Entretelones
Samuel Valenzuela
Exigido en el contexto de la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el nuevo sistema de justicia laboral se puso en marcha en su primera etapa hace casi dos años en 8 estados del país, en tanto que en Sonora hace poco más de un mes, con muy buenos resultados para la clase trabajadora.
En efecto, como bien lo dijo nuestro amigo comunicador Felipe Larios, esta nueva normatividad legal para dirimir conflictos entre el capital y el trabajo, podría ser considerada como el nuevo amanecer del sindicalismo mexicano, con la condición de que se cumplan las nuevas reglas para poder acabar con la ancestral corrupción donde líderes, patrones y abogados ganaban a costa de los trabajadores.
Alfonso Durazo M.
Nos referimos por supuesto a la conferencia de prensa que ofrecieron este jueves la titular del trabajo federal Luisa María Alcalde y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, luego de evaluar los resultados y avances de la aplicación en Sonora de ese nuevo modelo de impartición de la justicia laboral en esta entidad, que pondrá fin al sindicalismo de protección, coyotaje en las juntas de conciliación y arbitraje y la simulación de convenios laborales.
En términos macros, sabe como este nuevo sistema afecte los intereses de corruptazos como Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces Barba, Carlos Humberto Aceves, Ricardo Acedo, Marco Antonio García Ayala, Ricardo Aldana Prieto, Alfonso Cepeda Salas, Francisco Hernández Juárez, entre otros caciques y corruptos del sindicalismo a la mexicana, pero lo que es para los estratos bajos que se desprenden de sus tentáculos e independientes y sus representados, sin duda las expectativas son muy favorables.
Creo que de toda la estructura federal, la que nos cae mejor es la joven Luisa María, que si bien es señalada por lucir atuendos y parafernalia de diseñador, es evidente que le entiende a la necesidad de construir mejores condiciones para la clase trabajadora necesitada de superar embestidas patronales y cansada de ser vendida en canal por líderes corruptos en negociaciones con la patronal.
Cierto, resulta un antes y un después la aplicación de las nuevas reglas del juego para dirimir conflictos entre trabajadores y patrones independientemente si los primeros no están sindicalizados, ya que además de privilegiar la conciliación sin demérito a derechos laborales, se evita la indefinición por años de demandas, ya que el plazo máximo para llegar a convenios es de seis meses si es que se llega a tribunales; no se requiere representación legal que por lo regular se lleva el 30 por ciento de lo que se consiga, se elimina la subcontratación y se avanza en la depuración de sindicatos blancos y contratos de protección, se transparenta la vida interna de los sindicatos y se revisa la legitimidad de sus dirigentes, entre otros beneficios garantizados, como la libre afiliación y la democracia sindical.
“La paz laboral es fruto de la justicia laboral”, apuntó la joven funcionaria federal luego que el gobernador Durazo enfatizó que a poco más de un año de su gestión, no ha estallado ninguna huelga en la entidad y de darse a conocer que a poco más de un mes de iniciar el nuevo modelo, se han registrado dos mil 896 conflictos entre trabajadores y patrones y en 97 por ciento de éstos se han finiquitado en la etapa de la conciliación, quedando pendiente el resolver los más de 105 mil expedientes rezagados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Muy buen material generó la conferencia de prensa y la verdad que nos congratula el que al menos en esa materia los resultados lucen concretos y tangibles, medibles y prevenibles, aunque quizás se deba al histórico retraso que se promovió desde las mismas esferas del poder porque asó convenía a intereses del mismo gobierno y de liderazgos sindicales y patronales.
Adán Augusto López.
Y este viernes, si no hay imprevistos, el gobernador será anfitrión de una nueva visita del encampañado secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien si no nos equivocamos, con esta ya será la tercera visita que realiza a Sonora en los últimos meses, tocando a esta el pretexto de evaluar los avances del Plan de Justicia para Cananea.
Mientras tanto, se intensifica la motivación pública para asistir a las movilizaciones convocadas para detener la embestida de MORENA y su gobierno en contra de la democracia en este país, que contrario a las invocaciones del oficialismo, para nada se trata de una manifestación de la derecha, si no que se trata del más amplio espectro social, económico y político del país que trata de evitar que la conducción de los procesos electorales regresen a manos del gobierno en turno y se mantenga su autonomía.
