La pandemia de Covid-19 ha causado en menos de un año niveles de enfermedad y muerte sólo comparables con los producidos por las epidemias de obesidad, diabetes y enfermedades metabólicas. Los efectos sobre la economía han sido también desproporcionados; se prevé que la pobreza y la desigualdad aumenten significativamente como resultado de la crisis causada por la pandemia. Así como lo lee estimado lector, mayor crisis.
En este contexto, las vacunas contra Covid-19 representan una gran esperanza. A fines de enero de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el órgano regulador de la Secretaría de Salud, ha aprobado dos vacunas para uso de emergencia en México y se espera que otras más se aprueben próximamente. Desafortunadamente, la aprobación de las vacunas no se traduce en acceso inmediato a ellas. Pese a lo que se diga, durante los próximos meses, las dosis de vacunas que lleguen a México serán insuficientes para alcanzar niveles altos de cobertura que reduzcan sensiblemente la mortalidad por Covid-19. La disponibilidad limitada de vacunas se debe a factores fuera del control de nuestro país: los sistemas de producción y distribución existentes no están preparados para satisfacer la demanda global de escala sin precedentes que estamos observando. Además, los países de ingresos altos tienen mayor poder adquisitivo y de negociación para tener prioridad en el acceso a las vacunas, en particular si la producción está dentro de su territorio, ya lo vimos con el país vecino. La escasez es un elemento clave para el diseño de la estrategia de vacunación, porque la selección cuidadosa de quiénes recibirán las primeras dosis permitirá sacar el mayor provecho a las dosis disponibles. Para ello, la Secretaría de Salud conformó el Grupo Técnico Asesor de Vacunación Covid-19 para desarrollar recomendaciones sobre la estrategia de vacunación, tomando en cuenta la mejor evidencia disponible. Uno de los primeros consensos, fue que el objetivo de la estrategia de vacunación debía ser la reducción de la mortalidad por Covid-19. En función de esto, las recomendaciones del grupo esencialmente son vacunar primero al personal de salud y después la población de acuerdo con su riesgo de muerte que, como se sabe, es significativamente mayor entre adultos mayores y con comorbilidades, sobre todo los que viven en regiones pobres y con alta densidad poblacional. El personal de salud no sólo es responsable de reducir la mortalidad entre los pacientes con Covid-19, sino que también, por su contacto directo con personas infectadas, se encuentra en muy alto riesgo de infección. Iniciar la vacunación con el personal médico de primera línea es una recomendación consistente a nivel internacional. Darles prioridad a estas personas, además de atender el principio ético de reciprocidad, es estratégico para los próximos meses en los que se esperan más contagios y muertes. Aun así existen médicos y personal de primera línea que no han sido vacunados en su institución.
Por otro lado, la probabilidad de muerte por Covid-19 no se distribuye al azar entre la población; es más alta entre las personas mayores de 50 años y con comorbilidades. El riesgo de muerte entre mayores de 50 años es de 9 a 18 veces más grande que entre la población de 20 a 29 años. Por ello, si se vacunara a un millón de personas de 20 a 40 años y sin comorbilidades, se evitarían miles de muertes menos que si se usara el mismo número de vacunas para proteger a personas mayores de 50 años y con comorbilidades. En la misma línea de argumentación, se pueden distinguir regiones con diferentes cargas de mortalidad. Los datos que se tienen indican que la carga de mortalidad es mayor en zonas urbanas y metropolitanas que en áreas rurales. Estos datos no son perfectos, ya que es posible que exista un subregistro de las personas que fallecen en áreas rurales. Aunque es algo que se debe investigar más, la mejor evidencia con la que se cuenta, incluso considerando el exceso de mortalidad total, sugiere que las zonas rurales más alejadas no son las más afectadas. La estrategia que de forma más rápida evita el mayor número de muertes es la que prioriza al personal de salud, a los municipios con mayor mortalidad y a las personas mayores de 50 años. Al vacunar al personal de salud y a las personas mayores de 50 años, quienes representan aproximadamente 20% de la población, se esperaría una disminución de hasta 80% en la mortalidad total por Covid-19, dependiendo de la eficacia de las vacunas. Esto, además, se traduciría en menor saturación de hospitales y en mayor espacio para atender a las personas más jóvenes, que tienen un menor riesgo de morir. Con esta estrategia, aun estando lejos de alcanzar la inmunidad de grupo, se podrían reactivar sectores sociales y económicos y podría disminuir el riesgo para la vida de las personas más susceptibles; y con esto llegaríamos a la protección de los susceptibles.
Dr. César Álvarez Pacheco
cesar_ap@hotmail.com
@cesar_alvarezp
Huatabampo, Sonora.
