Si bien enfatiza lo complejo y la falta de dinero, el gobernador exuda optimismo respecto a la reubicación de las vías del ferrocarril del centro de Nogales hacia el este de esa cabecera municipal, lo cual le daría un nuevo rostro a esa comunidad fronteriza.
Ya lo sabíamos, pero el mandatario estatal ilustró en qué consiste dicha complejidad: para interconectar las vías del tren del lado de México con el de Estados Unidos, además de recursos financieros cuantiosos de Ferromex, Unión Pacific y de los gobiernos de ambos países, se requiere de la autorización del mismo presidente de norteamericano, el departamento de defensa y de Estado, por tratarse de un asunto de seguridad nacional.
No obstante, considera factible el que pueda lograrse y para ello acomoda las fichas para que se acoplen en ese propósito mediante intensas gestiones en las instancias correspondientes, aunque del lado gringo no han dicho absolutamente nada al respecto y lo que se ha dicho descarta de plano tal posibilidad por incosteable; por atentar contra el medio ambiente; invadir el trazo superficies de alta plusvalía y de propiedad privada, entre otros obstáculos.
Complejo y sin dinero es lo que nos dejó grabado de la optimista exposición del mandatario sonorense en su conferencia de prensa, durante la cual reconfirmó la visita presidencial para fines de la próxima semana, además de reiterar sobre toda esa diversidad de proyectos que ha anunciado a lo largo de los últimos meses en materia de salud, infraestructura carretera y demás.
Lo concreto, lo concreto, de lo comentado por el gobernador es el gran impacto que tiene en la calidad de vida de mineros retirados de Cananea, el que, a través de programas de Bienestar, se haya iniciado el pago de pensiones luego de más de 25 años de haber sido descobijados cuando el gobierno federal vendió la Mina de Cananea, ya que no estaban afiliados al IMSS.
Por planes y proyectos no para el gobernador de Sonora y está en nuestro ánimo impulsarlo a que no ceje y siga metiéndole ganas para concretarlos, toda vez la complejidad actual que impide construir cualquier cosa tratándose de recursos estatales, sin descartarse que el profundo bache de la economía nacional deba demorar tales propuestas, pero de poquito en poquito llena el buche el pajarito.
Al respecto, anunció que en conferencia virtual con el titular del IMSS, Zoé Robledo, quedó firme el inicio de construcción en abril próximo, del hospital de San Luis Río Colorado, que requerirá de una inversión de mil 500 millones de pesos, además que se construirán otros en Guaymas y Navojoa, con el agregado de la reconversión del actual Hospital General en Hermosillo, en Hospital Universitario operado por el IMSS-INSABI.
Pues esperemos que así sea y que no lleve mucho tiempo tener dicha infraestructura de salud operando, ya que como se recordará, el nuevo Hospital de Especialidades en Hermosillo aún se encuentra en la fase de equipamiento, luego de anunciarse en todo lo alto a mediados del 2017 con una inversión de mil millones de pesos y que quedaría listo a fines del 2018.
Así que hay que tener paciencia por estos nuevos proyectos hospitalarios y sobre todo, que el gobernador no quite el dedo del renglón para que la Federación haga lo comprometido, tanto en ese tema como en los otros, que incluye la modernización del Puerto de Guaymas, las aduanas, obras carreteras de interconexión con Chihuahua y Nogales, y mientras tanto mantener la operatividad de su administración, pago de nómina, detener el cerco en el sector educativo y salud estatal, dado que solo para eso alcanza el recurso financiero disponible.
Pero como sea, nos cae a toda madre la actitud optimista de Durazo Montaño, echado para adelante, pero con descarnado realismo sobre la situación actual tan compleja en materia financiera, con la esperanza de que se logre la esperada solvencia lo más pronto posible, que de acuerdo a sus cuentas, será para el ejercicio del 2023.
A propósito de circunstancia complejas, en la conferencia de prensa estuvieron Claudia Indira Contreras, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la de Seguridad Pública, María Dolores del Río, quienes distinto de otras ocasiones, ahora no se les concedió estar en el presídium, sino que fueron ubicadas en un rincón mientras esperaban sus participaciones en función de las preguntas que hicieran representantes de medios de comunicación.
