El objetivo del convenio es fomentar la cooperación mutua en materia de justicia penal, contribuyendo a la reinserción social y readaptación de las personas que han sido sentenciadas, proporcionándoles con ello la oportunidad de cumplir su condena en su país de origen. La decisión de modificar el mismo tiene como propósito contar con un mecanismo que permita a ambos países agilizar el trámite de las solicitudes de traslado.
El protocolo actualiza las disposiciones del convenio de 1990, establece un procedimiento ágil para el trámite de las solicitudes de traslado y designa a la Secretaría de Gobernación y por Argentina el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como las instancias que fungirán como Autoridades Centrales en relación con la ejecución del Convenio.
