Un Tribunal Colegiado federal resolvió a favor de un alumno al concluir que una institución educativa privada incurrió en actos equiparables a los de autoridad, luego de anularle una calificación aprobatoria y bloquearle el acceso a trámites indispensables para concluir su licenciatura.
El caso se originó cuando el estudiante presentó un examen extraordinario, el cual fue aprobado conforme a los resultados oficiales. Semanas después, la Escuela Libre de Derecho, a través de su Junta Directiva, decidió dejar sin efectos dicha calificación bajo el argumento de una presunta falla en el sistema informático. La decisión se tomó sin iniciar procedimiento alguno ni conceder derecho de audiencia al alumno.
Como consecuencia, la institución le negó la expedición de constancias académicas, la carta de créditos necesaria para el servicio social y lo dio de baja como alumno vigente, impidiéndole de facto continuar con su proceso de titulación.
Frente a estos actos, el alumno promovió un juicio de amparo indirecto. En una primera resolución, el juzgado consideró que la escuela, por su carácter privado, no podía ser señalada como autoridad responsable. Sin embargo, al revisar el caso, el Tribunal Colegiado adoptó un criterio distinto.
El órgano jurisdiccional determinó que, aunque se trate de una entidad privada, la negativa a expedir documentos esenciales para concluir una carrera profesional sí puede constituir un acto equiparable al de autoridad, al afectar directamente el derecho fundamental a la educación y colocar al alumno en un estado de indefensión.
En consecuencia, el fallo ordenó restituir la calificación anulada, emitir las constancias correspondientes y permitir al estudiante concluir sus estudios y acceder a la titulación.
La resolución marca un precedente relevante al establecer que las instituciones educativas privadas no están exentas del control constitucional cuando sus decisiones impactan derechos fundamentales de los alumnos.
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