Sugieren que cuente con autonomía técnica y se profesionalice al personal.
La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez propuso una reforma a la Constitución para crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como un órgano autónomo que preste servicios periciales y atienda de manera profesional los asuntos que sean sometidos a su revisión.
Desde la tribuna, la legisladora de Acción Nacional destacó la necesidad de que el país cuente con organismo de esta naturaleza para brindar un mayor grado de confianza a los ciudadanos en las instituciones de impartición de justicia y proporcionar al juzgador las herramientas necesarias para resolver con mayor apego a la verdad y la justicia.
Explicó que uno de los principales señalamientos que se han hecho respecto de nuestro Sistema de Justicia Penal es que la misma autoridad que resuelve sobre el ejercicio de la acción penal, es la que coordina la realización de los dictámenes periciales que se utilizan para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió.
Lo anterior, dijo, constituye un grave impedimento para alcanzar el pleno respeto a los derechos humanos, tanto de víctimas y ofendidos, como de los imputados.
Por ello, indicó que para cumplir con los principios del nuevo Sistema de Justicia Penal, y atendiendo a las recomendaciones que han emitido organismos internacionales en materia de derechos humanos, es necesario transformar a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, en un órgano con autonomía técnica que trabaje con las procuradurías de justicia y fiscalías de los estados.
Ante el avance que presenta la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, se hace impostergable la necesidad de contar con servicios periciales y forenses, autónomos e independientes, rigurosamente capacitados y certificados bajo los más altos estándares internacionales, insistió.
Destacó que contar con este Instituto permitirá abatir los índices de impunidad, que en el país son alarmantes, como lo menciona el Alto Comisionado de las Nacional Unidas para los Derechos Humanos: 98 por ciento de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver y la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados.
El propósito es asegurar que las pruebas periciales se lleven a cabo con absoluta imparcialidad, basada en conocimientos científicos y utilizando las últimas tecnologías disponibles, lo que permitirá recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
María Guadalupe Murguía Gutiérrez también comentó que resulta indispensable atender de manera permanente la profesionalización, capacitación, evaluación y especialización de los peritos que prestan sus servicios técnico-científicos, así como el desarrollo de nuevas técnicas y metodologías, a fin de mejorar los estándares de calidad de los dictámenes.
Planteó que durante el primer año de operación se asignen los recursos humanos y materiales con los que actualmente cuenta la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR.
La legisladora precisó que de aprobarse esta reforma, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley que regule la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en un plazo no mayor de 180 días naturales contados, a partir la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Del mismo modo, las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones necesarias para garantizar la autonomía técnica, imparcialidad e independencia de los servicios periciales de sus demarcaciones.
Puntualizó que cualquier esfuerzo que fortalezca a las instituciones de procuración de justicia del país reforzará el compromiso con la ciudadanía y coadyuvará en la atención de las recomendaciones formuladas en el ámbito internacional.
La iniciativa se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
