De entre todas las comisiones de derechos humanos en México, la de Sonora es la única que cuenta con una Oficina para el Protocolo de Estambul, creada hace dos años para atender a las víctimas de tortura con los más altos estándares internacionales.
En el mes de junio de 2022 el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luis Fernando Rentería Barragán, impulsó la creación de esta nueva área que, de entonces a la fecha, ha emitido 83 dictámenes médicos y psicológicos que refuerzan las denuncias por tortura presentadas aquí y en otros estados de la República, e incluso de instancias judiciales federales que han solicitado el apoyo de la CEDH considerando la capacidad del personal de su Oficina para el Protocolo de Estambul.
En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, este 26 de junio, el ombudsperson sonorense recordó que la citada oficina se creó porque era muy necesario contar con un área así para atender más profesionalmente a las víctimas, y al mismo tiempo dar cumplimiento al acuerdo del Presidente de la República publicado el 25 de agosto de 2021 para atender a las víctimas de tortura.
Dijo que la creación de esta oficina coincidió, además, con la primera actualización que en el 2022 se hizo al Protocolo de Estambul –redactado desde 1999–, a fin de evitar el uso indebido del manual para negar los actos de tortura o para justificarlos.
Hoy el protocolo impide la impunidad al disponer de cinco niveles para correlacionar con la tortura las distintas situaciones denunciadas, así como tratamientos particularmente dirigidos a niñas y niños, personas migrantes y de la comunidad LGBT.
“Eso ha permitido que la CEDH Sonora actúe con mayor precisión en la defensa de las víctimas de varios estados de la República, de tal forma que en aquel 2022 se emitieron 15 dictámenes que evidenciaron tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; luego 48 en el año 2023, y otros 20 en lo que va de este 2024”, detalló Rentería Barragán.
Destacó la importancia de esos 83 dictámenes médicos, psicológicos y jurídicos, pues –dijo– la tortura es uno de las tres violaciones más graves a los derechos fundamentales, junto a la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada, ya que atenta contra la dignidad, la integridad y la vida misma de las personas.
Finalmente informó que el delito de tortura se investiga y persigue de oficio, además de que es imprescriptible y, por tanto, se puede ejercer la acción penal en cualquier tiempo.