De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), de 2007 a 2016, se registraron 210 mil homicidios por agresiones y tan sólo, durante 2017, se reportaron 31 mil 174 homicidios, 26.9 por ciento más que en 2016, cuando se registraron 24 mil 559, reveló el senador del Grupo Parlamentario de Morena, Américo Villarreal Anaya.
El legislador por el estado de Tamaulipas presentó un punto de acuerdo que exhorta a los Poderes de la Unión y las fuerzas políticas del país a alcanzar acuerdos que permitan atender de forma integral y eficaz la crisis de inseguridad y violencia provocada por el crimen organizado que padece nuestro país.
“Como hemos señalado, es necesario establecer una estrategia integral, basada en capacitación, coordinación, inteligencia y combate a la corrupción para garantizar una actuación eficaz y precisa del Estado mexicano en la atención del fenómeno criminal. Sin duda, un paso importante en este sentido será aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, elaborada por el equipo del presidente electo y organizaciones de la sociedad civil. Pero sobre todo, será necesaria una estrategia que tenga como cimiento el bienestar y el desarrollo de las personas y las comunidades”, indicó.
Dijo que, a través de su propuesta, se hace también un llamado a todas las fuerzas políticas del país a dar seguimiento y atender las conclusiones de los Diálogos por la Paz, la Verdad y la Justicia.
“La tarea es ardua y requerirá necesariamente de un esfuerzo de todos los poderes de la Unión y de todos los niveles de gobierno. En el Poder Legislativo habremos de contribuir con nuestra parte al revisar y expedir los ordenamientos que permitan sentar las bases de una nación segura, próspera y en paz”, mencionó.
El legislador de Morena también solicitó a la Cámara de Diputados establecer los acuerdos que permitan trabajar en conferencia, a través de las comisiones ordinarias competentes, para evaluar el desempeño de la actual estrategia de combate al crimen organizado y, en su caso, aprobar las reformas legales que sean necesarias para atender de forma integral la crisis de inseguridad y violencia que padece nuestro país, mismas que deberán tener como eje la tranquilidad, el bienestar y el desarrollo de las personas y las comunidades.