Difícil, muy difícil la tarea de ambas damas, en cuyos hombros está la pesada carga de atender el reto de restaurar condiciones de seguridad para los sonorenses y el embate de bandas delicuenciales.
Respecto al asesinato de mando policiaco municipal en Guaymas, de agente que lo acompañaba y resultar lesionado otro elemento, la fiscal subrayó que ya se abrió carpeta y que ninguna línea de investigación es descartada, lo cual nos parece lógico, además que nada más puede decir al igual que en tantos otros casos similares más cuyas víctimas son uniformados o no.
Si de algo sirve, detalló que poco más del 82 por ciento de los homicidios dolosos en Obregón están relacionados con el narcomenudeo, entre otras estadísticas de carácter ilustrativo, asegurando además que tales numeritos van a la baja, aunque no lo parezca. De los dichos de doña Lola ni en cuenta.
Mientras tanto, hubo actividad en el Congreso del Estado, en donde bajo la conducción de la diputada Natalia Rivera Grijalva, durante la sesión la legisladora Ely Sallard, propuso reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales y el Código Penal, ambos ordenamientos el Estado de Sonora, además de precisar que las diligencias de inspección y vigilancia se realizarán por conducto de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
Muy oportuna la propuesta de la diputada del PRI, toda vez los recientes estragos que causaron prácticas estúpidas durante las fiestas decembrinas en mascotas y las frecuentes denuncias sobre maltrato animal, considerando importante que se tipifique como crueldad animal el uso de pirotecnia y que se apliquen sanciones que establece la Ley de Protección a los Animales ya vigente.
También la diputada Azalia Guevara Espinoza ocupó la tribuna para proponer armonizar la ley 38 del ISSSTESON con el fin de incorporar a la concubina o al concubino a los servicios que ofrece dicha institución, al no haber justificación racional que les limite ese derecho indudable.
La diputada del Grupo Parlamentario de Morena explicó que tanto el hombre como la mujer, en su calidad de trabajadores, desempeñan la misma labor y cotizan de igual forma para tener acceso a los derechos que otorga la Ley del Isssteson, por tanto, el acceso de sus beneficiarios a la prestación de servicios médicos, no es una concesión gratuita o generosa, sino un derecho generado durante su vida productiva tendiente a garantizar la salud de su familia.
Eso sí, en la propuesta de la legisladora nogalense se acota que, si el trabajador del sector público o pensionista tiene varios concubinos o concubinas, ninguna de ellas o ellos tendrá derecho a recibir las mencionadas prestaciones.
Por lo demás, bastante polvareda está levantando el informe de la Auditoría Superior de la Federación, relativo al resultado de la revisión de la cuenta pública del Ayuntamiento de Hermosillo del 2020, en cuanto al destino de recursos federales asignados, que derivó en varias observaciones no solventadas.
Al momento, la exalcaldesa y ahora comisionada o secretaria de Turismo del gobierno de Sonora, Célida López no ha dicho nada respecto a lo que se dice desconocido destino ni justificación de al menos 16 millones de pesos y que en materia de licitaciones para la ejecución de obra pública con recursos federales, el 74 por ciento hayan sido por adjudicación directa; el 24 por ciento por invitaciones restringidas y solo el dos por ciento por licitación pública, lo cual viola disposiciones en dicha materia.
Otra observación se refiere a que de una muestra fiscalizada de casi mil 142 millones de pesos, la administración de la ahora funcionaria estatal, no comprobó el gasto de poco más de 271 millones de pesos, entre otras irregularidades.
Ahora corresponde a la administración de Antonio Astiazarán Gutiérrez seguir con los procesos de solventación en los casos en que no se hayan vencido los plazos para tal trámite, porque si ya se vencieron y no se hicieron las aclaraciones, no se rindieron los informes correspondientes o se fue omiso, podrían derivar en diversas sanciones de orden administrativo y hasta penales.
Por supuesto que tanto doña Célida como Toño deben poner mucha atención a este asunto, ella porque va de por medio su estancia en la administración estatal y él porque de no atender dichas irregularidades señaladas por la ASF, limitarán su capacidad de gestión para jalar recursos federales.