En principio se dijo que fue afectado por el estrés y luego por un preinfarto, pero el hecho es que Mario Aguirre Ibarra convalece en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México, donde es custodiado por elementos de la Policía Federal, sin la esperanza de algún acuerdo extrajudicial entre particulares.
También en principio se dijo que, enterado de su inminente aprehensión, se entregó de forma voluntaria, aunque hay quienes informan que fue una detención en forma, procedimiento que puso histérico al empresario favorito del PAN-Gobierno de Guillermo Padrés, al grado tal que sufrió una “descompensación en su salud”, según el parte oficial.
Distinto a su reciente detención en Hermosillo, ahora no habrá acuerdos entre particulares, que con sólo una firma de convenio para la reparación del daño asunto arreglado, con la mala noticia para José Santos Gutiérrez, porque desde una celda difícilmente su lépero exasociado podrá cumplir el pago pactado, que le restituya el valor de Villa Toscana y en esa misma situación están otros a quienes también hizo majes.
Mario Aguirre
Resulta evidente que el empresario mecenas de la nomenclatura del PAN en Sonora y operador financiero de la familia Padrés y de varios del gabinete del gobierno anterior, fue detenido por las evidencias que lo involucran en los mismos delitos imputados a Padrés, todos relativos al corrupto manejo de alrededor de mil 200 millones de pesos del programa de uniformes escolares.
Pero además, el “estresado” y convaleciente Rey Midas del padrecismo, es parte de la intrincada red en la que circularon millones de dólares en el sistema financiero de los Estados Unidos, países europeos y hasta en Nueva Zelanda, así como en la constitución de una empresa minera, a través de la cual pretendieron lavar y blanquear el dinero robado a la niñez sonorense.
Bien por la PGR, luego que no les alcanzó el tiempo para atorar a ese delincuente de cuello blanco durante las horas que estuvo bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a causa de una denuncia en su contra por despojo, simulación de actos legales, falsificación y abuso de confianza, interpuesta por su exsocio, el citado José Santos Gutiérrez.
Ahora sí les alcanzó el tiempo y el expariente político de Ramón Corral Avila deberá responder por las imputaciones en las que no intervienen pugnas entre particulares y si bien cabe la posibilidad de resarcir el daño o sea regresar lo robado, la pena corporal en cárcel resulta ineludible, en un asunto que de origen fue revelado a principios del 2015 por el Wall Street Journal.
José Santos Gutiérrez
Estos últimos días han resultado funestos para el PAN de Padrés en Sonora, rumbos por donde debe haber muchos estresados, porque Aguirre Ibarra es uno de los peces más gordos y uno de los eslabones más grandes de la cadena de latrocinios perpetrados contra el erario estatal por al menos un par de cientos de militantes del PAN, incluidos algunos que ahora son ríspidos críticos de la corrupción oficial, otros que hasta gozan de la protección del fuero legislativo federal y los más, agazapados, amparados y a salto de mata.
Además de la detención del citado capo empresarial, un par de palos judiciales del más alto nivel sufrió la defensa jurídica del ratero exgobernador y de sus hermanos, primero con la ratificación de la legalidad de la creación de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y luego el fallo en contra del amparo con el que pretendían recuperar el Rancho Pozo Nuevo, otras propiedades y el levantamiento del embargo de las cuentas bancarias de esa familia de mafiosos.
Si bien en el extraño fallo de un juez federal en Hermosillo que invalidaba el ejercicio de la FAS, pero dejaba firmes los resultados de las indagatorias, de acuerdo a constitucionalistas, un resolutivo a favor de Padrés contra la constitucionalidad de la FAS, abriría resquicios para debilitar la causa de la fiscalía y por eso le metieron todos los kilos, ya que a través de dicha impugnación pretendían al menos la restitución de los bienes embargados en diligencias realizadas por el personal al mando de Odracir Espinoza, como coadyuvante en la indagatoria federal a cargo de la PGR.
