No podía esperarse otra cosa de un alcalde que tiene como asesor a Javier Alcaraz Ortega y que lo que lleva al frente del ayuntamiento de Guaymas ha dejado plena constancia de su ejercicio faccioso, de sus incompetencias y destellos psicóticos con clara tendencia a la paranoia.
Pues desde este miércoles por la noche nos hicieron llegar un oficio firmado por el secretario de la comuna porteña, Edgar Allán Jaramillo Pérez, que fechado el 22 de febrero va dirigido al delegado de la PGR en la entidad, Darío Figueroa Navarro, alerta sobre inminentes actos criminales en contra de los asistentes al carnaval y solicita acciones preventivas para evitarlo.
Hasta ahí todo normal en una gestión considerada hasta superflua porque como se sabe, instancias de procuración de justicia siempre están atentas y en coordinación en todos los eventos de orden masivo como son los actos cívicos, fiestas populares y demás, ante los riesgos que representa el accionar del crimen organizado.
Darío Figueroa
En donde el Lorenzo de Cima mostró que le falta un tostón para el peso o que de plano trae fundida una parte de su cerebelo, es donde prospecta y denuncia que de acuerdo a su aparato de inteligencia, esos actos criminales planeaban ejecutarlos el exalcalde Otto Claussen Iberri; el diputado local Manuel Villegas Rodríguez; el empresario editorial, Alberto Padilla Ruiz, así como Juan José Ramírez, Víctor Marín Martínez y Norma Elvira Castro Salguero, que desde la sociedad han sido críticos del alcalde.
Sobra decir que sea por la alocada alerta lanzada para que la PGR vigilara a las personas citadas, durante el carnaval no ocurrió nada sobresaliente a no ser por su escasa asistencia, la pésima calidad de los espectáculos y la insistente versión de que el alcalde y sus allegados perpetraron lucro financiero histórico asociados con un fantasmal comité organizador.
No andan bien las cosas en una administración municipal que se atreve a tamañas insidias y que recurre a la falacia para prospectar infamias en contra de la gente en función de sus bajas pasiones y fobias paranoicas en contra de importantes actores de la sociedad guaymense, y a quienes de plano no nos los imaginamos colocando explosivos en la ruta del desfile o entre los asistentes a bailes populares.
Lorenzo de Cima
Sabe de cuál fumaron el Lorenzo y su asesor Alcaraz para imaginar una catástrofe de esa naturaleza hasta recurrir a la PGR para según ellos evitarla, como si esa dependencia y su delegado Figueroa Navarro no tuviera ocupaciones de real importancia como para perder el tiempo en estupideces.
Por supuesto que no están mancos quienes según el Lorenzo de Guaymas son una amenaza o fueron una amenaza para escuálida asistencia a esa fiesta anual porteña y no descarte usted que interpongan sendas denuncias por daño moral, difamación, abuso de autoridad y lo que resulte, incluidos daños a la salud de muchos guaymenses por ataques de hilaridad que seguramente sufrirán al enterarse de la estulticia de su presidente municipal.
Incluso el delegado de la PGR debería de abrir una indagatoria para dar con esas sagaces fuentes de información que alude el secretario de la comuna que alertaron sobre la inminencia de los actos criminales que perpetrarían contra el pueblo de Guaymas los denunciados y dicha indagatoria debería enfocarse en las seseras del alcalde y de su asesor de cabecera, no faltando quienes también como responsable de tamaña ocurrencia a Roberto Dagnino.
Otto Claussen
Por lo pronto, platicamos un rato con el diputado Villegas Rodríguez, quien si bien no es militante formal del PAN, se considera compañero de partido del munícipe y la verdad es que lo vimos asombrado y sorprendido por haber sido incluido en ese listado, destacando su incredulidad respecto también a las otras personas incriminadas.
