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Con esta reforma a la Ley del Servicio Civil se evitarán que ante la imposibilidad de los titulares para atender en forma personalizada diligencias jurídicas, los lleve a perder juicios y afectar el patrimonio de los Ayuntamientos sonorenses.

Para ayudar a que los municipios enfrenten en mejores condiciones sus juicios y evitar que los pierdan y se afecte con ello su presupuesto, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este martes una adición al artículo 121 de la Ley del Servicio Civil de Sonora, que permitirá a los Ayuntamientos hacerse representar por apoderados, mediante simple oficio.

El diputado Emeterio Ochoa Bazúa, quien presentó la iniciativa con proyecto de Decreto, explicó que con esto se mejorará la fluidez de los procesos de los planteados por los municipios ante los tribunales, lo que evitará también daños a su presupuesto.

“Esto se reflejará indirectamente en la capacidad que tengan los ayuntamientos para estar en posibilidades de llevar una contienda más equilibrada y generar así un impacto positivo en la resolución de dichas controversias”, señaló.

Ochoa Bazúa mencionó que en la actualidad únicamente los funcionarios del Estado pueden ser representados por medio de apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio, dejando de lado a los Ayuntamientos de nuestra entidad.

El legislador comentó que lo anterior origina mayor complejidad para los municipios al momento de hacerse representar frente a controversias ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que influye en muchas ocasiones en la dilación del proceso, o en atraso para las municipalidades por no tener la misma oportunidad que los funcionarios estatales.

“Eso ocasiona que en algunas ocasiones se descuiden los asuntos sometidos a controversia, generando con ello impactos negativos en el presupuesto de los mismos”, expresó.

“Por poner un ejemplo”, añadió, “existen municipios pequeños que con una sola controversia que haya perdurado en juicio por algunos años, genera una sentencia millonaria en la cual se ordena cubrir al trabajador un monto que casi asciende o incluso supera el presupuesto total designado para el Municipio”.

La mayoría de este tipo de conflictos probablemente ha sido resultado de los descuidos o del entorpecimiento con las representaciones de sus funcionarios, por lo que resulta injusto se afecte el patrimonio de los ciudadanos, subrayó Ochoa Bazúa.

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