De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política en su Artículo 36, fracción V, los ciudadanos estamos obligados a desempeñar las funciones electorales que nos sean asignadas.
Es decir, si te tocó ser funcionario de casilla estás obligado, por mandato constitucional, a participar en este proceso electoral organizado por el INE.
Sin embargo, en términos legales no existe un medio de coacción; es decir, un medio que obligue a los ciudadanos a desempeñar estas funciones.
Al no existir un medio que imponga dicha obligación, el desempeñar el papel de funcionario de casilla se convierte en un acto voluntario.
La ley establece que los ciudadanos elegidos para desempeñar el papel de funcionarios de casilla deberán ser convocados por el INE y el propio instituto deberá prepararlos a través de una capacitación.
Según expertos, las negativas para realizar estas funciones pueden variar, desde falta de interés hasta problemas de salud.
En 2021, otro factor que se suma a estas condiciones es que las personas tienen temor de contagiarse de COVID-19.