El anuncio del incremento al salario mínimo para 2026 marca un nuevo capítulo en la política salarial del país, uno que confirma que la justicia social no es solamente un ideal moral, sino también una ruta jurídica y económica viable cuando existe voluntad. A partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte aumentará de 419.88 a 440.87 pesos diarios. Este ajuste, lejos de ser un simple dato administrativo, representa una reivindicación largamente esperada por el pueblo trabajador.
Durante años se sostuvo como argumento político y económico que elevar el salario mínimo provocaría inflación, pérdida de empleos y afectaciones a la competitividad. Sin embargo, la evidencia acumulada en esta última década desmintió ese temor. El incremento sostenido del salario mínimo ha avanzado en paralelo a tasas de inflación controladas y a una economía que, con sus retos, ha demostrado capacidad de adaptación. Hoy, el aumento no solo es posible, sino indispensable para cumplir con el mandato constitucional contenido en el Artículo 123, que establece que el salario debe ser suficiente para garantizar al trabajador y a su familia una vida digna.
El ajuste de 2026 se integra mediante dos mecanismos:
El Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos, creado en 2017 precisamente para corregir el rezago histórico del salario. Un incremento por fijación del 6.5%, aplicado después del MIR.
En la frontera norte, el aumento será del 5%, sin MIR. Con ello, se mantiene un modelo que busca la recuperación gradual y responsable del ingreso real.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha confirmado que entre 2018 y 2026 el salario mínimo habrá tenido una recuperación real del 154%, una cifra impresionante que no se veía en México desde hace décadas. Y esto es importante decirlo con toda claridad: esta recuperación no generó la inflación que durante tantos años se utilizó como argumento para mantener salarios bajos. Esa narrativa se cayó. Lo que sí generó fue la posibilidad para millones de familias de vivir con mayor dignidad.
Y es que el salario mínimo no es una dádiva del Estado ni una concesión política: es un derecho humano laboral, reconocido por México en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El trabajador tiene derecho a un ingreso que le permita cubrir las necesidades básicas de su familia, acceder a servicios, educación, vivienda, salud y a un proyecto de vida digno. La política salarial debe ser coherente con ese estándar jurídico, no con intereses de corto plazo.
Como ciudadano, me queda claro que sostener durante décadas un salario insuficiente terminó por normalizar la precariedad. Hoy, corregir ese rumbo es una obligación ética, constitucional y social. Por todo esto reconozco que pocas decisiones tienen tanto impacto real en la vida del pueblo como esta: poner más dinero en el bolsillo de quien trabaja todos los días, de quien sostiene la economía informal y formal, de quien mueve la producción nacional.
El aumento al salario mínimo para 2026 es, por tanto, un avance correcto en lo jurídico, responsable en lo económico y profundamente justo en lo social.
Es una decisión que honra la dignidad del trabajador y que reafirma que la prosperidad no puede ser privilegio de unos cuantos, sino un propósito colectivo.
