Una breve llamada comercial terminó convirtiéndose en un costoso problema para una empresa española. Más Sol Energía, dedicada a la instalación de paneles solares, recibió una sanción de 10.000 euros después de realizar una comunicación de telemarketing a una persona inscrita en la Lista Robinson.
De acuerdo con la información del caso, la llamada duró apenas 46 segundos. Durante ese tiempo, el operador se identificó y preguntó al usuario si vivía en un departamento o en una casa independiente. La conversación terminó cuando el destinatario cuestionó a la empresa sobre la procedencia de sus datos personales.
El problema no estuvo relacionado con la duración de la comunicación. La Agencia Española de Protección de Datos determinó que la compañía no logró demostrar que el usuario hubiera otorgado un consentimiento válido para recibir publicidad. La empresa había adquirido la información de un proveedor de bases de datos que aseguraba contar con las autorizaciones correspondientes.
Para justificar el origen de los datos, la compañía presentó un registro que incluía información como una dirección IP, además de fecha y hora de un supuesto registro realizado años atrás. Sin embargo, la autoridad consideró que esos elementos no permitían demostrar de manera suficiente que la persona hubiera proporcionado personalmente sus datos y aceptado recibir comunicaciones comerciales.
Otro de los puntos cuestionados fue la respuesta ofrecida al usuario cuando preguntó de dónde habían obtenido su información. La normativa de protección de datos establece obligaciones específicas para informar a las personas cuando sus datos fueron obtenidos de terceros. Según la resolución, la explicación recibida no fue suficientemente clara ni completa.
Por esta segunda infracción se impuso una multa adicional de 5.000 euros. Sumada a la sanción relacionada con la falta de acreditación del consentimiento, la cantidad total ascendió a 10.000 euros.
El caso deja una advertencia para las compañías que realizan campañas publicitarias por teléfono: contratar o adquirir una base de datos no significa que la responsabilidad desaparezca. La empresa que utiliza la información debe contar con elementos suficientes para demostrar que existe una base legal válida para contactar al usuario.
También muestra la importancia de que los consumidores conozcan sus derechos. En este caso, el usuario preguntó por el origen de sus datos y posteriormente presentó una reclamación ante la autoridad de protección de datos, lo que derivó en el procedimiento contra la empresa.
Así, una llamada que duró menos de un minuto terminó teniendo un costo de 10.000 euros. Más que la duración de la conversación, el caso pone el foco en la obligación de las empresas de comprobar el consentimiento y manejar los datos personales de acuerdo con las normas vigentes.
