El 24 de noviembre de 2015, apenas dos meses después de tomar posesión como gobernadora, Claudia Pavlovich anunció en Guaymas la construcción de una planta desaladora modular, que abastecería en una primera etapa ese puerto y su vecina Empalme, pero que en el futuro también llevaría el agua hasta Hermosillo.
Ayer en el Congreso del Estado y con el voto unánime de todos los diputados se aprobó el decreto que autoriza la construcción de esa planta en la que se invertirán inicialmente, a través de una asociación público-privada 704 millones de pesos.
Hasta hace una semana, los legisladores del PAN habían insistido en vetar esa parte del proyecto que incluye a Hermosillo como uno de los destinos del agua procesada en esa planta, aunque evidentemente esa oposición se fincaba en argumentos más de índole político-electoral, que técnicos o de beneficio social
Y es que de alguna manera, el abasto de agua desde la hoy conocida como Desaladora Sonora, ponía en entredicho lo que para los panistas es la obra magna del gobierno de Guillermo Padrés, pero que para el resto de la población representó una inmensa fuga de recursos por las grietas de la corrupción, los moches, el tráfico de influencias, el nepotismo y favoritismo hacia ciertas empresas ‘divinas’ de la anterior administración.
En los hechos, el Acueducto Independencia, construido a toda prisa para ganarle a los tiempos legales de amparos promovidos desde 2010 por agricultores del Valle del Yaqui, y concluir la obra sobre la premisa de los hechos consumados, está abasteciendo menos del 30 por ciento de las necesidades de agua de la capital, y un costo muy alto.
Con el agregado de que el agua no falta en Hermosillo, porque hasta hoy, la ciudad sigue siendo autosuficiente, sin que ello signifique que lo seguirá siendo.
Como se recordará, el gobierno de Guillermo Padrés aprovechó la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón para desacatar impunemente cuanto amparo se otorgaba por jueces estatales y federales.
La obra finalmente quedó inconclusa, pues ya sin el manto protector de Calderón, el Poder Judicial de la Federación ordenó la suspensión de los trabajos en el ramal norte, una obra que llevaría el agua desde la presa Abelardo L. Rodríguez hasta el sector norte de Hermosillo, donde ya se había planeado la construcción de un gran parque industrial, y donde connotados personajes del panismo se habían hecho de grandes extensiones de terrenos a precio de ganga.
El Acueducto Independencia no sólo estuvo técnicamente mal diseñado y construido, también tiene la objeción, planteada desde siempre, en el sentido de que toma el agua de una fuente limitada como es la presa El Novillo, que a su vez depende de los caprichos de la naturaleza.
De hecho, la falta de lluvias en los últimos meses ha provocado que las puertas de la presa El Oviachic (a donde deriva el agua de El Novillo) sean cerradas hasta nuevo aviso, con lo que el Valle del Yaqui se quedará otra vez sin segundos cultivos, como ha ocurrido en otros años de sequía.
La desalación de agua marina, en cambio, tiene como fuente la inmensidad del océano, y es desde hace al menos un par de décadas, la opción más viable para el abasto en regiones desérticas, lo que se ha probado con éxito en países de Medio Oriente y otras partes del mundo.
En la segunda parte de su sexenio (1997-2003), el gobernador Armando López Nogales propuso un proyecto de esta naturaleza para traer agua desde el litoral de Hermosillo, a unos cien kilómetros de la capital, pero obtuvo la oposición de parte del PAN, liderado por Francisco Búrquez primero como jefe del partido y luego como alcalde de Hermosillo.
Mucho se ha repetido que si ese proyecto hubiera avanzado entonces, este 2017 ya se hubieran cumplido los 20 años de la concesión a la empresa que lo construiría y su administración estaría en manos del Ayuntamiento, pero sobre todo, Hermosillo se habría ahorrado episodios tan penosos como los tandeos en el trienio de María Dolores del Río, entre otros.
En aquel debate sobre la viabilidad de la planta desaladora en Kino, recuerdo muy bien una declaración del entonces alcalde de Hermosillo, Francisco Búrquez en el sentido de que el proyecto sí era viable, pero sería retomado una vez que él fuera gobernador del estado, ya que el señor tenía la esperanza de ser candidato a la gubernatura en 2003, lo que tampoco ocurrió, ya que el candidato fue Ramón Corral, quien perdió por apretadísimo margen contra Eduardo Bours Castelo.
Desde entonces, los argumentos contra la desalación de agua tienen más tintes políticos que técnicos o de beneficio social.
Algo pasó en esta ocasión y eso tiene que ver con la capacidad de negociación de los responsables de la política interna en el gobierno actual, y la voluntad de los panistas hoy para ponderar los beneficios de esa obra anunciada en noviembre de 2015, y a la que ya se le dio el banderazo de salida.
La oposición del PAN, que inicialmente había vetado la proyección modular de la planta para abastecer a Hermosillo en el futuro, se transformó en una serie de condicionamientos a propósito de tarifas, plazos y mecanismos de supervisión para la transparencia, garantía de pagos, sustentabilidad, entre otros.
Pero de que el agua desalada llegará a Hermosillo, es algo que estaremos viendo en unos cuantos años, y eso hay que abonárselo no sólo a los cabilderos de la administración estatal, sino a la voluntad de los panistas para ponderar los beneficios sociales de esta obra, antes que las obcecaciones políticas coyunturales.
Y hablo de los panistas, porque son hasta hoy la oposición más fuerte en el espectro político, pero también hay que darle su cuota de reconocimiento a otros partidos con representación en el Congreso, que también dieron el voto a favor, como lo son el PANAL, Movimiento Ciudadano, Morena y el PRD.
Desde luego, no hay que perder de vista que los primeros beneficiarios de este proyecto son los habitantes de Guaymas y Empalme, donde, como bien lo dijo el diputado empalmense José Luis Castillo “tenemos mucha agua de mar pero no tenemos agua potable; tenemos llaves pero no sale agua”.
Había -supongo que la sigue habiendo-, una corriente en el panismo que se opone a la construcción de esta obra. Pero ya para que hasta el alcalde de Guaymas haya abogado por su construcción, deja ver que en este caso, se están dejando de lado las posiciones de negativas a ultranza; se está entendiendo que los cargos públicos son transitorios y que lo verdaderamente relevante es el futuro de las ciudades. Y que ese futuro no se puede siquiera imaginar, sin agua.
Bien por eso.
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