Nadie está obligado a lo imposible y ese es el caso del Contralor Miguel Angel Murillo, frente a sus responsabilidades institucionales de solventar observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, respecto al ejercicio del gasto federal en Sonora de enero a mediados de septiembre del 2015.
El tiempo se agota y para el 15 de este mes la ASF iniciará los procedimientos administrativos y/o penales relativos a las inconsistencias de al menos 550 millones de pesos de recurso federal cuyo destino se desconoce y que resultó imposible de solventar las observaciones de la máxima instancia de fiscalización de este país.
Miren, con relación al recurso federal que aplica el Gobierno del Estado, la ASF observó irregularidades por un monto de 709 millones de pesos, 60 de los cuales correspondieron al último trimestre de ese año, quedando aclaradas las inconsistencias a ese monto, así como a las de alrededor de 100 millones aplicados en la recta final del padrecismo.
Miguel A. Murillo
Por eso subrayamos que nadie está obligado a lo imposible, porque para el vertical e institucional contralor del Estado, y para su capacitado equipo técnico, les resultó imposible satisfacer las exigencias documentales de la ASF ante al ya conocido desbarajuste y rebatinga perpetrada por el corrupto e incompetente PAN-Gobierno de Padrés.
En otras palabras, la nomenclatura del blanquiazul en Sonora debería de ser más cauta en sus alardes de resucitación y mejor prepararse porque todo indica que a su milpita está por caerle torrencial aguacero que seguramente empapará más a muchos ya señalados e indiciados como autores de actos de corrupción y a otros más que han estado nadando de muertito.
Es más, no falta quien sugiere que el iniciado programa de actualización del padrón de militantes del PAN en Sonora, es muy buen entrenamiento para bastantes de ellos por aquello que dicho trámite incluye poner la huella digital, requerida también para quienes son sujetos a procesos judiciales.
Como probadita de lo que se les viene encima, está el caso de la remodelación del Estadio “Héroes de Nacozari” en Hermosillo, obra de la cual la Contraloría Estatal no cuenta con documentación suficiente para acreditar en qué se gastaron casi dos millones de pesos, cuando el monto asignado era de menos de 250 mil pesos, y en similares circunstancias están en los rubros de salud, educación, seguridad pública, la CECOP, en donde la ASF encontró graves cuentas mochas, inconsistencias en la comprobación de gastos y destino del mismo.
Desde esa perspectiva, no descarte usted que en los siguientes días se incremente la carga de trabajo en los juzgados ante la masiva tramitación de amparos, e incluso aumente considerablemente el número de fugados, porque hasta esa bola de corruptos sabe que con la ASF no se juega, con la aclaración que los delitos que se les imputarán serán de índole federal.
Célida López
Por lo pronto, en primera fila de los en riesgo está el extitular de la CODESON, Vicente Sagrestano, y como la multicitada instancia fiscalizadora pega y luego averigua, también tiene en la mira a la ex subsecretaria de Participación Ciudadana y Enlace Institucional de la SEDESSON, la ahora diputada local, Célida López y su amigo del alma el también diputado y extitular del C4, Javier Dagnino, así como al extitular de la SEC, Jorge Luis Ibarra, entre otros.
O sea, todos los modelos meteorológicos indican que se avecina torrencial aguacero en la milpita que regentea de forma nominal David Galván, a quien le convendría hacer acopio de serenidad y paciencia, además de muy cuidadoso con quien se toma fotos, porque las cosas lucen muy tenebrosas para el changarro que le cuida a Damián Zepeda.
Pero además, junto con pegado, todo indica que avanza en tribunales la demanda civil presentada contra Padrés por el prestigiado profesional de la abogacía, Oscar López Vucovich e interpuesta por allá a mediados de agosto del 2015 y que documenta la “distracción” o pérdida de más de mil millones de pesos en la operación de recursos a través de distintas dependencias entre el 2012 y 2’13 solamente y exige entre otras cosas que se obligue al exgobernador la restitución del daño moral y material causado a miles de sonorenses.
