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Suele aludirse, no sin cierto aire peyorativo, a las mujeres que por alguna u otra razón se han separado de sus parejas y se hacen cargo de los hijos, como “mamás luchonas, cuatro por cuatro”, para ilustrar la multiplicación de sus esfuerzos, las penurias y los aprietos por los que tienen que pasar para la manutención de los menores y garantizarles el acceso a condiciones mínimas de calidad de vida.

 

Sin embargo, la situación de esas mujeres y sus vástagos no es, ni cercanamente, una alegoría graciosa de “bendiciones” y”todoterrenos”. Antes bien, puede convertirse en un drama cotidiano que eventualmente derive en tragedias relacionadas con la falta de educación, la imposibilidad de pagar guarderías, estancias o personas capacitadas para cuidar a los menores mientras ellas trabajan. Las páginas de nota roja suelen mostrar de vez en vez, el rostro de esas tragedias.

 

El problema se complica más para muchas de ellas, cuando se encuentran en la indefensión legal a la hora de exigir a los padres de las criaturas, cumplan con obligaciones tan elementales como una pensión alimentaria que por lo menos cubra los gastos de alimentación, vestido y educación para sus hijos.

 

Aunque se han endurecido las penas para padres incumplidos, el aparato de justicia simplemente ha sido rebasado en sus capacidades para atender todos los casos, que por cierto se han multiplicado en los últimos años, como signo también de una sociedad donde las desavenencias maritales son más comunes de lo que imaginemos y la desintegración familiar campea por todos los estratos sociales.

 

En Sonora hay sólo diez juzgados de lo familiar para atender estos casos. Tres de ellos en Hermosillo, otros tres en Obregón y el resto diseminados en los municipios más grandes, a donde tienen que viajar las interesadas que pasen por esa situación en municipios aledaños y a veces bastante retirados.

 

Hermosillo es un caso serio. En los tres juzgados hay nueve mil expedientes con demandas por pensión alimentaria. Cada uno de los tres jueces de lo familiar tendrían que atender 3 mil casos al año, entre pensiones alimenticias, custodias, adopciones y divorcios, lo cual humanamente es imposible.

 

Todos estos elementos fueron planteados por los jueces y recogidos en una iniciativa que presentaron ayer los diputados Célida López y Luis Serrato Castell, en la que básicamente se propone reformar artículos del Código de Familia del Estado de Sonora, para garantizar que los hijos reciban un monto de entre el 15 y el 25 por ciento de los ingresos del padre, desde el momento en que se presente la demanda.

 

Y es que, considerando la sobrecarga de trabajo, los juicios pueden durar hasta dos años, lapso en el cual no hay manera de obligar al padre a que cumpla con esa obligación.

 

Aunque este tipo de demandas se dan en todas las clases sociales, resulta particularmente grave en los estratos más desprotegidos, donde las mujeres están peleando pensiones mínimas, porque realmente no alcanzan a cubrir los satisfactores básicos con sus ingresos. Y si no les alcanza para mantener a sus hijos, menos para pagar un abogado.

 

Por eso es que se está estudiando también una propuesta para crear la defensoría de oficio de lo familiar.

 

El tema de las madres solteras, divorciadas, separadas, ya ha sido abordado en el Congreso anteriormente. Hace unas semanas, la diputada Kiky Díaz Brown presentó otra iniciativa para lograr que los deudores alimentarios morosos sean incluidos en el Buró de Crédito, como una forma de presionarlos a que cumplan sus obligaciones. Ayer, la legisladora cajemense manifestó el apoyo a la iniciativa de Célida López y Luis Serrato, mientras que Célida sostuvo que hay voluntad para trabajar juntas y consensuar una iniciativa que conjunte ambos temas.

 

 

II

 

Y ya que andamos por rumbos del Congreso, el que subió a tribuna para proponer una adición a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, fue el cajemense Rafael Buelna Clark.

 

Se trata de un agregado para obligar a los entes públicos a que ‘suban’ a sus plataformas digitales toda la información relacionada con obras públicas, en un plazo de cinco días hábiles a partir de que los documentos se emitan o suscriban.

 

La ley ya obliga a hacer eso, pero es omisa en cuanto a los tiempos para publicar toda la información relacionada con las convocatorias, contratos, informes de avances y modificaciones contractuales.

 

III

 

Vaya calambre que provocaron los sabuesos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, a los propietarios y empleados de las casas de empeño en el estado, con la serie de cateos que están llevando a cabo en diversas ciudades, comenzando con Hermosillo y Obregón.

 

Ya hay por lo menos seis detenidos y una cantidad importante de bienes asegurados al no poder comprobar su legítima procedencia.

 

Ayer circuló la noticia de que en los últimos días, las casas de empeño registraron una caída de hasta el 80 por ciento en sus actividades, después de que el personal a cargo del fiscal General, Rodolfo Montes de Oca Mena llevaron a cabo estos operativos.

 

La verdad es que se estaban tardando, pues desde hace mucho era un secreto a voces que las casas de empeño son uno de los principales clientes de la malandrinada que cotidianamente ataca hogares, negocios, oficinas, escuelas, automóviles, sustrayendo toda clase de artículos que terminan en esas casas de empeño, donde no se les exige factura o algún comprobante que acredite la legal procedencia de esos bienes.

 

Eso crea un círculo vicioso que termina convirtiéndose en prácticas que fomentan el delito. Un círculo, hay que decirlo, al que las autoridades parecen decididas a romper y de hecho ya se están viendo los primeros resultados.

 

Todo era cosa de que se decidieran a actuar, pues apenas en estos primeros operativos ya se activó la señal de alarma y los dueños de las casas de empeño la van a pensar dos veces antes de aceptar ser partícipes de operaciones con artículos cuya legítima propiedad no pueda ser acreditada.

 

Los malandros a su vez tendrán que buscar otras opciones, que de hecho existen, como tianguis y “segundas”, o bien el trato personal con posibles clientes, pero es buena señal el hecho de que les estén cerrando los caminos.

 

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