro de permanentes conflictos al no estar a la altura del acelerado desarrollo de la entidad y estar inserto en un rústico círculo vicioso donde el paternalismo gubernamental hace simbiosis con el mercantilismo y voracidad de los concesionarios.
Dramáticas las consecuencias del enésimo encontronazo entre las autoridades estatales y los concesionarios representados por José Luis Gerardo Moreno en Hermosillo y otros en las principales zonas urbanas del Estado, luego que decidieron irse al paro y romper con el siempre precario equilibrio y relación que desde cualquier punto de vista, les ha resultado muy lucrativa y les permite holgura en la calidad de vida de sus familias y en la estabilidad de sus empresas.
Antes de abundar sobre el viacrucis de los de a pie este martes, vamos a insistir en la necesidad de que en las soluciones a la problemática del transporte urbano en Sonora se apliquen criterios de subsidiaridad, así como ocurre en muchas ciudades del mundo, donde empresarios, sector gobierno y los mismos prestadores del servicio, asumen la responsabilidad de dar transporte de calidad a sus empleados, clientes y ciudadanos con necesidades de movilidad, que más allá de subsidios, la tarifa a pagar sea simplemente simbólica.
José Luis Gerardo Moreno
La verdad es que no creímos que los concesionarios llegaran a los extremos de dejar tirad a su cautiva clientela y que sus amenazas sólo quedarían en eso: amenazas, sin que tengamos información cierta respecto a la efectividad de las medidas de amortiguamiento emprendidas por el gobierno estatal y anunciadas por el director del Transporte, Carlos Morales Buelna, mediante la movilización de taxis, unidades auxiliares y vehículos oficiales para atender la emergencia, que por lo que sabemos hizo la tarea por la mañana, quedando por evaluar lo ocurrido por la tarde.
En ese contexto, ejemplar la autogestión de ciudadanos particulares que se sumaron al raiteo, en el marco de un conflicto que no se sabe si continuará este miércoles, será indefinido o simplemente se trató de una caladita, aunque por lo que se ve, lucen irreversibles los daños en la relación camioneros-Gobierno del Estado, al no corresponder al extraordinario esfuerzo oficial desplegado para el mejoramiento de ese estratégico servicio.
Luego de seis años sujetos al abandono gubernamental, en los últimos tres hemos sido testigos de entrega de unidades nuevas, apoyos financieros de varios ceros, avales ante bancos, respaldo con tecnología de punta y demás, todo con la premisa de mejorar la prestación y dignificar la movilidad urbana, objetivo nunca cumplido con pretextos de calles en mal estado, vandalismo, laborismo sindical de choferes, retraso de pago a los subsidios estudiantiles y personas mayores, entre otros.
Carlos Morales Buena
Esto se ha convertido en un cuento de nunca acabar, aunque en esta nueva embestida contra los usuarios, al parecer fue la gota que derramó el vaso frente a la categórica posición de la gobernadora Claudia Pavlovich, quien advirtió que su administración no cederá ante chantajes ni caprichos, como resulta eso de pretender una tarifa de 15 pesos, como condición para volver a la calle anunciada por los liderazgos transportistas.
Son alrededor de 500 mil usuarios las víctimas de esa confrontación y no tenemos idea si existan posibilidades de conciliación en el corto plazo, cuando luce improbable el que el efectivo operativo de emergencia de este martes se replique en los siguientes días, de persistir la sin razón de los empresarios que por ley están obligados a prestar ese servicio.
Fue una jornada muy difícil para miles de ciudadanos y las cosas podrían ponerse más difíciles aún frente a la eventual toma de decisiones aún más extremas por parte del Estado, como podría ser la requisa de unidades o de plano cancelar concesiones, medidas que a lo mejor satisfacen a los prestadores de servicio, dado su alegato que ese negocio ya no es negocio y que operan con pérdidas, dejando en claro que serían compensados en lo económico por dejar el campo libre para quienes sí tengan vocación para el ejercicio de dicha actividad y además sean buenos administradores.
En fin, creemos conocer a José Luis Gerardo Moreno, Medardo Chávez e incluso tenemos especiales afectos por bastantes empresarios del transporte urbano en Hermosillo y la neta es que no creemos que se atrevan a matar a la gallina de los huevos de oro, frente al riesgo de que sus actuales extremismos sean replicados con una política espejo del Gobierno del Estado, que si eso ocurre y distinto a cuando el padrecismo, un golpe de autoridad tendría el respaldo popular y sería nefasto para sus intereses.