En su momento dimos cuenta de esa demanda que tiene sus peculiaridades y novedades por tratarse de orden civil que concentra sus exigencias en que Padrés repare el daño moral causado al pueblo de Sonora, por su vergonzante actuación como gobernante, al tenernos en la picota nacional a causa de sus trapacerías e incompetencias para ejercer su encargo.
Oscar López Vucovich
Así como a López Vucovich, a miles de sonorenses nos avergonzó ese sujeto y que tal como lo establece en su demanda, además de esa vergüenza, causó angustia y sufrimiento como consecuencia de sus incapacidades para administrar el erario; por distraer recursos públicos aplicados en objetivos ajenos a lo establecido por la ley de presupuesto; de la pobreza causada por esos ilícitos; la ausencia de obras de beneficios comunitario y haber dejado de prestar los servicios que mandata la Constitución en materia de salud, seguridad pública y educación.
En resumen, en ese contexto se fundamenta la demanda que ya entró en la fase de las comparecencias, con la aclaración de que el demandante no aspira obtener algún lucro ya que prevé que lo recuperado vaya a dar al gobierno estatal.
Y tiene toda la razón el excontralor estatal, exsecretario de gobierno y exdiputado local: la fallida alternancia con el PAN y Padrés como gobierno, produjo desesperanza, tristeza y profundo daño moral a la sociedad y si bien no se establece en su demanda, también produce y produjo rabia popular y exigencias de justicia de parte de la gente.
Por lo pronto y en otra tormenta que desde hace rato azota a Padrés y a su partido, este jueves brilló por su ausencia la representación jurídica de las agentes de la PEI actualmente en la cárcel acusadas de torturar a Gisella Peraza Villa y a quienes bendito sea Dios, a pesar de esa grave imputación y su actual situación jurídica, se les sigue pagando sus emolumentos como funcionarias públicas.
Gisella Peraza
En efecto, Alma Rosa Molina Barrón y María Teresa Linzón Salas, disponen de todos los privilegios a pesar del auto de formal prisión en su contra, lo cual señala que se trata de peces gordos, que además de ese lujo, pueden pagar a una docena de abogados encabezados por Antonio Lozano Gracia, circunstancias que de acuerdo al abogado Juan Antonio Ortega, deberán ser investigadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Como bien lo dice el representante jurídico de Gisella, ser agente de la PEI debe ser muy redituable e influyente como para que estando detrás de las rejas el director de los Ceresos les lleve el cheque que les expide la Secretaría de Hacienda y además que tengan los recursos financieros para pagar los honorarios de una representación jurídica cuyos servicios se tasan en millones de pesos.
Por lo pronto Don Juan Antonio hace bien en inconformarse por esos privilegios y por ello exigirá a la procuraduría que investigue cómo es que las torturadoras de su defendida pueden pagar tan cara defensa y que para colmo sigan recibiendo su paga a pesar de estar encarceladas, situación que contrasta con Gisela, a quien encarcelaron por más de cuatro años y no ha recibido ninguna compensación por ese abuso, ni siquiera la liquidación de ley por haber trabajados más de 10 años para la familia Padrés.
Flor Ayala
Afortunadamente no hemos tenido necesidad de andar presentando querellas ni denuncias y por eso no sabíamos de la urgente necesidad de que cualquier agencia del Ministerio Público las reciba sin importar el sector, colonia o municipio, tal como lo propuso este jueves en el Congreso del Estado la diputada Flor Ayala.
Es que en efecto, luce indispensable facilitar a los ciudadanos el acogerse a la protección de la justicia, eliminar obstáculos burocráticos y dificultades al denunciar ilícitos, tal como lo propone la legisladora en su propuesta que fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Y de plano, reflejo de cómo andan los bonos del PAN, vaya el ridículo que hicieron sus diputados federales al convocar a los ciudadanos a firmar una exigencia para eliminar el gasolinazo y a pesar de su estructura nacional y la disponibilidad de millonarios recursos financieros, sólo pudieron acabalar poco más de 120 mil firmas en todo el país.