Obvia la preocupación del régimen por dicha movilización convocada para el próximo domingo en prácticamente todos los centros urbanos del país y no por nada el explosivo talante presidencial que se niega a aceptar el derecho al disenso que tenemos todos los mexicanos frente a su estúpida pretensión de que se aprueben sin chistar cualquiera de sus ocurrencias.
Por lo pronto, en Hermosillo la cosa pinta bien ya que así como en la capital del país, liderazgos de todos los partidos políticos ajenos a la verruguiza y MORENA, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, han dejado ver su disposición de acudir a la Plaza Emiliana de Zubeldía a eso de las once y media de la mañana y no podían faltar los ataques como eso de tildar de oligarquía el conjunto que ofrece la oposición a la regresiva reforma electoral.
Según el tumba burros, oligarquía es un sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada, y a como se advierte en este país, esas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada las encabeza López Obrador.
En fin, se puso buena la competencia en ese asunto, aunque en esta primera etapa de plano Zaira Fernández y Pascual Soto, líderes del Movimiento de Priistas Inconformes, le ganaron el tirón al dirigente estatal del PRI, Rogelio Díaz Brown en anunciar que harán presencia en dicha movilización.
Por cierto, obvio que por rumbos del feudo político de “El Roger” la cosa en materia económica no pasa por su mejor época y ya nos imaginamos a nuestro compa secretario de Finanzas, Willebaldo Alatriste esculcando escritorios tratando de hallar algo para cumplir los tradicionales compromisos de fin de año con la obesa burocracia de ese partido, proveedores y deudas etiquetadas por autoridades electorales, cuyos montos comprometen las ya de por sí menguadas prerrogativas.
Jesús A. Cano Vélez.
Requerimiento importante es el del INE por cinco millones de pesos resultado de la fiscalización de gastos de campaña a la gubernatura de Ernesto Gándara y a la pésima operación financiera del Many Robles Linares, resultando una falacia que tal adeudo sea con cargo a la dirigencia del ahora pato a la naranja, Ernesto de Lucas Hopkins, quien en reunión de CORSAS celebrada en nuestro feudito antes de tirar los trastes tricolores, explicó ampliamente los estados financieros del PRI, y en efecto, ahí aparecían esos melones que a fin de cuentas deberán ser pagados, pero no El Pato.
Deben andar difíciles las cosas en la nomenclatura del PRI en Sonora, ya que no es cualquier cosa el no rotundo de parte de Raúl Navarro Gallegos y Jesús Alberto Cano Vélez a participar en una polla de dos millones de pesos cada uno para apoyar a la dirigencia de “El Roger”, negativa a pesar de haber sido sugerida por el mismo Manlio Fabio Beltrones, y sabemos que de la misma forma dijo no Alfonso Elías Serrano, entre otros.
Por lo demás, tuvo que ser detenido por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora para enterarnos sobre la extraña permanencia como director de catastro del municipio de Hermosillo de Arturo Alvarado Arzate, del más rancio abolengo padrecista y por obvias razones, consentido durante la administración de Célida López, padrecista químicamente pura.
No se han divulgado las razones específicas por las que fue detenido quien fuera cercanísimo colaborador de Guillermo Padrés como gobernador, sin que tampoco tengamos idea de como es que repitió en el cargo en la actual gestión a cargo de Antonio Astiazarán, con la esperanza que cualquiera sea la razón de su detención, no embarre a tanta cosa buena que ha ocurrido en Hermosillo en los últimos meses.
Claudia I. Contreras.
A propósito de fraudes inmobiliarios, nada ha agregado la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre el avance de la indagatoria por la estafa que fue objeto un matrimonio de Estados Unidos en Puerto Peñasco, quienes fueron despojados de una superficie de alta plusvalía en el marco de una operación fraudulenta en donde aparecen como beneficiarios el alcalde Jorge Iván Pivac Carrillo y la esposa del diputado Kiko Munro.
Solo se sabe que ya fue liberada una orden de aprehensión aunque la identidad del indiciado no se sabe, pero bien pudiera ser el mismo munícipe, su carnala Linda o el diputado; el fantasmal director de la empresa cuya asamblea de socios fue ficticia, Roberto Trahin Rodríguez, la notaria Chastre Alexandra Encinas Leyva que dio fe de un acto jurídico no realizado o el titular de catastro municipal cuya identidad no ha sido revelada, o sea, que la fiscal Claudia Indira Contreras tiene mucha tela de donde cortar.
