Reconozco que me equivoqué al informar que sería el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa quien cumpliría el republicano protocolo de la entrega del III informe al Congreso del Estado, representado en su mesa directiva y con la presencia del titular del Poder Judicial, Francisco Gutiérrez Rodríguez.
Fue la propia gobernadora quien acudió personalmente a la sede del Poder Legislativo, donde evidentemente se “planchó” un acuerdo para mantener el evento en el marco de la institucionalidad, dejando para otro momento la continuidad del debate que viene dándose en torno a temas que han llegado a polarizar la relación entre poderes, donde poco a poco comienza a ponderarse la civilidad por encima de la confrontación a ultranza.
“El Potrillo” Pompa fue la avanzada de la representación del gabinete estatal que acompañó a la gobernadora, pero la que llegó en la camioneta, acompañándola, fue Natalia Rivera Grijalva, lo que fue interpretado por muchos como una señal de que vienen nuevas cosas para la actual jefa de la Oficina del Ejecutivo, así que no la pierdan de vista.
Por lo demás, ya vendrá, con la glosa del informe, la oportunidad de conocer los posicionamientos informados, no los de rebote y a vuelapluma, de las distintas fracciones parlamentarias, y la disección de su contenido en diferentes espacios a los que todos tenemos acceso y, lo más importante, la libertad de opinar sobre el mismo.
En este punto, como siempre, habrá opiniones divergentes, coincidentes y encontradas, como corresponde a una sociedad abierta en la que todo se discute y en la que todos tenemos voz, y libertad para elegir los medios a través de los cuales informarnos y sobre todo, tenemos los medios a través de los cuales expresarnos.
Y esto es fundamental para entender el contexto en el que se llega al tercer informe de gobierno de Claudia Pavolvich, porque en política y comunicación, soy de los que piensa que no aplica la vieja conseja popular de que “todo tiempo pasado fue mejor”.
Bajo esa premisa, el debate de lo que se ha hecho hasta ahora es relevante (especialmente si se parte del estado en que se encontraba Sonora hace tres años en materia de educación, salud, seguridad, promoción económica, empleo, corrupción, transparencia y otros indicadores que algunos parecen interesados en omitir como referencia), pero no tanto como el debate sobre lo que se tiene que hacer.
Y eso pasa precisamente por replantear la relación entre las diversas fuerzas políticas para escalar de un momento en que el control de las políticas públicas residía predominantemente en una sola fuerza política, a otro en el que la pluralidad se ha hecho presente y se requiere el reconocimiento de todas las partes en el tablero del ejercicio gubernamental.
Se dice fácil, pero no lo es.
Este momento de la transición no sólo pone a prueba a la gobernadora y a su equipo, sino también a las fuerzas emergentes que reconfiguraron la correlación de fuerzas y legítimamente reclaman sus espacios en la toma de decisiones, como un derecho otorgado por el voto en las urnas.
Pasados los primeros momentos después del 1 de julio, los encontronazos en los que unos pensaban que era viable seguir la ruta del partido casi único, y otros pensaban que el mandato de las urnas les daba el súper poder para cobrar todos los viejos agravios en una sola exhibición, las aguas parecen estar tomando su nivel.
De uno y otro lado, la idea del avasallamiento parece ir cediendo, a fuerza de encontrarse con la “realidad real”, a la idea de la colaboración y el entendimiento; de traer al primer plano ese multicitado mandato de las urnas que no fue el de sustituir una rapiña por otra, sino el de reencausar la gobernabilidad para traducirla civilizadamente en una verdadera democratización de la vida pública que a su vez se traduzca en una mejor calidad de vida, especialmente para los marginados de siempre.
La presencia de la gobernadora en el Congreso es una buena señal, como lo es la buena recepción que tuvo por parte de la mesa directiva.
El explícito reconocimiento de la alcaldesa de Hermosillo al apoyo brindado por el gobierno estatal frente a la contingencia por la tormenta tropical “Sergio”, es también una buena señal, considerando que un par de semanas atrás, Célida López se autoerigió en vocera de los alcaldes de Morena para desconocer la interlocución con el gobierno del estado, con un discurso bastante belicoso.
Una lanzada en la que por cierto, no fue seguida por sus homólogos de Cajeme, Nogales, Guaymas y otros municipios.
II
Pero la gobernadora no sólo tiene que replantear su relación con los alcaldes de oposición que gobiernan a la mayoría de los sonorenses; también tiene que hacerlo con la militancia de su partido, el PRI, que después de la derrota están reclamando por todos lados un deslinde de responsabilidades frente a la debacle.
El fin de semana nos tocó acompañar al dirigente del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez a un par de reuniones con la militancia tricolor en Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, y los reclamos estuvieron subidos de tono.
Especialmente en Puerto Peñasco, donde por cierto no ganó Morena, sino que se reeligió Kiko Munro, el alcalde panista, los tricolores fueron bastante efusivos acusando a funcionarios del gobierno estatal, de omisiones letales, cuando no de operar a favor de la continuidad panista.
Hubo de todo. Desde el veterano priista que ha pasado por cargos públicos ya por designación, ya por elección popular y que se mantiene en la honrada medianía, harto de que lo señalen en la calle como corrupto sólo por ser priista, y que reclama cómo, tras la derrota en Peñasco, algunos de los encumbrados operadores, dirigentes y comisionados electorales comenzaron a subir a sus redes sociales fotografías y videos de sus viajes por Europa, Sea World o la Riviera Maya “como si hubiéramos ganado”.
También el activista de a pie, el que se fleta cada campaña casa por casa promocionando el voto y enfrentando, como en esta elección, el rechazo de unos porque votarían por Morena, y otros porque el PAN les compró su credencial de elector.
El testimonio es crudo: “cinco meses antes de la elección, el PAN mandó encuestadores disfrazados de ‘empresas independientes’. Detectaron en las colonias populares el voto por el PRI y les compraron las credenciales con montos que iban de los tres mil a los seis mil pesos. Si en Peñasco votó apenas el 40 por ciento del padrón, no fue por voluntad abstencionista, sino porque muchos no salieron a votar por no tener la credencial”, dice.
Y va más allá: “Yo creo que perdimos por honestos. Porque yo tenía gente que me decía: ‘tengo 45 votos en tal colonia, pero quieren 500 pesos cada uno’, y nadie me apoyó con eso, y llegaban los panistas y les daban hasta cinco o seis mil pesos. Así no se puede”.
Los reclamos siguen. Se quejan de traición. De priistas que fueron candidatos o responsables de la elección y ahora trabajan en el ayuntamiento panista.
En San Luis Río Colorado también hay reclamos, aunque en menor tono, pero también se quejan de que el gobierno los dejó solos. Que nadie de ellos ha vuelto para evaluar la situación.
El único que da la cara y pone el lomo es Gutiérrez Sánchez. Como dirigente estatal, asume su responsabilidad en la derrota y los llama a no bajar la guardia ni la voz. A replantear su condición de militantes de un partido en el gobierno, y a exigir a ese gobierno que les cumpla. A posicionarse desde las regidurías como gestores de las demandas de la población y a tocar las puertas necesarias para recuperar el terreno perdido.
Escenas bizarras de la “real politik” que nutren de elementos el análisis de lo ocurrido en la actual coyuntura y que mandan señales hacia algún lado donde deberían ser recibidas, a menos que…
También me puedes seguir en Twitter @Chaposoto
Visita www.elzancudo.com.mx