
En México, hablar de derechos humanos sin hablar de niñas, niños y adolescentes es ignorar a uno de los sectores más vulnerables —y al mismo tiempo más determinantes— de nuestra vida social. Durante años, el lenguaje jurídico utilizó el término “menores” como una etiqueta aparentemente neutral. Sin embargo, hoy sabemos que el lenguaje no sólo describe realidades: también las construye.
Un criterio jurisprudencial reciente (Registro digital 2026465, Undécima Época) estableció que las y los juzgadores deben abandonar el uso del vocablo “menores” al referirse a personas de la infancia y la adolescencia. No se trata de una cuestión de moda ni de corrección política, sino de una decisión jurídica de fondo que fortalece el principio del interés superior de la niñez, así como los derechos a la igualdad y a la no discriminación.
¿Por qué importa tanto una palabra? Porque el término “menor” coloca a quien lo recibe en una posición jerárquica inferior: siempre existirá un “mayor” frente al “menor”. Esa visión —como lo reconoce el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia de la Suprema Corte— transmite una idea tutelar y paternalista, que históricamente ha limitado la autonomía y la voz de niñas, niños y adolescentes.
En cambio, nombrarlas correctamente —niñas, niños o adolescentes— reconoce su identidad y su calidad de personas titulares de derechos, con autonomía progresiva y dignidad propia. Este cambio no sólo impacta en los expedientes judiciales: también envía un mensaje contundente a la sociedad sobre la importancia de replantear nuestras relaciones con la infancia y la adolescencia.
La justicia comienza por reconocer a cada persona como igual ante la ley. Y en ese proceso, las palabras importan. Abandonar el término “menores” es dar un paso hacia un país que entiende que la igualdad no se promete: se practica. Se nombra. Se respeta.
Porque sí: a partir de ahora, ya no les digas “menores de edad”. Llámales como lo que son: personas, titulares de derechos, y parte esencial del México que estamos obligados a construir.

















































