¿Cómo garantizar el derecho a la protección de salud de los mexicanos y cómo hacer efectivo el acceso a servicios médicos oportunos y de calidad cuando lo requieren? La sociedad y los gobiernos que han tenido la oportunidad de dirigirla en los últimos 20 años han ofrecido sus versiones de respuestas a esta pregunta, a otros nos ha tocado experimentar las versiones y las respuestas, sobre todo al personal de salud.
En 2004 el gobierno mexicano formuló una respuesta a la pregunta sobre el derecho a la protección de la salud e introdujo el Seguro Popular con el propósito de ofrecer aseguramiento de salud para la población sin seguridad social. Esta acción buscaba crear un sistema universal de aseguramiento que, si bien no llegaba a los estándares de seguridad social, al menos garantizaba el acceso a un catálogo de servicios gratuitos para la población sin seguridad social y reducía la posibilidad de que estas familias enfrentaran gastos empobrecedores como resultado de un problema de salud. Las reformas del 2003-2004 fueron acompañadas de un aumento del financiamiento para el sector salud y fueron seguidas por la afiliación al Seguro de una proporción importante de población sin seguridad social, es decir, población “abierta”. Un estudio reciente mostró que entre la población que vive en localidades de menos de 100 000 habitantes, en las que se concentra la población más pobre del país, más de 40% de los afiliados usaron servicios privados en su consulta más reciente. Esto muestra que a pesar de contar con servicios de salud, la población elige en ocasiones utilizar algún recurso de tipo privado, sobre todo los consultorios adyacentes a las farmacias, mismos que tuvieron un crecimiento exponencial después de la regulación de los antibióticos. El aumento en la atención en servicios privados supone al menos dos potenciales problemas para el bienestar de la población, en particular de la más pobre: la calidad de sus servicios y el gasto de bolsillo. Cabe señalar que estos tipos de consultorios no están regulados. Pero ¿Qué tienen en común los servicios públicos con los servicios privados, sobre todo los de consultorios adyacentes a las farmacias, o mejor conocido como el sistema de salud paralelo? Al inicio de la pandemia el sector salud y su personal fueron la población más afectada, trabajando con los recursos que había y en ocasiones con menos, las instituciones tardaron en otorgar equipo de protección al personal como caretas, batas guantes y mascarillas y algunas instituciones aún no proporcionan ni cubre bocas su personal. Mucho personal estuvo expuesto y obligado a cubrir largas jornadas de trabajo, para poder subsanar la demanda de atención. El personal seguía desgastándose y obligado a trabajar en ocasiones sin protección o con lo que habían donado algunas fundaciones (gel, mascarillas desechables y caretas de plástico). Esta es la realidad. Al personal de salud se le prometió un “bono” económico, cuando ya empezaban a faltar compañeros a causa de la mortal enfermedad, pero nunca llegó y a cambio se otorgó por parte de la Cámara de diputados, solo aplausos; que recuerdan perfectamente al comercial de un partido en donde se trata de pagar alimentos precisamente con: aplausos. Una burla por parte de nuestras autoridades. Finalmente llegó la esperanzadora vacuna y el personal pudo ver una luz en su ya agotada carga, y nuevamente surgió el desprecio; los compañeros médicos del sector privado no han podido acceder a ese beneficio. ¿Por qué?
El subsecretario Gatell, en sus múltiples contradicciones había mencionado que se vacunaría a todo el personal de primera línea que atendiera casos covid19, pero esa equivalencia al riesgo es lo que también causa confusión, hasta ahora TODO el personal está expuesto, incluyendo a sector privado, claro está. La explicación para decidir esto fue que eran quienes estaban en mayor riesgo. El foco se centró solo en las instituciones de salud públicas y se dejó de lado a las privadas, bajo el mismo argumento, el de que no había un censo de personal de primera línea en hospitales particulares y este se estaba integrando, a través del Consorcio Mexicano de Hospitales y la Asociación Nacional de Hospitales Privados. Asociaciones destacadas han solicitado a las autoridades vacunar a todo el personal de salud, no solo a los que están en primera línea, por el riesgo que representa estar en contacto con pacientes, cuando muchos son asintomáticos. Sin embargo, en la conferencia de prensa del 16 de marzo, Gatell señaló que “consultorios vinculados a establecimientos de farmacias presentaron algunas listas de solicitud de vacunación y en las primeras exploraciones encontramos listas que estaban desactualizadas o incluso infladas con personal en el que no se podía verificar que estaba atendiendo COVID”. Es decir, el desprecio por el sector privado es generalizado, incluyendo lamentablemente al personal de salud.
Dr. César Álvarez Pacheco
cesar_ap@hotmail.com
@cesar_alvarezp
Huatabampo, Sonora.
