La buena noticia es que en el presupuesto del Gobierno del Estado 2022 sí vienen incluidos recursos financieros para obras de infraestructura pecuaria, rehabilitación de caminos e instalación de tecnología para generar energía solar en municipios serranos.
Esa es una excelente noticia para los habitantes de Bavispe, Bacerac, Moctezuma, Nácori Chico, Cumpas, Huásabas, Bacadéhuachi, Huachinera, Divisaderos, Villa Hidalgo, Tepache y Granados, al ser parte del primer paquete, ya que en el segundo que deberá ser anunciado en unos días, deberán ser incluidos 8 municipios más para acabalar los 20 comprometidos para el año próximo.
Pero por lo pronto, gran impacto causará en esa región rehabilitar 150 kilómetros de caminos; construir 31 represos; generar energía solar para el autoconsumo y asistir con maquinaria agrícola para adecuar terrenos para el cultivo, acciones que en efecto, llegarán a quienes nunca les tocan beneficios del gobierno del estado en turno y por lo regular se tienen que rascar con sus propias uñas.
Para informar de lo anterior, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se trasladó a su natal Bavispe, acompañado de la titular de la Sagarhpa, Fátima Rodríguez; del de la SIDUR, Heriberto Aguilar y por Rafael Enrique Cabanillas, comisionado de energía del gobierno estatal, faltando sólo que se traduzca en hechos lo anunciado y que se extiendan a más municipios serranos dichas acciones, por ejemplo, a Yécora, Arivechi, Bacanora, Sahuaripa, y así por el estilo.
Otra condición para hacer bueno eso de que les tocará a quienes nunca les toca, es que no ocurra lo de siempre, porque tales programas no son ninguna novedad, o sea, que las autoridades municipales en turno, dirigentes de asociaciones ganaderas locales, caciques regionales o simplemente por torpezas en su aplicación, los mayores beneficios se queden entre los de siempre y a los que nunca les toca sólo les caigan migajas y miren que nos consta.
Particularmente en la rehabilitación de caminos vemos sumamente complicado el que se puedan separar a los micro, pequeños y medianos ganaderos de los grandes productores pecuarios, pero la lucha la deberán de hacer para privilegiar a los más desfavorecidos en dicha actividad, en la ejecución de esas obras y acciones.
Una política pública que sería fácil de ejecutar y que repercutiría de forma muy favorable entre quienes nunca les toca, es generar mecanismos en la comercialización de ganado que evite el intermediarismo y el coyotaje, además que eliminaría riesgos sanitarios por el indiscriminado tráfico de ganado en pie desde el Estado de Chihuahua y que se ofrece al mercado gringo como producto sonorense, gracias a las machincuepas en el areteo y manoseo de marcas de herrar.
Si el gobernador le entrara a ese tema, los beneficios serían generalizados para los habitantes de todos los municipios con vocación ganadera de la entidad e incluso favorecería en le generación de ambientes más seguros, con la esperanza de que esa problemática, en lo que le toca y toca mucho, sea asumida por quien seguramente asumirá la presidencia de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Carlos Ochoa, quien suponemos trae la bendición del principal inquilino del Palacio de Gobierno.
Como sea, ojalá que esos programas anunciados no solo sean flor de un rato y se garantice su permanencia, porque como hasta los del gobierno deben saberlo, los caminos y brechas requieren mantenimiento, así como los represos, además que la adecuación de superficies para el cultivo también requiere continuidad y seguimiento, no vaya ocurrir que sea solo un asunto de novedad temporalera.
No tan buenas noticias derivan de la conferencia de prensa conjunta que ofrecieron en Guaymas la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras; la titular de seguridad pública, Dolores del Río Sánchez y el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, quienes en términos generales repitieron los consabidos discursos de buenos propósitos y buenas intenciones respecto al ataque del pasado jueves en Palacio Municipal de Guaymas.
Por supuesto que reconocemos las dificultades y prácticamente lo imposible que resulta para las autoridades dar con responsables de atentados propios del crimen organizado y en este caso a lo mejor le están poniendo más ganitas porque los agraviados fueron un militar de alto rango, Andrés Humberto Cano, la alcaldesa Karla Córdova, contra quienes iba el ataque, con el agregado de resultar muerta la jovencita, Marisol Cuadras, que participaba en una manifestación contra la violencia hacia la mujer.
La instrucción del gobernador Durazo para Claudia, Lola y Panchocheco fue quedarse en Guaymas el tiempo que sea necesario para desde ahí coordinar acciones que lleven a la captura de los responsables.
