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Hermosillo, Son., 12 de marzo de 2017.- Como parte de las acciones para conocer los planteamientos y demandas de los ciudadanos, los diputados de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se reunieron con integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, a quienes le hicieron entrega de la iniciativa que contiene reformas a la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de Sonora.

El diputado Jesús Epifanio Salido Pavlovich, coordinador del grupo parlamentario del PRI, explicó que la iniciativa la presentaron desde el interior de la CRICP, con el propósito de construir un marco normativo de manera integral con participación de la sociedad organizada.

Lo anterior, considerando que el Comité Ciudadano de Seguridad Pública está constituído con personas propuestas por 27 organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales, para tomar parte en las decisiones que en la materia se tomen en el estado de Sonora.

“El propósito de esta reunión es darles a conocer la iniciativa, que está fortalecida con el apoyo de los grupos parlamentarios representados en la LXI Legislatura, para que, al interior del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, se analice y realicen las observaciones y consideraciones necesarias para avanzar en materia legislativa en las reformas que requiere Sonora en el tema”, externó.

El diputado Moisés Gómez Reyna, coordinador del grupo parlamentario del PAN, subrayó que la autonomía de la Fiscalía General se debe fortalecer con los planteamientos que realicen los ciudadanos en la materia y, además, como está cambiando la plataforma legal, se hace necesario conocer las diferencias de los cambios.

El diputado Fermín Trujillo Fuentes, coordinador del grupo parlamentario del PANAL, mencionó que la iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y se busca que a través de la socialización de la iniciativa se pueda nutrir la misma, con las ideas y propuestas para mejorar las normas legales para Sonora.

El diputado Luis Serrato Castell enfatizó que la Fiscalía General viene a sustituir a la Procuraduría General de Justicia del Estado, con mayores atribuciones que la fortalecen en su actuar a favor de los ciudadanos en la entidad.

El diputado David Homero Palafox Celaya, presidente de la Comisión Anticorrupción, precisó que los cambios a las normas legales que se han venido realizando en materia de seguridad pública y anticorrupción responden una de las demandas más sentidas de los ciudadanos.

El Secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Erick Iván Jaimes Archundia, recordó que se viene de la implementación de un Nuevo Sistema de Justicia Penal, mismo que impuso a los estados y a la federación una serie de adecuaciones estructurales y administrativas, a fin de mejorar integralmente el acceso a la justicia dentro del ahora conocido Sistema Penal Acusatorio.

En ese sentido, dijo, la etapa final recae en la armonización de una Fiscalía General, que se enlaza con la etapa del Sistema Nacional Anticorrupción y sus derivados sistemas estatales anticorrupción, donde se debe colocar una nueva figura denominada “Fiscalía Anticorrupción”, que depende de la Fiscalía General.

La Fiscalía General del Estado, expuso, se convierte en un organismo público autónomo que se sustrae del ámbito del Poder Ejecutivo, con el objetivo de generar una mayor independencia en la investigación y persecución de los delitos.

Jaimes Archundia consideró que para la interrelación de los procesos se deben tomar en cuenta otros aspectos, entre los cuales, enumeró aspectos como la Ley de Disciplina Financiera, donde ahora todas las nuevas normas jurídicas deberán de llevar un orden, a través del cual se determine la suficiencia presupuestal, para hacer frente a la nueva reforma o reformas correspondientes que lleven a cabo un cambio estructural, burocrático y en consecuencia de costos, no solo en el momento de la implementación sino a largo plazo.

Se deberá garantizar dicha implementación de las normas que ya se tienen, es decir, dijo, contar como piso con una estructura donde se observe una atención correcta, debida, puntual a los derechos humanos y de atención de víctimas, entre otras acciones que les den certeza jurídica a los ciudadanos para evitar abusos en los actos de autoridad. Se incluye también una fiscalía en delitos electorales como consecuencia de toda una armonización integral en materia de procuración e impartición de justicia.

Debemos recordar, sostuvo, que tanto el sistema de justicia penal como el Sistema Nacional Anticorrupción son esquemas que nos imponen la obligación de armonizar distintos ordenamientos jurídicos estatales los cuales deben ser acordes, invariablemente, a los sistemas nacionales que fueron aprobados en la Constitución Federal y sus leyes generales por el Congreso de la Unión.

Por eso dejó en claro que las propuestas, iniciando con la actual Ley Orgánica de la Fiscalía General, deben estar sujetas a un margen predeterminado por los legisladores federales, cuidando en todo momento aspectos de constitucionalidad y legalidad que el legislador sonorense debe salvaguardar en la implementación de dichas reformas.

En la reunión participaron Armando Barajas, Saúl Rojo, José Coppel, Octavio Sánchez, Daniel Bayliss y Jorge Cons, coordinador del Comité Ciudadano, quienes agradecieron la apertura de la LXI Legislatura ante un tema tan sentido por la comunidad.

Expusieron que la inquietud más grande de la población es la seguridad pública, y que el comité trabaja en terminar, junto al comité municipal, un diagnóstico completo y un proyecto a corto, mediano y largo plazo en materia de seguridad para la creación de planes, programas y proyectos que brinden un mejor servicio de seguridad a la población y permita optimizar todos los recursos humanos y financieros.

Carlos Felipe Lugo Grijalva, Director General Jurídico del Poder Legislativo, explicó el contenido de la iniciativa presentada por la CRICP el pasado siete de marzo, que establece reformas a la Constitución Política del Estado de Sonora y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sonora.

Expuso que, derivado de las reformas constitucionales en materia procesal penal a nivel federal y estatal, y con motivo de la vigencia de la nueva Ley Nacional de Procedimientos Penales, se propone una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sonora, que contiene setenta y tres artículos divididos en siete títulos.

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