Ciudad de México, 31 de diciembre de 2024. Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto constitucional que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. La reforma, promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca ajustar el marco legal para su aplicación en casos específicos de delitos graves.
El contexto del decreto
El Congreso de la Unión, con el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, aprobó esta reforma en uso de las facultades previstas en el artículo 135 constitucional. El objetivo principal es garantizar que la prisión preventiva oficiosa se aplique de manera clara y estricta en los casos señalados, fortaleciendo la protección a la sociedad y el sistema de justicia penal.
Principales cambios en el artículo 19
La reforma especifica los delitos en los que los jueces deberán ordenar prisión preventiva oficiosa, destacando:
- Delitos contra menores: abuso o violencia sexual.
- Delincuencia organizada y extorsión.
- Delitos relacionados con drogas sintéticas, fentanilo y precursores químicos.
- Homicidio doloso, feminicidio, violación y secuestro.
- Trata de personas, robo de casa habitación y robo al transporte de carga.
- Corrupción grave, como enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
- Delitos en materia de hidrocarburos, armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y desaparición forzada.
- Contrabando y actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales.
El decreto también establece que la interpretación y aplicación de las normas contenidas en este artículo deberá ser literal, prohibiendo cualquier interpretación extensiva o análoga que altere su contenido o alcance.
Entrada en vigor
La reforma al artículo 19 entra en vigor a partir de hoy, 31 de diciembre de 2024, y será responsabilidad de las instituciones de justicia aplicar estas disposiciones conforme al texto constitucional.
Con esta publicación, se cierra el año con una modificación legal que tendrá un impacto significativo en el ámbito jurídico y en la protección de la seguridad nacional y ciudadana.
