El Senado de la República aprobó la reforma pactada entre el Ejecutivo Federal y los sectores obrero, patronal y empresarial para prohibir la subcontratación laboral, conocida como outsourcing.
“No sólo favorece los derechos humanos, laborales de millones de personas que laboran bajo este esquema en condiciones de desigualdad y vulnerabilidad, sino que fortalece al fisco federal”. dijo Ana Lilia Rivera Rivera, senadora de Morena
Se prohíbe poner trabajadores propios a disposición y en beneficio de otros, para eludir responsabilidades laborales, fiscales y prestaciones.
El outsourcing no desaparece para la contratación de servicios especializados o de ejecución de obras, pero estos servicios deberán inscribirse en el Registro Nacional de Subcontratación que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo.
En materia de utilidades se establece como límite máximo tres meses del salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años el monto que resulte más favorable al trabajador.
Mientras, Gustavo Madero senador del PAN estableció sobre el outsourcing que “en las prestaciones de los trabajadores, en la disminución de los trabajos informales, en la recaudación del IMSS de estos 50 mil millones de pesos que dicen que vamos a recaudar”.
Se prohíbe la subcontratación en la administración pública pero se da hasta el año 2022, para su regularización.
Habrá multas para empresas o personas que rechacen inspecciones de autoridades laborales o subcontraten personal sin registrarlo.
