Nueva York. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, dio a conocer una acusación formal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, por su presunta participación en una red de colaboración con el narcotráfico.
De acuerdo con el comunicado oficial, los señalados son:
Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones Gerardo Mérida Sánchez, Óscar Rentería Schazarino, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, Luis Ángel Pineda Ochoa, Juan Carlos Barraza Morales, Cruz Alejandro Flores Salazar, Jesús Manuel Estrada López, Ramón Eduardo Pequeño García, Facundo Rosas Rosas.
(Lista conforme al comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE.UU.)
Cargos por narcotráfico y armas
Según la acusación, todos ellos presuntamente conspiraron con el Cártel de Sinaloa para facilitar la importación de grandes cantidades de drogas —incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas— hacia Estados Unidos.
El documento también señala que enfrentan cargos por delitos relacionados con armas, derivados de su supuesta colaboración con dicha organización criminal.
Asimismo, uno de los acusados enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en actos de violencia extrema, incluidos secuestros que derivaron en homicidios, relacionados con una fuente de la DEA.
Estructura de protección institucional
La Fiscalía estadounidense sostiene que esta red habría operado brindando protección institucional al cártel, permitiendo el trasiego de drogas con menor riesgo de intervención por parte de autoridades.
Los acusados son descritos como actuales y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa, lo que habría facilitado la operación del grupo criminal durante un periodo prolongado.
Proceso en curso
Hasta el momento, la acusación se encuentra en etapa inicial y no se han reportado detenciones. El caso se desarrollará conforme al sistema judicial de Estados Unidos.
Nota: Todos los señalamientos corresponden a una acusación formal presentada por autoridades estadounidenses. Las personas mencionadas deben considerarse presuntas responsables, en tanto no se determine su situación jurídica mediante sentencia firme.
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