El efecto ‘Cruz del Norte’ llegó hasta el bello puerto de Guaymas, hoy como nunca tan lejos de Dios y tan cerca de los lorenzos…
Resulta que el alcalde Lorenzo de Cima envió al delegado de la PGR un oficio solicitando la presencia de agentes de esa corporación, ante la posibilidad de que se realizaran ‘actos criminosos’ por parte de agentes desestabilizadores que por el tono del comunicado podrían presumirse miembros del terrorismo internacional tipo ETA o el Estado Islámico.
Los actos criminosos tienen que ver con hechos criminales, no vaya a pensar la carnavalera lectora, el palenquero lector, que están relacionado con el asesinato de úrsidos, mejor conocido como la acción y efecto de matar el oso, lo cual por cierto suele ser recurrente en temporada de carnaval.
En su oficio, el alcalde porteño señala como presuntos autores de esos potenciales hechos criminosos, a su antecesor Otto Guillermo Claussen Iberry, al diputado local Manuel Villegas, a los empresarios editoriales del grupo Padilla Hermanos y a los señores Juan José Ramírez, Víctor Marín y Norma Elvira Castro Salguero, que si bien no son unas Carmelitas Descalzas, no se les han descubierto hasta ahora vínculos con el terrorismo internacional, porque de ser así, ya habría mandado por ellos Donald Trump.
No sé qué se le figuraría al alcalde Lorenzo de Cima cuando mandó a su Secretario a solicitar con carácter de urgente la intervención de la PGR “tras haber recibido información que de manera inminente se pudieran realizar actos criminales con el fin de atentar contra la paz y la seguridad de las personas” durante las fiestas del carnaval.
El oficio fue girado el 22 de febrero y supongo que el delegado de la PGR, Darío Figueroa Navarro de inmediato envió un escuadrón SWAT y especialistas en labores de espionaje y contraespionaje, todos ellos por supuesto en calidad de agentes encubiertos que estuvieron vigilando puntualmente todas las fiestas, disfrazados de borrachos y trasvestis a bordo de tanques y tanquetas a su vez camuflajeados como carros alegóricos, y equipados con armamento de alto poder que escondían en grandes hieleras como para que la gente creyera que en realidad lo que llevaban en ellas era cerveza.
Fue tan exitoso el operativo secreto de la PGR, que durante el carnaval no pasó nada. Bueno, al menos no se suscitaron más hechos criminosos de los que usualmente se registran por esas fechas, aunque, de acuerdo con la información proporcionada ayer por once regidores porteños, al parecer los únicos actos criminales que se presumen, tienen relación con actos de corrupción, desvío de recursos y gandallismo presupuestal en la organización del carnaval, al que por cierto, catalogan como el peor de cuantos se han realizado en Guaymas.
Total que el alcalde porteño parece que vino por asesoría al Congreso del Estado durante los días que estuvo tomado por la delegación Cruz del Norte, aunque vale precisar que no necesita tales asesorías, pues muy cerca de él tiene al más lorenzo de todos como comandante en jefe de su imagen institucional.
Así le está yendo. No es la primera vez que la falta de oficio político del alcalde y su política de confrontación con ciudadanos, actores políticos y representantes de medios de comunicación en el puerto deriva en conflictos. No hace mucho, un grupo de personas entre los que se encontraban algunos comunicadores y activistas, la emprendieron a tomatazos contra las oficinas de Comunicación Social en el Ayuntamiento de Guaymas, acusando a su directora, Águeda Barojas de ser la jefa de troles (cuentas fakes desde las cuales se confronta a opositores mediante los métodos más ruines, al mejor estilo de lo que hacían para Guillermo Padrés sus encargados de comunicación e imagen, Jorge Morales y Javier Alcaraz, respectivamente).
Ese método, muy celebrado por el tristemente célebre Nuevo Sonora, a la postre derivó en el peor final que se recuerde para un gobernador. Lorenzo de Zima lo está repitiendo y si hace las cosas igual, no debe esperar resultados diferentes. Aguas.
II
Se están poniendo feas las cosas por rumbo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde la ausencia de su presidente, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, que prácticamente no se para por esas oficinas y se la pasa recluido en su casa provoca que la dependencia se encuentre al garete.
El aún ombudsman, cargado de compromisos con la anterior administración estatal entró en una ruta crítica cuando comenzaron a aflorar asuntos que por obvias razones, el padrecismo mantenía archivados, concretamente el caso de Gisela Peraza y el del personal despedido por el propio Ramírez al iniciar su periodo; aunque también se habla de asuntos administrativos no del todo claros.
El presidente de la CEDH sostiene ante quien quiera oírlo, que es víctima de un complot desde oficinas gubernamentales para forzarlo a renunciar antes de que venza su periodo (febrero de 2018), y desacreditarlo para frenar así su meteórica carrera hacia una diputación local, guajiro sueño en el que había venido poniendo buena parte de sus esfuerzos promoviendo acciones más parecidas a la beneficencia pública que a la defensa de los derechos humanos.
Así, Ramírez Ramírez entró en una ruta de confrontación con algunos funcionarios de la administración estatal, a quien endosa la autoría intelectual y material de los asuntos que le andan complicando la existencia, aunque en realidad sólo sean producto del rompimiento del dique que mantenía esos asuntos detenidos en la fiscalía estatal y en los tribunales laborales durante el sexenio de Guillermo Padrés, hoy preso en el reclusorio Oriente por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Paralelamente, y viendo la eventualidad de que el ombudsman abandone su cargo antes de tiempo, no han faltado quienes levanten la mano para entrar al relevo y ya se han manejado nombres como los del ex presidente de la Asociación Civil Sonora Ciudadana, Guillermo Noriega; la actual consejera electoral Marisol Cota Cajigas, el abogado Héctor Rodríguez Espinoza, entre los más sonados.
En el caso del primero, tiene la limitante de no ser licenciado en Derecho, requisito que marca la ley para aspirar al cargo, aunque podría el Congreso promover una reforma que, de entrada, tampoco se vería bien, pues llevaría una dedicatoria bastante explícita. Cota Cajigas no tiene experiencia en el tema de los derechos humanos y Rodríguez Espinoza, que ya fue secretario Técnico de la CEDH y acredita una vasta experiencia en ese y otros temas, al parecer no ha realizado el cabildeo suficiente.
Lo cierto es que el asunto del relevo anticipado en la CEDH se está enredando más de la cuenta, al grado que ayer trascendió que el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se entrevistó en la víspera con el procurador Rodolfo Montes de Oca Mena y el secretario de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, Erik Iván Jaimes Archundia traía como agenda el tema, a solicitud del propio Raúl Ramírez, lo cual fue desmentido, ya que sólo se trató del seguimiento a temas abordados en una reunión sostenida un par de semanas atrás entre la gobernadora Claudia Pavlovich y el presidente de la CNDH.
Lo que sí es un hecho, es que se están buscando perfiles adecuados para el relevo, ya sea que éste se dé antes de tiempo, por la renuncia de Raúl Ramírez, o se vaya a la vía larga que es el vencimiento de su periodo.
Ya se verá.
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