Resulta natural que, después de casi dos años de no ‘cortar una madura’ los padrecistas asuman como una gran bocanada de oxígeno la sentencia de un juez federal declarando anticonstitucional el decreto que crea la Fiscalía Especial Anticorrupción, aunque en realidad se trate de una pequeña burbuja mediática que apenas alcanzó a levantar una leve polvareda en redes sociales.
Ocupados como están en salir del berenjenal de corrupción, descrédito y litigios de toda índole los padrecistas vean en la sentencia del juez segundo de distrito una tabla de salvación que, ni los salvará a todos ni expiará sus culpas pues, en el remoto e improbable caso de que la última instancia, es decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallara en el mismo sentido, las investigaciones y los juicios contra el ex gobernador Guillermo Padrés, su familia y una nutrida lista de sus funcionarios seguirían su curso normal, tanto en la fiscalía estatal como en la federal.
Hay que recordar que el ex gobernador y su primogénito están presos por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada, ambos de orden federal y es la PGR la que los acusa.
Es natural, sin embargo, que se pretenda magnificar el asunto del amparo pues, en un contexto político en el que los padrecistas no han tenido paz ni sosiego, cualquier cosa les viene ben.
Varios están en la cárcel y otros tantos andan prófugos de la ley (recientemente la PGR solicitó a la Interpol una ficha roja para localizar al ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista para que sea impedido de abandonar el país, detenido y en su caso, extraditado para que responda por las acusaciones que pesan en su contra y que no son cualquier cosa).
Ahora bien, cabe precisar que su condición de reos, prófugos, indiciados y/o proscritos no es gratuita. Las muy documentadas trapacerías de las que fueron actores el sexenio pasado configuran ese infierno de persecución, autoexilio, vacío social y descrédito político en el que van por la vida con el Jesús en la boca, y en el que de a poco o de a mucho, han ido gastando buena parte de esos recursos que indebidamente se embolsaron y de los que, como advirtió alguien hace tiempo, no disfrutarán.
Al menos, no en las condiciones en las que pensaron que lo harían si, como eran sus cálculos, hubieran llevado a Javier Gándara a la gubernatura.
Y un factor clave para que eso no ocurriera, fue precisamente el descaro y la sobrada altanería con la saquearon el erario, pues los sonorenses simplemente no estuvieron dispuestos a otros seis años de lo mismo. Es decir, el infierno en el que se encuentran fue atizado por ellos mismos.
Así las cosas, la campaña del PRI, basada en denuncias de corrupción y compromisos de combate a la impunidad y acciones concretas para llamarlos a cuentas, tuvo suficientes asideros en una realidad que los padrecistas fueron construyendo descocadamente.
No fue casual, pues, que una de las primeras acciones del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano fuera la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción y que ésta comenzara a integrar sendos expedientes documentando la ruta del dinero mal habido y peor gastado.
Por ello, también resulta natural que los la defensa de Padrés haya puesto como objetivo esa fiscalía, que hoy es motivo de debate.
El tema de la inconstitucionalidad de la Fiscalía lo comenzó a trabajar el despacho de Antonio Lozano Gracia desde que fue contratado para defender al ex gobernador, y encontró en el juez Manuel Hiram Rivera Navarro un buen aliado para intentar darle consistencia, aunque de acuerdo al procurador Rodolfo Montes de Oca Mena, se trata de un asunto de forma que no modifica la situación jurídica ni del ex gobernador ni de alguno más de los acusados en los escándalos financieros del padrecismo.
De hecho, quienes han levantado cierta polvareda en redes sociales asumiendo que esta es una victoria legal contundente, ni siquiera se han tomado la molestia de leer completo el comunicado del Consejo de la Judicatura Federal en el que a la letra establece que el otorgamiento del amparo al ex gobernador se circunscribe únicamente a “Que no sea investigado por la Fiscalía Especializada; sin embargo, las averiguaciones previas iniciadas en su contra deberán ser turnadas para su continuación a las autoridades competentes para que siga la prosecución de la investigación”.
También establece que “La resolución del Juzgado Segundo no invalida las diligencias realizadas por el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones, sino que se ordena sean remitidas a alguna unidad de investigación diversa a la FAS para que continúen con la investigación”.
Y concluye: “Cabe puntualizar que esta determinación puede ser impugnada por las partes mediante recurso de revisión del cual conocería un Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
En resumen, el amparo no modifica nada, es susceptible de revisión y nada cambiará hasta que se resuelva en la última instancia. Punto.
II
Y a propósito de cárceles y delincuentes, ayer se llevó a cabo en Hermosillo la primera sesión ordinaria zona noroeste, de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en la que se destacaron algunos logros en esa materia, señaladamente los relacionados con el abatimiento de la sobrepoblación y el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales del personal, así como los trabajos para la dignificación de la reclusión, un tema especialmente candente y controvertido, sobre todo después de la viralización de un video en el que algunos reclusos humillan a otros en el penal de Topo Chico, obligándolos a fregar el piso vestidos con lencería femenina.
Y refiero el caso porque este fue citado durante su intervención, por el comisionado nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, como una de las cosas que ya no deben suceder en México, y entre las que contó también el autogobierno delincuencial, el hacinamiento, la corrupción y la impunidad, realidades que aún existen en las cárceles del país.
En Sonora, coincidieron los presentes, se está avanzando en esas materias, logrando reducir de 1 mil a 7 mil 800 reos en los 13 centros de reinserción social; en la capacitación del personal penitenciario y el mejoramiento de sus condiciones laborales, así como en el diseño de programas para la reinserción social, que incluyen la industria penitenciaria y clínicas de desintoxicación, espacios deportivos y culturales y otros, como el llamado Puerta a la Libertad, que ofrece trabajo a internos que estén próximos a salir.
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