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Carta invitación: no es impugnable vía Contenciosa Administrativa

Durante los últimos meses clientes y amigos han preguntado que va a suceder con las famosas cartas invitación que los contribuyentes les están llegando en sus domicilios fiscales y es que mediante este tipo de documentos el SAT exhorta a los ciudadanos a corregir la situación fiscal en la que se encuentra, esto con respecto a las omisiones detectadas y en el mismo documento la autoridad les presenta una propuesta para el pago mensual.

Por otro lado será hasta el momento en el que ejerza sus facultades de comprobación y en consecuencia emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que si será definitiva para efectos de procedencia de la vía contenciosa Administrativa.

A lo mencionado anteriormente tenemos el criterio que ha sostenido la SCJN con respecto a este teman y que menciona lo siguiente:

CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

La carta invitación del Servicio de Administración Tributaria dirigida al contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, acogiéndose a los beneficios establecidos por la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, y presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. A lo anterior se suma que en el texto de la propia carta se informe expresamente que esa invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los beneficios concedidos por la mencionada regla, pues para que así sea debe contener, además del apercibimiento en tal sentido, la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo y, en el caso, la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para el interesado.

SEGUNDA SALA

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2013. Entre las sustentadas por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de febrero de 2013. Mayoría de tres votos; votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda.

Tesis de jurisprudencia 62/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de abril de dos mil trece.

Ahora bien, en efecto, como es de explorado derecho, si un acto de autoridad determina una cantidad específica a pagar constriñe al particular una obligación de pago liquidada en pesos y centavos, estableciendo un periodo, forma y época de pago, evidentemente, se está en presencia de un acto recurrible a través de la vía Constitucional.

Y es que en el caso que nos ocupa nos encontramos en un claro ejemplo de cuando las autoridades no cumplen con la obligación de fundar y motivar debidamente las resoluciones que pronuncian, expresando las razones de hecho y las consideraciones legales en que se apoyan, luego entonces nos encontramos en el supuesto de poder acudir ante la figura de poder impugnar ante un Juzgado Constitucional.

Por otro lado es de explorado Derecho que el juicio de Amparo procede contra cualquier cobro fiscal y esto sin la necesidad de agotar los recursos ordinarios en un Juicio de Nulidad, toda vez que el Código Fiscal de la Federación exige mayores requisitos que la Ley mencionada para suspenderlos.