Hermosillo, Son. 28 de febrero de 2017.- Mayores facultades al titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, para que dicha área pueda actuar con prontitud y destreza en beneficio de los sonorenses, y exhortos para que no se incrementen las tarifas del servicio de transporte público y se implementen programas de descuentos en el pago del Impuesto Predial en los municipios, aprobó el Pleno del Congreso del Estado.
Durante la última sesión del mes de febrero, en la que se ratificó por un mes más al frente de la mesa directiva a la diputada Brenda Elizabeth Jaime Montoya, se presentaron dos proyectos de ley: para garantizar el uso de Internet en edificios y lugares públicos del Estado de Sonora, y de responsabilidad patrimonial para el Estado de Sonora, que fueron turnadas a las comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, respectivamente.
En la mesa directiva para el mes de marzo también participarán las diputadas Lina Acosta Cid, como vicepresidenta; Iris Fernanda Sánchez Chiu, como primera secretaria; Teresa María Olivares Ochoa, como segunda secretaria y Rosario Carolina Lara Moreno, como suplente.
A nombre de la Comisión de Protección Civil, el diputado Carlos Alberto León García dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 13 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, mismo que se fundamenta en una iniciativa presentada ante esta Soberanía por la titular del Ejecutivo estatal.
De la exposición de motivos del dictamen destaca que la temática de protección civil es muy importante para el Estado y sus ciudadanos, pues se trata de una entidad que se encuentra constantemente involucrada en evitar de nueva cuenta hechos lamentables e irreparables como los que se han suscitado en diversos tiempos, razón por la cual, los gobiernos, los representantes sociales y la sociedad en sí, tienen fija su atención en esta materia.
Agrega que el Coordinador Estatal de Protección Civil no cuenta con atribuciones específicas en la Ley de Protección Civil, que le permitan representar, administrar y operar adecuadamente los recursos humanos, materiales y financieros de la Unidad Estatal, lo que obstaculiza las operaciones de dicho ente, al no contar su titular con las herramientas legales que le permitan actuar con la agilidad y eficacia que su naturaleza y la misma sociedad le exigen.
Con la reforma al Artículo 13 de la Ley de Protección Civil se le otorgan facultades al titular para poder actuar con prontitud y destreza, para cubrir las necesidades de la sociedad sonorense en caso de así ser requerido, al contar con la certeza jurídica que le permita administrar los recursos, así como expedir las órdenes de inspección y verificaciones que sean necesarias, y determinar e imponer las sanciones que sean procedentes por el incumplimiento de obligaciones en la materia.
En el desarrollo de la sesión, el Pleno aprobó el Acuerdo por medio del cual este Poder resuelve exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal y al titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, a que tomen las medidas presupuestales necesarias para que durante todo 2017 no se incrementen las tarifas del servicio de transporte público urbano en el Estado de Sonora, en beneficio de la economía de las familias sonorenses.
A nombre del grupo parlamentario del PAN, el diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas recordó que el 27 de septiembre de 2016, los integrantes de dicha fracción propusieron reformar la Ley de Transporte del Estado de Sonora para incluir pasaje gratuito a estudiantes de áreas urbanas y un 50 por ciento de descuento a mujeres jefas de familia, en atención a la petición de organizaciones estudiantiles que solicitan este apoyo.
“Actualmente la Ley de Transporte únicamente considera el subsidio a estudiantes de municipios considerados grandes, dejando por fuera el apoyo a los jóvenes que residen en áreas rurales, pero que precisamente por estudiar lejos de su lugar de residencia gastan mucho más en transporte que un estudiante de zona urbana”, expresó.
Es labor de los diputados dar a los sonorenses condiciones de igualdad en las regiones y brindarles, desde el Gobierno, herramientas básicas para su desarrollo, agregó, por esto el tema de transporte es esencial para procurar que los niños y jóvenes estudien, y que las y los sonorenses puedan cumplir con sus horarios de trabajo para desarrollarse profesionalmente y procurar calidad de vida para ellos y sus familias.
