Autoridades federales de Estados Unidos informaron sobre la imputación formal contra un comerciante de armas en el estado de Arizona, acusado de conspiración y de intentar proporcionar apoyo material a organizaciones criminales señaladas como terroristas.
De acuerdo con información difundida por la oficina central de la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, el implicado fue identificado como Laurence Gray, propietario del negocio “Grips By Larry” y ex titular de una licencia federal para la comercialización de armas de fuego.
Acusaciones y contexto
Según el reporte oficial, Gray habría participado en un esquema para suministrar armas de fuego y asistencia relacionada a grupos del crimen organizado en México, específicamente al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses señalan que dichas organizaciones fueron clasificadas como grupos terroristas extranjeros en 2025, lo que agrava la naturaleza de las acusaciones y eleva las posibles consecuencias legales del caso.
Investigación en curso
La investigación está siendo encabezada por la división de la ATF en Phoenix, como parte de la operación denominada “Take Back America”, una estrategia orientada a combatir el tráfico ilegal de armas y su vínculo con organizaciones criminales.
En un posicionamiento oficial, autoridades de la agencia destacaron que este tipo de acciones buscan frenar el flujo ilícito de armamento que contribuye a la violencia.
Posicionamiento de autoridades
En el marco del caso, Sarah Mauricio, agente especial interina a cargo de la división Phoenix de la ATF, señaló:
“ATF is committed to disrupting the illegal flow of firearms that fuel violence and support designated terrorist organizations like the Jalisco Nueva Generación and Sinaloa Cartels. This case underscores our critical role in investigating and holding accountable those who betray the public trust by attempting to arm these dangerous terrorists.”
Implicaciones del caso
Este caso pone nuevamente en el centro del debate el tráfico de armas entre Estados Unidos y México, así como su impacto en la seguridad regional.
Además, evidencia el endurecimiento de las políticas estadounidenses frente a organizaciones criminales mexicanas, particularmente tras su designación como grupos terroristas, lo que permite ampliar el alcance de las investigaciones y sanciones.
Hasta el momento, el proceso legal continúa en curso y las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre posibles detenidos adicionales o redes involucradas.
