El Senado de la República aprobó una reforma para proteger a los sindicatos de la injerencia de servidores públicos en la constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, y sobre las condiciones de elegibilidad, la reelección y/o la destitución de las directivas de esas organizaciones.
El proyecto, avalado en lo general por unanimidad de 102 votos a favor y remitido a la Cámara de Diputados para su consideración, plantea incluir lo anterior en el artículo 69 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
Con 100 votos en lo particular, el Pleno aprobó una modificación al dictamen para incluir en el apartado de esa misma ley las 19 conductas que serán entendidas como injerencia sindical y meritorias de sanciones, entre las que están amenazar a agremiados para abstenerse de votar por un dirigente y ofrecer beneficios laborales, como ascensos a cambio de apoyo sindical.
Además de usar fondos institucionales para favorecer a determinada planilla sindical, difundir propaganda a favor o en contra de una candidatura, permitir el uso de infraestructura pública para actos de campaña sindical, realizar aportaciones o solicitar contribuciones a subordinados para actividades sindicales, y usar el cargo para influir en la opinión y afectar la libertad del voto.
El senador de Morena, Miguel Pavel Jarero Velázquez, presentó una reserva para mejorar la técnica legislativa, ya que en el dictamen se planteaba incluir el referido catálogo de conductas sancionables en el artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, expuso que el sindicalismo del sector público estuvo subordinado al poder político durante muchos años, en los que las y los trabajadores eran cooptados, presionados o manipulados para sostener estructuras de control.
“Esta etapa debe de quedar atrás. Hoy, el Estado mexicano debe ser garante, no interventor de la vida sindical”, sostuvo, por lo que esta reforma rompe con la idea de que el poder político puede intervenir en la vida interna de los sindicatos, y coloca en el centro de la relación laboral la dignidad de las y los trabajadores.
“El sindicalismo debe de volver a hacer lo que siempre debió hacer: una escuela de democracia sólida y defensa de los derechos colectivos. Con esta medida fortalecemos la legalidad, cerramos espacios a la corrupción y enviamos un mensaje claro de que ninguna autoridad puede usar su posición para intervenir en la voluntad de los trabajadores”, enfatizó.
Alfonso Cepeda Salas, presidente de la Comisión de Seguridad Social, agregó que la reforma blinda y garantiza la autonomía sindical, además de asegurar la democracia y el derecho a la libertad sindical, lo cual, consideró, “son la base que sostendrán un nuevo sistema de pensiones, una política salarial más equitativa y la progresividad del derecho a la seguridad social”.
El senador también defendió que la modificación a la norma garantiza que el poder político nunca más interferirá en las decisiones de los trabajadores al servicio del Estado ni sustituirá su voluntad, con lo que el Congreso de la Unión da un primer paso para saldar la deuda histórica del país con su base laboral.
El buen juez por su casa empieza, dijo al resaltar que de esta forma se establece en el marco jurídico el respeto a la autonomía sindical para las trabajadoras y trabajadores del apartado B de la Constitución.
Representará la conquista laboral más importante del siglo XXI para este sector, lo que permitirá consolidar los logros y conquistas alcanzadas hasta ahora y obtener otras que hagan de la justicia social una realidad cotidiana.
Para las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado, es muy importante esta reforma, porque blinda y garantiza la autonomía sindical, lo cual asegura la democracia y, por lo tanto, el derecho a la libertad sindical. La autonomía, libertad y democracia sindical son las bases que sostendrán un nuevo sistema de pensiones, una política salarial más equitativa y la progresividad del derecho a la seguridad social.
“Enviamos un mensaje decidido y claro a las personas servidoras públicas al establecer que todo acto de injerencia en la constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y o la destitución de sus directivas, será considerada falta administrativa grave y sancionada”, expuso.
Por el PAN, Ivideliza Reyes Hernández manifestó que con la reforma el Senado refrenda su compromiso con una democracia sindical libre de imposiciones y con el respeto pleno de los derechos laborales de miles de servidores públicos, porque durante décadas la vida sindical estuvo marcada por el control político, la injerencia administrativa y el uso indebido de los sindicatos como herramientas de poder.
Del PVEM, Maki Esther Ortiz Domínguez subrayó que la autonomía es un derecho de las organizaciones sindicales, es, además, necesario para el funcionamiento libre y sin interferencia del gobierno, los empleadores u otros sindicatos; por ello, este ordenamiento representa un paso decisivo, ya que contribuye en la consolidación de una auténtica autonomía sindical en el servicio público.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano señaló que México cuenta con 60 millones de trabajadores y tan sólo cinco millones están sindicalizados, lo que representa una señal clara de cómo se ha limitado este derecho. Es fundamental que desde el Senado se cierren filas para defender la libertad sindical de los trabajadores de México, finalizó.