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Para apoyar a que la pesca y la acuacultura se mantengan como una actividad redituable en Sonora, Omar Guillén Partida propuso este jueves que se tipifique como delito el robo en cultivos de camarón y otras especies similares en las granjas, o establecimientos acuícolas de particulares.

Al presentar la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción al artículo 308 y, reforma el penúltimo párrafo del citado artículo del Código Penal de Sonora, el legislador señaló que este delito ya se sanciona en los estados de Campeche y Nayarit.

Guillén Partida explicó que esta iniciativa responde a la solicitud hecha por empresarios del sector acuícola que se han visto gravemente afectados por este problema, en una actividad estratégica en la generación de empleos y derrama económica para nuestra entidad.

Actualmente -señaló- el camarón de granja acuícola en la entidad dispone de 26,039 hectáreas de espejo de agua abiertas al cultivo, y que en el año 2017 generó una producción de 63,000 toneladas en peso vivo, y con un valor de 6’930,000 millones de pesos.

Destacó que además de la importancia de lo anterior, la infraestructura en que se apoya tiene un valor aproximado de 300 millones de dólares, lo que da sustento a 6,654 empleos directos y a 9,760 indirectos; para convertirla en una actividad con efectos multiplicadores a la economía estatal, al requerir insumos y servicios provenientes de las empresas sonorenses.

El legislador señaló que la pesca y la acuacultura están sujetas a los impactos climatológicos, pero, la acuacultura, además de lo anterior, a los problemas de sanidad, además de verse gravemente afectado por el robo de recursos en cultivo.

Detalló que el robo significa un daño a la derrama económica formal y fuente de empleos que genera la actividad, además de observarse que el robo aislado ha pasado a ser ejecutado por verdaderas bandas, que sacan el producto, lo trasladan, guardan y comercializan poniendo en riesgo la actividad, así como la seguridad de las personas que laboran en los cultivos acuícolas.

La reforma al artículo 308 señala que se impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión, a quien robe en cultivos de camarón o cualquier otra especie similar en instalaciones acuícolas de particulares, ya sea producto por cosechar o cosechado.

Dicha pena se podría incrementar, dependiendo de las agravantes, por ejemplo, que se utilice la violencia en el robo, pudiendo alcanzar hasta 20 años de prisión.

La iniciativa propuesta por el diputado Omar Guillén se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y discusión.

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