La propuesta fue presentada por el senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD, quien señaló que a casi 10 años de haberse firmado este Protocolo y a cinco años de deliberación sobre su viabilidad, “es inconcebible que el Estado mexicano siga siendo omiso en su suscripción”.
En la práctica, dijo, equivale a negar el derecho de los ciudadanos por alcanzar los ideales que fueron consagrados en el Pacto Internacional, que elevó al grado de derecho humano una serie de prerrogativas relativas a la alimentación, el trabajo, vivienda, salud y seguridad social.
Afirmó que en congruencia con las manifestaciones en todos los ámbitos del Gobierno de México y las leyes construidas por el Legislativo relativas a la protección y defensa de los Derechos Humanos, “es inadmisible demorar la suscripción del Protocolo Facultativo”.
Para los mexicanos, agregó, significa brindar protección, a nivel internacional, a las garantías que nuestra propia Constitución establece, consideró García Conejo.