Ciudad de México.— El Congreso de la Unión aprobó en comisiones este miércoles la nueva Ley General de Aguas, una de las reformas más relevantes del sexenio, al replantear el modelo de administración del recurso hídrico en México y reforzar el principio constitucional de que el agua es un derecho humano y un bien público estratégico.
La norma, que sustituye parte del marco vigente desde 1992, establece nuevos mecanismos de control, fiscalización y priorización del uso del agua, al tiempo que redefine el papel del gobierno federal, los estados, los municipios y los concesionarios.
Fin a las concesiones entre privados y mayores controles
Uno de los cambios más trascendentes es la prohibición de transferir concesiones entre particulares, figura que había facilitado la compraventa de derechos de agua durante décadas. A partir de la entrada en vigor de la ley, toda transmisión deberá pasar exclusivamente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que expedirá un nuevo título para cada caso.
La reforma también ordena la creación de un Registro Público Nacional del Agua, donde deberán publicarse todas las concesiones, volúmenes asignados, vigencias y condiciones de uso. El objetivo, según legisladores, es generar “mayor transparencia y trazabilidad” en un recurso históricamente sujeto a opacidad.
Prioridad al consumo humano y nuevas figuras de uso
La nueva ley eleva el uso doméstico y el saneamiento a prioridad absoluta en escenarios de escasez. Además, incorpora por primera vez la figura del uso agropecuario familiar, destinada a productores pequeños cuya actividad está orientada al sustento del hogar.
Se endurecen también las sanciones por extracción ilegal, desvío, manipulación o comercialización irregular del vital líquido, tipificando estas conductas como huachicoleo hídrico, con penas más severas y facultades ampliadas para la Conagua.
Críticas y preocupaciones del sector agropecuario
Aunque la aprobación fue celebrada por legisladores, el sector agropecuario y distintos colectivos manifestaron preocupación por los efectos en la productividad, la certeza jurídica y la gestión comunitaria del agua.
Productores de diversos estados advirtieron que la ley podría afectar la transmisión patrimonial de títulos, la operación de distritos de riego y los tiempos para regularizar derechos. Algunos grupos incluso reactivaron protestas en carreteras y aduanas, alegando que la reforma coloca “mayores candados” al campo en un contexto de sequía y costos crecientes.
Especialistas también alertaron sobre la centralización del control en la Conagua y la falta de una ruta presupuestal clara para asegurar el acceso universal al agua potable, un punto considerado clave para que la reforma no quede solo en el papel.
Gobierno defiende la reforma
El gobierno federal defendió la legislación al afirmar que la nueva ley busca “poner orden”, frenar abusos y garantizar que el agua llegue primero a las familias. Funcionarios reiteraron que la herencia de concesiones seguirá permitida, siempre que se tramite formalmente ante la autoridad y no entre particulares de manera automática.
Mientras tanto, el debate continúa: para algunos, la reforma representa un avance histórico hacia el acceso equitativo; para otros, una medida que podría modificar profundamente la vida productiva del país.
