El presidente la volvió a hacer, y puso al país entero a discutir sobre su más reciente lanzada: la orden de investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, que por la vía de la suspensión provisional detuvo la reforma eléctrica que el presidente mandó al Congreso con otra orden: la de no cambiarle ni una coma.
Ya los especialistas han bordado mucho sobre este tema, yo solo diré que si por el presidente fuera, estaría encantado de absorber las facultades y prerrogativas de la cámara de diputados y de la Suprema Corte. Encantado de ser, además de presidente supremo, legislador supremo y ministro supremo.
No estaría mal, porque nos ahorraríamos las carretadas de dinero que cuesta mantener a esos otros dos poderes, pero existe el ‘pequeño detalle’ de que al desaparecer, o someterse a la voluntad presidencial, perderíamos todo vestigio de dignidad y libertad; cualquier asomo de democracia, cualquier acceso a la protección de nuestros derechos y ahora sí, estaríamos bajo la férula de un solo hombre.
Agregaría un apunte. El señor Juan Pablo Gómez Fierro, al que el presidente mandó investigar bajo la premisa recurrente de que todo aquel que vaya en contra de sus decisiones está bajo sospecha de corrupción, en el pasado falló a favor del propio Andrés Manuel López Obrador.
Por ejemplo en 2018, un ciudadano solicitó un amparo para evitar la consulta convocada por el aún presidente electo para decidir si se cancelaba o no el aeropuerto de Texcoco. Gómez Fierro se negó a amparar al solicitante, la consulta se realizó y el resultado fue que el presidente, una vez en funciones, canceló esa obra.
López Obrador no puso bajo sospecha al juez y mucho menos ordenó investigarlo por ello.
Típico que mientras las resoluciones judiciales le favorezcan, todo bien. Cuando, no, pues todo mal.
Y ya engranado, el presidente se fue contra el ex ministro José Ramón Cossío, cuestionando su actuación en el caso de la guardería ABC, poniéndolo también en la picota de la sospecha de corrupción.
No mencionó, desde luego, que un grupo de padres y madres de las niñas y niños muertos y lesionados en aquel fatídico incendio, se plantaron desde noviembre pasado en las instalaciones de la secretaría de Gobernación, porque sus reclamos de justicia, vueltos bandera de campaña por el entonces candidato presidencial, no han sido escuchados.
Con su presidencial estilo, López Obrador citó también el caso de Florence Cassez, la francesa acusada de secuestro que fue liberada por violación al debido proceso y que ahora hasta ha amenazado con demandar al Estado mexicano por su encarcelamiento.
Omitió, sin embargo, mencionar que fue la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación quien redactó el proyecto que al aprobarse, culminó con la liberación de Cassez.
En descargo, hay que decir que de acuerdo con especialistas en la materia, el amparo concedido a la francesa fue acertado y derivó en jurisprudencias importantes sobre el debido proceso.
El punto es el talante autoritario que López Obrador está mostrando cada vez con mayor claridad para perfilar un presidencialismo exacerbado que ya doblegó al auditor superior de la federación y al mismísimo Poder Legislativo; que le ha mostrado los dientes al Trife y al INE de acuerdo a sus conveniencias.
Nadie mete las manos a la lumbre por las compañías energéticas que promovieron el amparo, ni se chupa el dedo ante la eventualidad de una cadena de corrupción que permitiera su operación en México. Sin embargo, como dice el lugar común, en un país donde impere el Estado de derecho (ese al que el presidente aludió como ‘una excusa para el saqueo’) hasta el peor criminal tiene derecho a su defensa.
De eso se trata un país de leyes y la suspensión provisional decretada por el juez Gómez Fierro es parte de ese proceso.
Lo otro es mandar al diablo las instituciones y dejar todo en manos de un solo hombre.
II
Primero el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares colocó a Sonora como el primer lugar entre todos los estados en el manejo de sus cuentas públicas. Con apenas 600 mil pesos observados, Sonora es la entidad que ha dado un uso más eficiente de los recursos públicos.
Luego vino el secretario de Hacienda, Arturo Herrera y colocó a Sonora entre los primeros estados en materia de transparencia y rendición de cuentas. Reconoció el sistema de auditorías en tiempo real y aseguró que eso da certeza de que los recursos públicos se están usando de forma correcta y en beneficio de la ciudadanía.
También estuvo aquí el director de IMSS, Zoe Robledo y reconoció la coordinación con el gobierno del estado para el abordaje de la pandemia, y destacó que Sonora es líder nacional en generación de empleos.
Ayer esta información fue ampliada por el secretario de economía estatal, Jorge Vidal Ahumada, quien informó que Sonora es el estado con mayor crecimiento en la tasa de empleo durante el primer bimestre de este año, ubicándose en segundo lugar nacional con 23 mil 550 fuentes de trabajo generadas.
Los datos son del IMSS, no de la instancia estatal.
Algo se debe estar haciendo bien en Sonora, para que el gobierno federal, de signo político distinto al estatal, reconozca en medio de los complicados tiempos electorales, con datos en la mano, ese trabajo. Se lo dice a Juan, para que lo entienda Alfonso.
Y es que en el contexto de las campañas locales, el candidato de Morena ha sido el más insistente en tratar de meter a la gobernadora a la contienda, señalando continuamente presuntas incompetencias y malos manejos financieros en su administración.
La gobernadora no le ha respondido. Al menos, no con palabras, sino con hechos que son reconocidos nada más y nada menos que por el propio gobierno federal a través de funcionarios clave.
Estos espaldarazos, que incluso el mismo presidente le ha dado durante sus giras por el estado desmienten la narrativa principal de Alfonso Durazo y apagan el fuego que intenta encender con ella.
Muy en el fondo, el candidato de Morena ha de estar pensando, respecto a los funcionarios federales, que si le van a ayudar de esa manera, mejor no le ayuden.
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