A pesar de que formalmente no es integrante de la bancada del PAN, fuimos testigos de las palabras de aliento y de apoyo que Villegas Rodríguez recibió de la diputada Célida López, quien adelantó que por supuesto ese exabrupto demencial del munícipe guaymense, debería ser tema para el dirigente estatal del PAN, David Galván, aunque por nuestra parte dudamos que eso ocurra porque Galván obedece a intereses del padrecismo y el Lorenzo está rodeado de ellos.
También el diputado Epifanio Salido Pavlovich manifestó su solidaridad, considerando que resulta inadmisible y que son chingaderas el que un integrante de la 61 Legislatura de Sonora, sea objeto de un señalamiento como ese y “El Pano” subrayó que dicha opinión la emitió “on the record”, no descartando que en el curso de este fin de semana, el diputado y el resto de los incriminados por las alocadas prospectivas del de abultado trasero, emprendan acciones legales en su contra.
Manuel Villegas
Como ven, este jueves nos dimos una vuelta por el Congreso del Estado para la cobertura de parte de la sesión llevada a cabo y que distinta a las últimas ocho al menos, en ésta los diputados hicieron su chamba sin el acompañamiento de mentadas y estupideces de los cretinos contratados por Javier Dagnino para agredir por igual a legisladores y representantes de medios de comunicación.
Y sí, en efecto es gratificante poder hacer nuestro trabajo y nos imaginamos que los diputados también, sin ser increpados ni agredidos por desequilibrados mentales, logrando incluso meternos a la sala de plenos donde confirmamos que ya está listo Luis Serrato Castell para asumir este miércoles 15 la coordinación del Grupo Parlamentario del PAN, en cumplimiento del acuerdo al inicio de la legislatura cuyo primer año y medio correspondió encabezar a Moisés Gómez Reyna.
En el orden del día de destacar la propuesta del diputado David Palafox que recoge añeja demanda ciudadana para que las casas de empeño, los yunques y recicladoras sean centros operativos de objetos robados y mercado que alienta el robo de vehículos y domicilios.
“Vamos a cerrar el mercado a los ladrones”, subrayó el diputado hermosillense al informar sobre su propuesta de proyecto de decreto para adicionar al Código Penal la obligatoriedad de que las casas de empeño, yunques y empresas que compran metales o productos que son canjeables por dinero, exijan a sus clientes acreditar la legítima procedencia de los artículos que reciben.
“De no cumplir con lo dispuesto en la iniciativa, los dueños de estas empresas serían sancionados con prisión de un mes a nueve años y con multa de una a doscientas cincuenta unidades de medida y actualización”, subrayó Palafox Celaya.
Rodolfo Montes de Oca
Mientras tanto, vaya la soterrada ola de especulaciones que derivó de la reciente visita a Sonora de personal de alto nivel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron atendidos por el procurador Rodolfo Montes de Oca y el Secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, Erick Iván Jaimes, cuando la mera neta nada tiene que ver con la necesaria remoción de Raúl Arturo Ramírez, que para nuestros efectos, que bueno fuera.
Pero no. El martes pasado se llevó a cabo esa reunión donde por supuesto no estuvo presente el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el mentado Raulito pues, porque el tema tratado fue el cumplimiento y seguimiento a las recomendaciones que se hicieron por los atropellos cometidos en contra de Gisella Peraza y María Jesús Llamas, asuntos en los que la CNDH enmendó la plana a la CEDH por las evidentes complicidades y protección que esa instancia ofreció a los responsables.
Y este miércoles anduvo por estos rumbos un representante del Comisionado en México de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en lo que se considera una coincidencia porque el tema a tratar fue el asesinato de un ciudadano yaqui en Loma de Bacum, cuando aquel enfrentamiento por el paso del gasoducto por ese sector de la nación de la citada etnia, que fue resuelto pero que la instancia internacional da el debido seguimiento.
En alguna plática que sostuvimos con el procurador, fue enfático en su compromiso de ejercer su encargo con absoluto respeto a la ley y a los derechos de las personas y esas han sido sus instrucciones a todo el personal de la dependencia que encabeza y que darse el caso, estará en la mejor disposición de atender las recomendaciones que se hagan en esa materia y por supuesto las heredadas por la administración padrecista.
