La seguridad y el bienestar de las mujeres es una prioridad para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora. Por ello, el Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (SALVA) sigue trabajando en coordinar acciones de prevención, atención y seguimiento con el objetivo de fortalecer entornos más seguros y libres de violencia.
A través de SALVA y en coordinación con instituciones gubernamentales y sociedad civil, se promueve de manera permanente la protección a las mujeres, brindar acompañamiento oportuno y fortalecer la cultura de la denuncia.
La coordinadora estatal del Sistema SALVA, Zulema Boneo Silva, informó que como resultado de este esfuerzo interinstitucional, se han atendido, canalizado y dado seguimiento a más de 165 mil familias derivado de reportes al 9-1-1 relacionados con violencia familiar y de género, garantizando una respuesta cercana y profesional.
Destacó que se ha reducido en un 17 por cientolos reportes al 9-1-1 por violencia familiar y de género, así como un 42 por ciento de hogares tienen menor reincidencia en este delito.
Además, se han brindado 11 mil 507 asesorías jurídicas con el objetivo de promover los derechos humanos de las mujeres y fortalecer la cultura de la denuncia, asegurando que cada víctima cuente con orientación y respaldo institucional.
Se han capacitado e instalado más de tres mil 100 Zonas SALVA en 72 municipios del estado, creando espacios seguros y de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo. Asimismo, 100 mil 610 personas han sido impactadas a través de capacitaciones en escuelas y colonias, con pláticas enfocadas en la sensibilización y prevención de las violencias.
De igual forma, los cuerpos policiales de los 72 municipios cuentan con capacitación especializada, fortaleciendo su actuación con perspectiva de género y protocolos de atención adecuados.
La SSPC Sonora refrenda así su compromiso de actuar con firmeza, sensibilidad y responsabilidad, consolidando una estrategia integral que coloca a las mujeres en el centro de las políticas públicas de seguridad y protección.
