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El diputado Carlos León García, de Movimiento Ciudadano entregó ayer su renuncia al fuero que le otorga la Constitución, y solicitó que sea eliminado ese que llamó un privilegio que tienen 720 funcionarios en el estado.

La iniciativa sin duda es de muy buenas intenciones, de esas que dicen, están empedrado el camino de las campañas electorales adelantadas.

El legislador ya había presentado hace seis meses una iniciativa para eliminar el fuero en Sonora y hoy entregó su renuncia respectiva, acompañada de 10 mil firmas que respaldan la citada iniciativa.

El argumento central es que la ley se debe aplicar a todos por igual, sin distinciones ni privilegios (y) la función pública debe constituir un mandato de servicio a la comunidad y no una fuente de privilegio personal o de grupo.

Suena contundente y hasta bonito, sin embargo hay un pequeño problemilla: el fuero es irrenunciable. No es un privilegio, sino una prerrogativa indispensable para la existencia de las instituciones que salvaguarda, es decir, eso impide que la Cámara (en este caso) sea privativa de uno o parte de sus miembros por intervención de una jurisdicción extraña. Sirve pues, para proteger la independencia y autonomía de un poder frente a los otros.

Ahora bien, el fuero no es sinónimo de inmunidad y mucho menos de impunidad. De hecho, puede ser retirado por autorización de la asamblea, para lo cual hay un largo proceso que sería engorroso detallar aquí.

Cito: “Ese beneficio (fuero) no viene a ser sino un interés jurídicamente protegido, o sea un derecho reflejo y específico que corresponde a cada uno de los miembros de las cámaras legislativas fijado en el artículo 109 constitucional. Sin embargo no puede renunciar a ese derecho porque el beneficio de la ley no está establecido únicamente en favor de un particular, sino como miembro de una cámara que es en realidad la que tiende a ser protegida constitucionalmente, con objeto de que su función de soberanía no se menoscabe”.

Así, la renuncia del diputado Carlos León a su fuero no deja de tener cierta espectacularidad y concitar el aplauso ciudadano, pero esto se debe además del desconocimiento generalizado sobre esta prerrogativa, a una larguísima tradición en la política mexicana, según la cual los legisladores han hecho uso y abuso de su investidura al amparo de ese fuero, dándole un sentido de impunidad y no de protección a sus posiciones ideológicas y acciones políticas.

El tema pues, tiene que ver más con el comportamiento ético de legisladores y otros funcionarios, con un ejercicio honesto y transparente de sus funciones y con la renuncia a las componendas cupulares para protegerse entre sí, como ha habido y hay, muchos casos. Los más sonados actualmente en Sonora son los de Agustín Rodríguez y Teresa Lizárraga, diputados federales que llegaron a la cámara precisamente para postergar un enjuiciamiento por las muy documentadas trapacerías en las que presuntamente incurrieron durante su paso por el gobierno del hoy encarcelado Guillermo Padrés.

La iniciativa de Carlos León es de muy buena fe y sin duda acaparará espacios mediáticos en estos días, pero es improcedente en tanto no se reforme la Constitución federal en lo referente a esa materia, lo cual se antoja sumamente complicado.

II

La delegación Cruz del Norte, que mantiene tomado el auditorio del Congreso del Estado sufrió ayer un nuevo cisma. La señora Guadalupe Ojeda se comunicó ayer al noticiero de radio que conduce el colega y amigo Marcelo Beyliss para anunciar que ella y un grupo de personas se separan de las Víctimas del doctor Cerebro, como también se les ha dado en llamar.

El motivo, explicó, es que los señores Teófilo Ayala, Felipe Negrete, Margarita Sau, Alfonso Canaan siempre se han manejado en lo oscurito y tomado acuerdos sin consultar a la gente que sostiene la toma.

“Nos sentimos lastimados, heridos y utilizados por estas personas, después de tantos días de lucha sólo para ver que ellos abandonaron las demandas del movimiento y ahora sólo están enfocados en hacer campañas políticas con miras a las elecciones del año próximo”, dijo.

Ayer por la tarde circularon en Whatsapp varios videos en los que se observa una asamblea de este grupo, completamente enfrentados y acusándose entre sí de delincuentes y vendidos. También circuló una versión aparentemente de uno de los ‘dirigentes’ en los que a todas luces se observa que ya perdieron el rumbo del movimiento y parecen conformarse con los exhortos que han estado enviando los diputados a varias autoridades.

III

Este jueves en punto de las cinco de la tarde, habrán de rendir protesta como nuevos dirigentes del PRI en Hermosillo, Edgardo Briseño Hernández y Claudia Cano Vivero. El acto se llevará a cabo en el auditorio Plutarco Elías Calles en la sede del PRI estatal.

Y ya que andamos por rumbos del tricolor, dos sonorenses más se integraron a la nomenklatura nacional de ese partido: Gilberto Gutiérrez Sánchez, el dirigente estatal que ya firma como presidente de la Comisión Nacional de Seguridad, y Natalia Rivera Grijalva, la eficiente y eficaz jefa de la Oficina del Ejecutivo en Sonora, que se integró como presidenta de la Comisión de Asuntos de los Migrantes.

El senador Ernesto Gándara Camou recientemente asumió el cargo como secretario Técnico del Consejo Político Nacional del PRI, con lo que Sonora sigue ganando espacios en la dirigencia nacional de ese partido, que tendrá en 2018 la que parece ser la madre de todas las batallas.

IV

Al que le volvió a llover en su milpa fue al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, pues ayer el abogado de Gisela Peraza, Juan Antonio Ortega presentó una solicitud de juicio político en su contra, llevando consigo un grueso expediente en el que documenta una serie de presuntas conductas delincuenciales, autoritarias, nepotistas y hasta de índole personal en las que habría incurrido el Ombudsman, incluyendo algunas cuentas bancarias en el extranjero donde acumula cientos de miles de dólares.

El abogado coincidió con un grupo de personas, en su mayoría mujeres, ex empleadas de la CEDH a quienes Raúl Arturo despidió desde 2010 sin el pago de las liquidaciones correspondientes, mucho menos otras prestaciones.

Los fierros se le están acumulando en la lumbre al presidente de la CEDH, que este mes debería rendir su informe, aunque de hacerlo, estaría acudiendo al Congreso en las peores condiciones que se recuerde para un evento de este tipo, considerando que el único respaldo que podría tener es el de la delegación Cruz del Norte, a quienes acogió diligentemente en sus disparatadas denuncias sobre presuntas amenazas de muerte que recibió el más Lorenzo de esa delegación, de parte de varios periodistas. Sin aportar una sola prueba, claro está.

Veremos en qué para todo esto.

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