El exhorto de la LXI Legislatura sonorense a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con el objetivo de que se actualice el mínimo vigente, en base a una escala móvil que permita a los trabajadores brindar una vida digna a sus familias, debe ser apoyado por centrales obreras, sindicatos, organismos sociales.
El diputado Jorge Luis Márquez Cázares, quien hizo la exposición de la proclama legislativa, manejó una verdad irrefutable: El salario mínimo resulta totalmente insuficiente para una familia en condiciones normales, porque en los últimos años ha quedado rezagado bajo el argumento de que no podía incrementarse ya que se constituía en referente para créditos bancarios y multas, lo que elevaría niveles de tasas de interés y pagos.
Explicó el legislador priísta que actualmente eso dejó de ser pretexto para no aumentar el mínimo, pues con la desindexación generada el año pasado, ya no impactaría en otros aumentos, como argumentaba el Banco de México.
Y aunque se quedó corto, se pronunció por un salario de al menos 100 pesos diarios en lugar de los 80.04 establecidos, lo que permitiría restituir un poco el poder adquisitivo de las familias.
Al respecto, trabajadores cajemenses señalan que el presidente Enrique Peña Nieto, con el respaldo del Congreso de la
Unión, está obligado a ser congruente y transformar, también, la alternativa de salarios dignos.
No es posible –dicen- que el proceso reformista del Gobierno de la República trascienda hacia nuevas leyes de gran calado, como si el país fuese de primer mundo, olvidándose de algo fundamental: Que la base laboral sobre la que descansan mayoritariamente las nuevas leyes, carece de la capacidad económica para recibirlas y sostenerlas con dignidad y solvencia, porque en realidad experimenta grandes sacrificios con salarios míseros -casi congelados-, debido a que al inicio de cada año el Congreso del Trabajo y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, anuncia con desparpajo y cinismo el beneficio de 3.9 o 4 por ciento, sin salir de esos parámetros.
Estas deben ser las verdaderas tareas reformistas que está obligado a impulsar y defender el presidente Peña Nieto, sumándose en un acto de solidaridad, las fracciones parlamentarias de todos los partidos.
Además, no tendrían que imponer reformas al texto constitucional para abrir ese cauce que sería histórico, sino aplicar el espíritu del Artículo 123, en la fracción que establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Asimismo, el Gobierno de la República, los legisladores, no enfrentarían plantones, marchas, muestras de repudio, sino todo lo contrario, porque quizás el pueblo que sabe ser comprensivo, realizaría una gran manifestación para agradecerles una acción de justicia sin precedentes.
Cierto, al principio de la vorágine reformista del presidente Peña Nieto y Luis Videgaray, con el apoyo de PRI, PAN y PRD, los capitanes del dinero saludaron el hecho de que en México se estuvieran generando tantos cambios constitucionales en tan corto tiempo; pero fue evidente que su percepción carecía del sentido nacionalista que le urge al país para bajar la peligrosa temperatura que lo convulsiona.
En esta hora, a los integrantes de la poderosa cúpula empresarial y de la estructura de Gobierno, debe de preocuparles el contexto social de México, no manteniendo una visión egoísta sobre su macroeconomía, sino dándole un carácter integral, justo, donde se ponga de manifiesto el equilibrio que marque la vida digna de las familias, no permitiendo que los más de 50 millones de pobres sigan sufriendo por empleo, alimento, vivienda, educación, salud, porque la miseria, el hambre, las carencias extremas, son malas consejeras…
Le saludo, lector.
