Un grupo de manifestantes sigue presente en el Congreso del Estado para expresar su inconformidad ante la reciente promulgación de la Ley de Bienestar y Protección Animal. Estas personas, conformadas por empleados y dueños de negocios relacionados con actividades ganaderas y de manejo de animales, aseguran que la legislación vulnera sus derechos y afecta gravemente sus medios de trabajo.
Los manifestantes argumentan que la ley no tomó en cuenta las realidades económicas y laborales de muchas familias que dependen de estas actividades. Señalan que las nuevas regulaciones podrían significar el cierre de sus negocios, afectando su sustento y el de sus trabajadores.
“Entendemos la necesidad de proteger a los animales, pero esta ley fue aprobada sin consultar a quienes vivimos de esto. Nos están dejando sin trabajo”, expresó uno de los manifestantes. El grupo también destaca que la ley impone restricciones severas sobre prácticas tradicionales y productivas que son esenciales para su economía.
Por otro lado, los defensores de la Ley de Bienestar y Protección Animal aseguran que la medida es fundamental para prevenir el maltrato y garantizar el bienestar de los animales, promoviendo un trato más ético y respetuoso en todas las actividades que los involucren.
A pesar de las posturas encontradas, el conflicto permanece sin solución, mientras los manifestantes insisten en ser escuchados por las autoridades. Hasta ahora, el Congreso no ha emitido ningún comunicado oficial sobre posibles ajustes a la ley ni sobre las implicaciones económicas para los sectores afectados.
Las protestas, que ya suman varios días, continúan frente a la sede del Congreso, y los manifestantes han reiterado que no se retirarán hasta obtener una respuesta que atienda sus preocupaciones.