La legisladora del PRI aseguró que existe un vacío legal y la ausencia de un marco regulatorio en la materia, ya que a través de estos artefactos se puede incurrir en presuntas violaciones al derecho a la privacidad y daño en propiedad privada, así como en materia de secuestro, trata de personas, contra la salud, acopio y tráfico de armas o introducción clandestina de armas de fuego.
La iniciativa establece que se les impondrá una pena de tres meses a tres años de prisión y el decomiso de los aparatos y equipos a quien a través de ellos utilice cámaras fotográficas, micrófonos o cualquier otro dispositivo que permita capturar imágenes, grabaciones o audiovisuales e indebidamente se apropie de datos personales y sensibles.
Desde la Tribuna, la legisladora Anaya Mota expuso que la pena aumentará tres meses y hasta tres años de prisión a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia como medio para terrorismo; uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo; contra la salud; comercialización de objetos robados; daño en propiedad ajena; tráfico de armas; secuestro y contrabando
Se trata de prevenir un delito de consecuencias mayores en la integridad y el patrimonio de las personas, por lo cual la propuesta está enfocada en describir este medio para que las autoridades policiales, ministeriales y judiciales tengan los elementos para conocer, investigar y sancionar estas conductas como agravantes de delitos, puntualizó la legisladora.
La iniciativa se remitió a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.