El paso del huracán Polo por las costas de Sonora ha vuelto a desnudar la vulnerabilidad de una infraestructura estatal que se doblega fácilmente ante la fuerza de la naturaleza. Para muestra, el reciente huracan Polo.
Aunque el fenómeno meteorológico ingresó a territorio sonorense degradado a categoría 1, las copiosas lluvias —que en puntos del centro y sur del estado superaron los 200 y hasta 300 milímetros— colapsaron vialidades, desbordaron arroyos e inundaron por completo comunidades rurales en municipios clave como Guaymas, Empalme y Navojoa. Más allá de los cuantiosos e inmediatos daños materiales, el verdadero desafío para el estado apenas comienza: una inminente crisis de salud pública cocinándose bajo el agua estancada y el lodo remanente. Las inundaciones severas actúan como un catalizador de riesgos biológicos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha advertido de forma reiterada que los lodos post-tormenta se convierten rápidamente en focos de infección inesperados, acumulando altos niveles de contaminación bacteriológica y química. El estancamiento del agua en el Valle de Empalme y en las colonias periféricas de Guaymas propicia el escenario perfecto para el repunte de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y de transmisión vectorial como el dengue, el zika y el chikungunya. Adicionalmente, el colapso de los sistemas de drenaje y la mezcla de aguas negras con fuentes de consumo exigen una respuesta epidemiológica inmediata que evite brotes masivos. Ante este panorama, la gestión de la emergencia pone sobre la mesa el eterno debate de las finanzas públicas frente a los desastres naturales. En el pasado, la existencia del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) permitía que estados como Sonora accedieran a una bolsa de recursos federales etiquetados de forma rápida para activar obras de reconstrucción y saneamiento inmediato. Hoy en día, bajo las actuales reglas centralizadas de la federación, las entidades operan con recursos limitados y sujetos a una burocracia que ralentiza la ayuda económica directa a las familias damnificadas, forzando al gobierno estatal a depender casi exclusivamente de la valiosa pero insuficiente asistencia de emergencia de los planes militares (Plan Marina y Plan DN-III-E). El estado de Sonora no puede seguir apostando a la resiliencia de su gente ante cada temporada de ciclones. Los gobiernos municipales y el estatal deben transitar de la reacción obligada a las acciones preventivas de fondo. Esto implica la modernización urgente de los sistemas de desagüe y alcantarillado costeros, el mantenimiento riguroso de los bordos de contención y la reubicación planificada de asentamientos en zonas de alto riesgo de inundación.
Como política pública prioritaria e impostergable, Sonora requiere el desarrollo de un Fondo de Contingencia Sanitaria Estatal, diseñado específicamente para blindar los centros de salud locales, abastecer vacunas y medicamentos esenciales, y desplegar brigadas de encalado y desinfección comunitaria apenas baje el nivel del agua. La lección que deja Polo es clara y contundente: el costo de la prevención siempre será menor que el precio de curar un estado bajo el agua.
Dr. César Álvarez Pacheco
cesar_ap@hotmail.com
@cesar_alvarezp
Huatabampo, Sonora