Odracir Espinoza
Pues no se les hizo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en definitiva que no procede en esa instancia atender ese asunto, y además, para completar el funesto panorama para esos léperos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, negó el amparo solicitado por Padrés y sus hermanos Héctor, Miguel y Julio Cesar, a través del cual pretendían el disfrute de alrededor de 20 inmuebles sujetos a embargo, así también liberar al menos media docena de cuentas bancarias inmovilizadas en diversas instituciones financieras.
Y vaya que no son poca cosa las riquezas embargadas a la familia del crimen, si se toma en cuenta lo que ellos mismos declararon en aquella comparecencia ante medios de comunicación, donde reconocieron ser propietarios de 18 mil hectáreas de terrenos y mil 200 cabezas de ganado distribuidas en varios ranchos de engorda, equinos, cinegéticos, viveros y campos agrícolas; además de mueblerías, escuelas particulares, sector automotriz, comercializadoras, importadoras y exportadoras; así como salones para eventos sociales, lujosos inmuebles de descanso, casas, lotes y bodegas.
Y sin salirnos del tema de los palos judiciales contra la nomenclatura del PAN en Sonora, tal como lo adelantamos en esta columna, por obvia improcedencia fue desechada de plano por el TRIFE la impugnación interpuesta por la bancada del PAN en el Congreso del Estado, en contra de los nombramientos de Marisol Cota Cajigas y Mireya Félix López, como Magistradas de la Sala Especializada en materia Anticorrupción y responsabilidad Administrativa, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
Marisol Cota Cajigas
Como se recordará, los pastoreados por Luis Serrato hicieron su berrinche y recularon de acuerdos ya tomados con otros grupos parlamentarios y se negaron aprobar el paquete de reformas del Sistema Estatal Anticorrupción, que incluyó los citados nombramientos de quienes días antes se habían separado de sus cargos en el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral.
En la exposición de motivos de su rechazo, tanto en el pleno como en el recurso de impugnación interpuesto ante el TRIFE, alegaron la estulticia que ambas ciudadanas estaban impedidas para desempeñar el nuevo encargo, ya que fueron partícipes de decisiones relacionadas con la elección del 2015 y exigían la revocación de esos nombramientos y la apertura de otro proceso de selección.
No quisieron entender que dichos impedimentos de orden legal se refieren a otras circunstancias, como hubiera sido el caso si Marisol y Mireya hubieran sido nombradas en algún puesto del Gobierno del Estado, quedando claro que no es su caso, ya que, de órganos autónomos como lo son el IEES y el TEE, migraron a otro órgano autónomo como lo es el Tribunal de Justicia Administrativa.
Sabe dónde quedaron las presuntas habilidades jurídicas que alardea la diputada Célida López o la presunta experiencia de su pastor parlamentario, Serrato Castell, porque de plano la cajetearon y fueron exhibidos por los integrantes de la Sala Superior del TRIFE, quienes ni siquiera le entraron al tema por la obviedad de su improcedencia e incluso este lego reportero se los dijo, pero no entendieron.
David Palafox
Después de tanto palo judicial en tan pocos días, a lo mejor por eso anduvieron muy tiernitos diputadas y diputados pitufos en la sesión extraordinaria de este jueves, ya que ni pío hicieron durante el trámite legislativo para elegir a las nueve personas de la Comisión de Selección que designará a los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
De terciopelo la conclusión del arduo trabajo que por alrededor de 40 días desplegaron las comisiones Anticorrupción y de Fiscalización encabezadas por David Palafox y Fermín Trujillo, respectivamente, para culminar con la unanimidad en los nombramientos de Marco Antonio Andrade, Álvaro Bracamonte, Leticia Cuesta Madrigal, Karina Gastélum Félix, Adolfo Jorge Harispuro, Teresita Lanz, Luz Mercedes León, Guillermo Noriega y Javier José Vales García.
Las personas citadas fueron escogidas de un grupo de 25 propuestas y luego de que rindan protesta ante la diputación permanente, tendrán de plazo hasta el 18 de julio para que mediante a la metodología que ellos decidan, seleccionar a esos cinco sonorenses que integrarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, trámite totalmente autónomo.