También se aprobó otro Acuerdo con exhorto, éste dirigido a los 72 ayuntamientos del Estado de Sonora, con el objeto de que remitan al Congreso del Estado iniciativas que contengan programas de descuentos en el pago del Impuesto Predial, como una medida a favor de la economía de los sonorenses.
A nombre de los 33 integrantes del Poder Legislativo, la diputada Ana Luisa Valdés Avilés inició la lectura de la iniciativa, en la cual se reconoce que la gran mayoría de los habitantes del Estado atraviesan por una situación difícil, a consecuencia de los incrementos recientes de los productos derivados del petróleo y, por ende, de muchos otros productos destinados a cubrir necesidades prioritarias de los sonorenses.
Si a lo anterior se suma la obligación de los ciudadanos de cumplir con las cargas fiscales de carácter municipal, como lo es el Impuesto Predial, se profundiza aún más la problemática que enfrentan para hacer cumplir con dichos compromisos a su cargo, razón por la que los integrantes de la LXI Legislatura decidieron presentar esta iniciativa, indicó.
“A los diputados que formamos parte de esta Legislatura nos preocupa esta problemática que genera dificultades que debemos enfrentar todos, pero que lesionan de manera preocupante el patrimonio de aquellos que se encuentran en mayor grado de pobreza y vulnerabilidad”, establece la iniciativa, cuya lectura concluyó el diputado Fermín Trujillo Fuentes.
Iniciativas a estudio
Las comisiones de Educación y Cultura, y de Ciencia y Tecnología, estudiarán la iniciativa con proyecto de ley para garantizar el uso de Internet en edificios y lugares públicos del Estado de Sonora, la que a nombre del grupo parlamentario del PRI presentó el diputado José Luis Castillo Godínez, quien recordó que el 11 de junio de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la adición del párrafo tercero del Artículo 6 de la Carta Magna.
Agregó que en dicha adición se estableció como obligación para el Estado la de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
La iniciativa consta de 20 artículos y tres transitorios, con los capítulos denominados: Disposiciones generales; Del organismo encargado de la prestación del servicio público de acceso a Internet; y Del aprovechamiento de la infraestructura pública.
En su oportunidad, la diputada Rosario Carolina Lara Moreno presentó una iniciativa con proyecto de ley de responsabilidad patrimonial para el Estado de Sonora, por considerar, expuso, que sin duda uno de los asuntos que mayormente indigna a la población es el de los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia se asignan los servidores públicos.
“En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas se han colocado como una de las peticiones más frecuentes por la sociedad sonorense, sin embargo, en nuestra legislación actual no se encuentra regulada apropiadamente la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos”, aseveró.
Lo que busca es reglamentar el Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dijo, donde por una reforma de 2009 y posteriormente otra de 2015, en el último párrafo de la mencionada disposición se crea la responsabilidad objetiva y directa. El proyecto, que será estudiado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, consta de 52 artículos y tres transitorios.
El diputado Javier Villarreal Gámez presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, con el objeto de que todos los elementos, equipos e información que se obtengan por las labores de seguridad privada, se pongan a disposición de las autoridades encargadas de seguridad pública.
Esto con el fin de que haya una debida supervisión y control, dijo, además de que en los planes de capacitación que las empresas deban presentar, se contemple el adiestramiento para la custodia de la escena del delito, la obligación de conocer y aplicar los reglamentos de protección civil para saber qué hacer en caso de terremotos, asaltos, amenazas y procedimientos y evacuación, así como conocimientos en materia de juicios orales.
Villarreal Gámez informó que la seguridad privada se encuentra estipulada en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, pero no cuenta con la suficiente regulación de dichas actividades, ya que está establecida de manera breve en un capítulo, lo que complica el panorama estatal, cuando debería tratarse este tema en una ley específica, explicó. La iniciativa se turnó para su estudio a la Comisión de Seguridad Pública.
