Culminó la reunión de la Conago con Andrés Manuel López Obrador, arribando a un acuerdo que apaga algunos focos rojos encendido a raíz de la intención de entronizar a los “súper delegados” como secretarios técnicos en las coordinaciones de seguridad estatales, lo que prefiguró un escenario de confrontación entre gobernadores y el presidente de la República.
El asunto tiene aristas político-financieras, pero también técnicas y conocimiento del terreno en el área más delicada en estos momentos, cuando a cuatro días de iniciado el nuevo gobierno federal se reportan más de 300 asesinatos violentos relacionados con las pugnas entre bandas del crimen organizado.
En lo político-financiero, se levantaron las cejas de varios gobernadores frente al gran poder del que serían depositarios esos coordinadores de políticas del gobierno federal, que tendrían manga ancha para el manejo discrecional de los billonarios recursos federales destinados a obra pública y programas sociales, lo que habría de catapultarlos, naturalmente como candidatos a los gobiernos estatales.
Esto aún no se ha modificado, pero ya hay atisbos de replanteamiento, sobre todo porque no está listo el entramado legal para operar el nuevo esquema de pacto federal.
En lo técnico, baste imaginar aquí en Sonora al maestro Jorge Taddei presidiendo reuniones con los titulares de las fiscalías estatal y federal, las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, el ejército y la marina cuando, dicho sea con todo respeto y sin ánimo de desestimar sus capacidades, dudo mucho que tenga un diagnóstico que le permita tomar decisiones en esa materia.
Hace una semana, López Obrador había declarado que no se dejaría chantajear y que su “amo” era el pueblo, y el pueblo lo había mandatado para tomar decisiones como esa.
Lo anterior, a partir de los posicionamientos de algunos gobernadores, señaladamente los del PAN y el de Jalisco (MC), Enrique Alfaro, su desacuerdo con esos “súper delegados”. De hecho, en Jalisco no se instaló la primera mesa de coordinación de Seguridad, al no asistir las autoridades locales.
Ayer, cedió a la solicitud de los gobernadores, y ahora el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo tendrá que nombrar nuevos secretarios técnicos en los estados, para atender el tema de la seguridad.
Bien ahí.
II
En ese encuentro participó desde luego, la gobernadora Claudia Pavlovich, que se encuentra en Ciudad de México desahogando una agenda bastante cargada.
Se reunió con el titular de la ASF, David Rogelio Colmenares para definir mesas de trabajo y solventar observaciones pendientes desde 2013 a 2016 (ejercicios que le tocaron a su antecesor, Guillermo Padrés); la de 2017 no, porque no hubo observaciones.
Sostuvo reuniones previas a la de Conago con el presidente, donde abordaron temas relacionados con el presupuesto federal, que es la columna vertebral del desarrollo en las entidades. Este miércoles, la gobernadora se reunirá con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa para gestionar recursos y garantizar el subsidio de CFE a las tarifas para los 72 municipios del estado.
Por cierto, también gestionó capacitaciones para servidores públicos municipales con el fin de mejorar el ejercicio de los recursos federales, con orden y eficiencia, algo que urge, por lo que enseguida comentaremos.
III
Donde las cosas no andan del todo bien es en algunos gobiernos municipales, donde acaso por la novatez, la incapacidad de llegar a acuerdos ni siquiera entre los propios integrantes de la coalición, o por la presencia y operación de poderes fácticos que reclaman cuotas de poder luego de que apoyaran financieramente las campañas, se están enredando algunas cosas.
En Navojoa, a Rosario Quintero Borbón, neomorenista egresada de las filas del PAN, le estallaron dos escándalos seguidos. Primero con lo que se ha dado en llamar “valegate”, en el que se clonaron casi dos millones de pesos en vales de gasolina, y que ya le valieron sendas denuncias ante la ASF y el ISAF. Luego, con el reciente robo de un millón de pesos el pasado fin de semana, en las oficinas de la Tesorería. Ambos casos la han puesto en el camino de la judicialización de su gobierno.
