El Gobierno Municipal que encabeza Antonio Astiazarán busca consolidar y expandir el modelo de Justicia Cívica que se estableció hace un año en Hermosillo y que representa una forma nueva de abordar desde la autoridad la comisión de faltas leves y de resolver conflictos entre ciudadanas y ciudadanos, reveló Florencio Díaz Armenta.
El Secretario del Ayuntamiento encabezó un recorrido informativo por el primer juzgado cívico en la historia de Hermosillo, en instalaciones de la comandancia Centro de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
Lo acompañaron Ulises Cristópulos Ríos, director de Servicios de Gobierno y Ana Reina Romero Urías, coordinadora de jueces calificadores y médicos legistas.
“Tenemos personal, psicólogos, mediadores, abogados que asesoran a las personas que vienen aquí al Juzgado Cívico, que tienen sus derechos y a quienes se debe atender”, detalló el funcionario.
El modelo incluye una serie de procedimientos cuya finalidad es evitar que los conflictos comunitarios escalen a delitos y actos de violencia. Cuenta en el caso de Hermosillo con asesoría de personal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se informó.
Previo a una representación del procesamiento de un caso, Ana Reina Romero describió los protocolos de la audiencia para quien participa en calidad de probable infractora o infractor del Bando de Policía y Buen Gobierno, así como las sanciones previstas.
También mencionó el acompañamiento de un abogado defensor, y en caso necesario de un tratamiento psicológico y/o contra adicciones, como componentes del nuevo modelo que no existían en la llamada justicia de barandilla.
En cuanto a diferencias entre vecinas y vecinos intervienen mediadoras y mediadores certificados que procuran un convenio entre las partes o bien el envío del caso a las instancias que correspondan, relató.
Informaron que el Juzgado Cívico funciona las 24 horas los 365 días del año a cargo de 4 jueces, 2 mediadoras, 3 psicólogas y 2 abogados defensores.
El Secretario del Ayuntamiento explicó que en este esquema la policía detiene, pero no puede ser juez y parte. “Aquí se les trata con la ley, se les apoya con defensores, psicólogos, si son requeridos, y mediadores, lo cual es una forma de darle certidumbre a la gente que por alguna razón comete una falta de que se le trata con respeto, con dignidad y apego a la ley”, resumió.