Claudia Pavlovich
Muy preocupada y molesta vimos a la gobernadora Pavlovich en el abordaje de ese problema, luego de inaugurar el tramo del bulevar Carlos Quintero Arce entre el Colosio y Paseo Río Sonora, obra denominada tres en uno por incluir vialidad, drenaje pluvial y rehabilitación del colector de drenaje, que incluye además ciclovías, semaforización señalización, red eléctrica y alumbrado público.
“Ana sólo tiene una mamá y esa soy yo”, nos comentó la mandataria al llegar al evento, al referirse a las condiciones de salud de su hija que fue operada este lunes y que Gracias a Dios se encuentra en recuperación, pero que requiere de la atención cercana de su mamá, como siempre ha ocurrido, sin importar compromisos de orden político.
Ahí también comentó sobre el inédito caso que representa el que su gobierno recibió un cheque por 38.7 millones de pesos por parte de la Procuraduría General de la República, por concepto de reparación del daño por las raterías perpetradas por Guillermo Padrés en contra del patrimonio de Sonora.
La gobernadora consideró que dichos recursos podrían aplicarse en la dignificación de espacios en las agencias del ministerio público o en general en la Fiscalía General de Justicia y en la Fiscalía Anticorrupción, coadyuvantes en las pesquisas encabezadas por la PGR que permitieron la recuperación de dichos recursos, los cuales seguramente se derivan de los moches operados por Mario Aguirre, Miguel y Guillermo Padrés en perjuicio del programa de uniformes escolares.
De acuerdo al monto recuperado y restituido al erario de Sonora, para saldar ese desfalco aún faltarían restituir alrededor de 120 millones de pesos, sean en efectivo o en propiedades de esos rateros, toda vez que las indagatorias siguen y de ellas están muy atento el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Erick Iván Jaimes Archundia, Rodolfo Montes de Oca y Odracir Espinoza.
Alberto Elías Beltrán y Erick Iván Jaimes A.
Para que vean, frente a la lentitud de la justicia en México, es cuestión de tener paciencia y no descalificar a priori, ya que como ven ya se recuperó algo de lo mucho que se robaron durante la nefasta administración del PAN y Padrés en Sonora.
Otra buena novedad este martes es que como consecuencia del espíritu de las recientes reformas con el fin de fortalecer el equilibrio y autonomía de poderes en Sonora, se presentó la variante inédita de que fue el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez quien presentó a su par del Poder Ejecutivo, la iniciativa de nombrar magistrados regionales a Elvia Zatarain Andablo y Javier Enríquez Enríquez, para sustituir a Sandra Luz Verdugo Palacios e Irma Meza Vega, cuya jubilación es inminente.
De esa forma quedan atrás decisiones ajenas al Poder Judicial, como aquellas que tienen en ese exclusivo espacio a Sebastián Sotomayor y Rubén Espino, que sin la menor experiencia judicial fueron designados magistrados solo por ser incondicionales de Guillermo Padrés y al PAN.
A lo mejor ya aprendieron algo, distinto a quienes llegan luego de ser aprobados por el pleno de la judicatura, en un procedimiento en el que se respeta y se reconoce el Servicio Civil de Carrera al ser ambos con larga trayectoria y ocupado diversos puestos en el Poder Judicial de Sonora.
Pues rápido aprovechó la recta Gutiérrez Rodríguez, conocedor de la disposición de la gobernadora de respetar y fortalecer la carrera judicial y que los nombramientos se den con base precisamente en dicha carrera no en decisiones políticas de quien gobierna el Estado cuando surgen las vacantes.
Francisco Gutiérrez Rodríguez
La propuesta de dichos relevos fue exclusiva del Pleno del STJ y la convicción de la mandataria estatal es respetar dicha decisión, con lo cual establece un precedente para que en futuras designaciones el trámite sea similar para romper así con el costumbrismo de politizar esos nombramientos en función del interés del gobernador en turno.
Lo que sigue es que las designaciones de Zatarain Andablo y Enríquez Enríquez acordadas por el pleno de la judicatura estatal sean propuestas por la gobernadora al Congreso del Estado para su aprobación, sin que tengamos idea si la actual legislatura tiene tiempo para dicho trámite o será una de las primeras asignaturas de la que asume el 16 de septiembre próximo.