A Sara Valle se le hizo bolas el engrudo desde el primer día, con la contratación de familiares, en sonados casos de nepotismo en los que se mantuvo incluso por encima de los cuestionamientos de sus propios jefes políticos.
Y en Hermosillo, a Célida López, también ex panista se le enredó la piola con la licitación para la renta de camiones recolectores de basura, en la que ya no se cuestiona sólo la opacidad con que se manejó el tema (en la administración pasada, con todo lo que se diga, la información fluía con facilidad y los procesos eran transmitidos en vivo por internet), sino por un compromiso financiero que luce gigantesco para una comuna en crisis, ya que al final, cada camión vendría costando alrededor de cinco millones de pesos, cuando su precio factura no llega a dos millones.
Se dice que al final del contrato (30 meses) el ayuntamiento tendría la opción de quedarse con ellos pagando sólo el 10 por ciento de su valor, pero ya se imaginará usted las condiciones en que estarán esas unidades para entonces.
Lo peor es que no hay una figura de autoridad que norme criterios en el actuar de los alcaldes (y particularmente en el caso de estas tres alcaldesas) y cada quien jala por su lado, si acaso obedeciendo a sus respectivos “inner circle”, o los precitados poderes fácticos.
Inicialmente se pensaba que esa figura sería Alfonso Durazo, pero si desde el principio no le hicieron caso, mucho menos ahora que trae sobre sus espaldas la pesadísima agenda de la seguridad pública en el país. Ni el súper delegado Taddei, ni el dirigente estatal de Morena, Jacobo Mendoza, ni la del PT, Ana Gabriela Guevara parecen tener la autoridad ni la experiencia para lidiar con el nuevo papel de sus huestes, y el suyo propio, ya no como oposición, sino ahora como gobierno.
Así, las cosas podrían empeorar.
IV
Con las comparecencias del director del transporte, Carlos Morales Buelna, y el de Telemax, Daniel Hidalgo Hurtado, concluyó ayer la ronda de funcionarios estatales que acudieron al congreso a detallar la glosa del tercer informe de gobierno.
Con más colmillo y experiencia en estos menesteres, los funcionarios, sobre todo Daniel Hidalgo que ya fue presidente de la Comisión de Vigilancia a su paso por el Congreso, llegaron bien pertrechados de información para dar respuesta puntual a todas las preguntas de los diputados.
Si se esperaba una carnicería por el tema de la llamada “Estafa Maestra”, Hidalgo Hurtado les mojó la pólvora al revelar que las transacciones a las que hizo referencia el reportaje que documentó triangulaciones de fondos millonarios hacia empresas fantasmas, comenzaron desde 2010 y hasta 2012.
Como en anteriores ocasiones, la dinámica transcurrió en una lógica en que algunos diputados fueron por lana y salieron trasquilados, señaladamente los del PAN, que hace apenas tres años fueron echados del gobierno estatal en medio de un mar de escándalos de corrupción en prácticamente todas las áreas.
Por otro lado, los de Morena, que tratan de suplir su novatez con un discurso muy crítico pero lleno de generalidades que se derrumban ante la contundencia de datos que no pueden rebatir.
Uno de los más críticos, Martín Matrecitos, que fue el encargado de cuestionar a Daniel Hidalgo, tuvo que reconocer en el pleno, que el funcionario venía muy bien preparado, y que ellos no venían a poner en el banquillo de los acusados a nadie, sino a solicitar información para contrastarla con la suya.
En resumen, a los funcionarios no sólo no les movieron un pelo, sino que estos terminaron conminando a los diputados a que se pusieran las pilas durante la próxima discusión del paquete presupuestal, para asignar recursos suficientes para seguir recomponiendo áreas que quedaron convertidas en zonas de desastre después del paso del huracán Padrés por el gobierno del estado.
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