Pues la mala noticia es que no informaron de nada concreto sobre dicho punto, aunque durant4e la madrugada de este domingo se llevaron a cabo 11 cateos simultáneos en la mancha urbana de Guaymas y San Carlos, con varias detenciones y decomiso de drogas, iniciando las diligencias de interrogación de detenidos para determinar si aportan algo en torno a los hechos del jueves.
También se informó que el sicario muerto en el ataque ya fue identificado, dedicado a limpiar vidrios de autos y que fue parte de un comando que lo reclutó por su dependencia a las drogas, además de identificarse a cuatro vehículos de los mañosos.
Pero hasta ahí, mientras menudean las versiones de los hechos y las secuelas de los mismos que van desde la reunión y pose para la foto de integrantes del colectivo de feministas del mar con la alcaldesa y el mismo Cano Ahuir momentos antes del ataque; de como prácticamente a rastras la munícipe pudo ponerse a salvo en algún rincón de la llamada Casa de Piedra, además de la graciosa estampida del valeroso marino que funge como Comisario de Policía.
Algunos despachos informativos divulgan que el gobernador aseguró que se tiene la identidad de los perpetradores y cabe suponer que si la tuviera ya se la hubiera transmitido a la instancia correspondiente para su detención, pero por los dichos de los conferencistas de este domingo deben ignorar lo que dicen que sabe el mandatario estatal.
Lo único seguro es que nunca en la historia de Sonora había estado tan crítica la problemática de la inseguridad pública, con bandas que han convertido a varias ciudades de la entidad en campos de batalla, destacando en estos días San Luis Río Colorado, así como la permanente temblorina en Cajeme y alrededores, así como en Guaymas y Empalme, pasando por Hermosillo y llegando a Nogales.
Lo que ocurre en Guaymas es un fracaso más, quizás el más evidente, de la estrategia de militarizar el mando de policías municipales y que en este caso, se trata de un capitán de la Marina, cuerpo militar que se supone es el más confiable, pero que en su caso ha resultado en todo lo contrario, dándose la paradoja de que haya quienes ya lo ubican como parte importante de la disputa entre carteles.
Vamos a dejarla de ese tamaño cuando nos llegan las dolorosas imágenes de las exequias de Marisol, luego que desde el sábado se realizaran las de Antelmo, así, simplemente Antelmo, como se identifica al fallecido custodio de la alcaldesa.
Por lo demás, sigue con basca el vocinglero titular del ISSSTESON, Jesús Acuña Méndez, quien ha resultado todo un experto en declarar pendejadas para suplir su incompetencia y falta de empatía en el desempeño de sus responsabilidades.
Sabe con qué fin, inexplicable, el que desparrame y publicite la exoneración definitiva e inatacable de Teresa Lizárraga y asegure con el respaldo del contralor interno del organismo, que fue legal que la señalada no haya ejercido sus facultades para exigir a la Secretaría de Hacienda que derivara al ISSSTESON las cuotas y aportaciones retenidas de la nómina de afiliados para pensiones y jubilaciones e incluso no haya aclarado el destino de 450 millones de pesos que dejó en dicho fondo el gobierno de Eduardo Bours Castelo y menos se aclararon las trapacerías, sobreprecios en adquisiciones de medicamentos y equipamiento.
Habrá qué ver si en los casi tres meses que lleva en el cargo ha exigido al titular de hacienda, Omar del Valle Colosio, lo que no exigió la Lizárraga a Alejandro López Caballero y a Carlos Villalobos, sin descartar que el chico de la Ibero y Harvard esté preparando el camino para el retorno triunfal al servicio público de la corrupta señora en mención.
A propósito de estupideces, mientras a nivel mundial se prenden los focos rojos por la amenaza de la nueva variante del Covid-19, denominada Ómicron y toman medidas para evitar su expansión, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en hacer las cosas a contracorriente de lo que dicta el sentido común y convoca a un mitin para conmemorar su arribo al puesto que en tan mala hora le dieron la mayoría de los mexicanos.
Para su insaciable ego no le es suficiente que nuestro país sea el cuarto a nivel mundial por el número de decesos por la pandemia y se apresta a hacer su parte para que haya muchos más, que al cabo no faltarán ignorantes y fanatizados que atenderán esa convocatoria tan riesgosa.
De seguidilla con disparates presidenciales, pues parece fake pero tiene visos de cierta credibilidad en contenido del documento denominado “Código de vestimenta y convivencia en la oficina”, que atribuido a la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, María Esthela Ríos González, ordena a personal de dicha dependencia a no usar zapatos sin calcetines, playeras y aretes, en el caso de los varones, y a las mujeres, tops y ombligueras, minifaldas y leggins, que de tener tatuajes o piercings ocultarlos o esconderlos de la vista de los demás.