Esperada, previsible en el Congreso del Estado, la renuncia de Jesús Ramón Moya Grijalva a la dirección de Administración no tuvo el mismo efecto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde nos reportan a más de cuatro tomando agüita con azúcar y buscando ajos por doquier, para mitigar los sobresaltos ante la eventualidad de que el hoy ex funcionario se hiciera cargo de la Oficialía Mayor en ese organismo, como planteaban algunas versiones que circularon ayer por la mañana.
Fue como el Efecto Mariposa, cuyo aleteo, según el proverbio chino, puede sentirse al otro lado del mundo. En este caso, el aleteo de la renuncia de Moya provocó un tornado en la CEDH, donde hubo hasta reunión urgente del grupo compacto de su presidente, Raúl Arturo Ramírez.
Y es que la Oficialía Mayor es ocupada actualmente en la CEDH por Jesús Miguel Padrés, primo del ex gobernador y, de acuerdo con fuentes bien enteradas y mejor acomedidas, es el que hace el uno-dos junto con el secretario general de la Comisión, Luis Arturo Neblina Vega, hermano del diputado federal panista, a la hora del uso discrecional del presupuesto.
El problema parece ser que los manejos administrativos y financieros de la CEDH no pasan la más leve revisión, mucho menos una auditoría, ya que traen un desorden grande que ha pretendido ser ‘remendado’ ante el ISAF por medio de un tipo de nombre Carlos Munguía, empleado directo de Jesús Miguel Padrés, a quien mencionan como cabildero ante el ISAF para taparle el ojo al macho de la fiscalización, y como socio de Miguel Padrés en la compra de facturas para el mismo fin.
Este Carlos Eduardo Munguía Pimentel es el titular del órgano de control interno en la Comisión, pero despacha en la oficina de Miguel Padrés; trabajó hace años en el ISSSTE, de donde salió con no muy buena reputación.
Así, la sola idea de que un tipo profesional e institucional como Moya Grijalva asumiera ese cargo hizo tragar gordo a los que por rumbos del estadio Héctor Espino, traen algunos fierritos en la lumbre y que además, no parecen traerlas todas consigo en materia de empatía con la actual administración estatal, habida cuenta los compromisos establecidos entre la anterior que encabezaba Guillermo Padrés, y el aún presidente de la CEDH, Raúl Arturo Ramírez.
Al momento de cerrar este despacho, no pudimos confirmar la veracidad de esos rumores, pero el susto por allá no se los quita nadie. De hecho, reportan la presencia del presidente Raúl Arturo Ramírez, cosa rara, porque en los últimos meses son más sus ausencias que su presencia. Estuvo sólo dos horas hablando con su equipo cercano y se retiró.
No fueron gratuitas, pues, las caras largas que se vieron en el transcurso del día de ayer en las oficinas de la CEDH. Y la cara más larga, cuentan, no fue la del presidente (o no sólo la del presidente), sino la de Carlos Omar Peralta Benítez, quien firma como director general de Administración, aunque su trabajo se limita a firmar lo que le manden los otros, y al final, puede ser al que terminarán mandando al patíbulo.
Lo cierto es que Moya sale de la administración del Poder Legislativo después de doce años de trabajo institucional, en los que demostró una muy buena mano izquierda a la hora de tratar con diputados de todas las fracciones (y facciones) parlamentarias, con las que siempre tuvo un buen trato independientemente del color y signo partidista.
En su relevo entra David Suilo Orozco, un joven que ya había trabajado con el actual coordinador parlamentario del PRI, Epifanio Salido Pavlovich, cuando éste se desempeñó como coordinador de Turismo durante el sexenio de Eduardo Bours.
II
No baja la marejada en Guaymas, donde al alcalde Lorenzo de Cima ya no le alcanzan los dedos de manos y pies para tapar los hoyos por donde su barca hace agua…
Ayer circuló un oficio firmado por regidores en el que solicitan la renuncia del secretario del Ayuntamiento, Edgar Alan Jaramillo Pérez, a quien acusan de incurrir en actos de corrupción y abusos de poder, así como tráfico de influencias y lo que se acumule, citando la grabación que se difundió recientemente en la que se escucha al funcionario dialogar en florido lenguaje, con Lucano de Cima, hermano del alcalde, tocando temas escabrosos relacionados con la corrupción gubernamental y los negocios que ésta representa.
Lo acusan además de omisión, al negarse a acatar un acuerdo de cabildo para citar a comparecer a varios funcionarios de la administración municipal, señalados también en presuntos actos de corrupción.
Qué tan enredada no traerá la piola el alcalde porteño, que Jimena Jaramillo Pérez, una de las regidoras que firman la solicitud de remoción y cese inmediato del secretario del Ayuntamiento, es su hermana (del secretario, no del alcalde, se entiende).
Pero bueno, no todo son malas noticias en el puerto. La semana pasada estuvo por allá la gobernadora Claudia Pavlovich para inaugurar las obras de reconstrucción de la carretera al delfinario, evento en el cual anunció un fondo disponible ya, de 350 millones de pesos para iniciar la construcción de la planta desalinizadora de agua, un proyecto modular que abastecería en una primera etapa a ese puerto y a Empalme, y en un futuro también a Hermosillo.
Ayer por la tarde se recibió en el Congreso del Estado la iniciativa para desarrollar, mediante un esquema de asociación público-privada, una planta de ósmosis inversa que, ubicada en el Cochórit que estaría produciendo en su primera etapa 200 litros de agua potable por segundo.
La inversión total sería de 704 millones de pesos, de los cuales ya se tienen disponibles 350 millones.
Guaymas y Empalme tienen severos problemas de abasto; en el puerto hay muchas colonias en las que el servicio de agua potable se presta sólo un día a la semana, ya que el suministro depende de los mantos acuíferos de San José de Guaymas y Boca Abierta, que se encuentran sobre explotados hasta en un 75 por ciento.
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