El lunes, la gobernadora tuvo una reunión con su gabinete legal. El martes, con su gabinete ampliado.
De lo que hablaron, dirían los clásicos, sólo ellos lo saben, pero trascendieron algunos pasajes de esos encuentros y los mismos indican que la gobernadora les leyó la cartilla de una manera enérgica a los integrantes de su equipo, y más de cuatro salieron bien acalambrados.
De entrada, les exigió que en un plazo muy breve, le presentaran un plan de aplicación inmediata para reducir hasta en un 30 por ciento los gastos en todas las dependencias y organismos gubernamentales.
Eso implicaría reducción de personal (ayudantes de los ayudantes y secretarias y secretarios de asuntos irrelevantes, que abundan en todas las oficinas) y optimización del gasto, lo que en buen castellano se traduce como bajarle a los viáticos, uso de automóviles, combustibles, celulares y todo aquello que no sea estrictamente necesario.
La austeridad republicana, pues, se les apareció a los funcionarios públicos del estado y no tiene que ver con payasadas tipo Martí Batres o Monreal, de llevar sus burritos de frijoles en un tupperware o llegar al trabajo en bicicleta, sino con acciones efectivas para frenar el dispendio.
Pero por otro lado, también les dio un fuerte jalón de orejas por los resultados de la jornada electoral pasada, adversos para el partido en el gobierno, y los instó a abandonar la abulia y redoblar esfuerzos para cumplirle al ciudadano con trabajo y resultados tangibles, porque todavía faltan tres años a este sexenio, y en el nuevo contexto no serán nada fáciles.
Y es que al parecer, muchos funcionarios tricolores encontraron en el “tsunami” lópezobradorista el pretexto ideal para justificar la derrota, evadiendo un análisis autocrítico de lo que hicieron o dejaron de hacer para consolidar el proyecto de la gobernadora y validarlo en las urnas.
Porque el “tsunami” no pasó en Puebla, Guanajuato y Jalisco y eso significa entre otras cosas, que en esos estados algo se hizo para que no sucediera lo que en otras entidades, incluida Sonora, donde el partido en el gobierno perdió los siete distritos federales, 20 de 21 locales y los 18 municipios que contienen más del 80 por ciento de la población.
Dicen que el regaño estuvo fuerte y quizás sea el preludio de los tan anunciados movimientos en el gabinete. Eso dicen.
II
Hizo roncha el caso presentado en el despacho de ayer, acerca de una operación presuntamente fraudulenta que habría llevado a cabo el Ayuntamiento de Hermosillo, mediante la cual se adjudicó un predio de particulares que adeudaban alrededor de 15 millones de pesos por concepto de impuesto predial.
De acuerdo con los denunciantes, el predio en cuestión cuenta con una cédula hipotecaria y por tanto no podía ser sujeto de embargo o cualquier otra diligencia que entorpeciera el juicio entre particulares, en este caso, la familia Valenzuela y la empresa Comercial Centro, que litigaban un millonario adeudo.
Quien aparecía como propietaria del predio era esta última empresa, que a la fecha de la adjudicación por parte del Ayuntamiento mantenía un adeudo por 15 millones de pesos, originados por el no pago de prediales de varios inmuebles de los que es propietaria. La deuda ascendía a 15 millones de pesos.
Y los inmuebles de dicha empresa, que originaron en adeudo son los que albergaban aquellos centros comerciales conocidos como VH. Uno ubicado en Reforma y Luis Encinas; el de Reforma y Mendoza, el de Plaza Sur, en bulevar Vildósola y Solidaridad, así como el VH Plaza Grande, ubicado en Solidaridad y Tepic.
Si el Ayuntamiento procedió a la adjudicación, fue porque si bien la familia Valenzuela era la acreedora, el municipio tuvo preferencia por grado de prelación, ya que desde dos años atrás tenía inscrito el embargo en el Registro Público de la Propiedad.
Hasta el momento, nadie ha comparecido en representación de la empresa Promotora Comercial del Centro y el domicilio señalado para recibir notificaciones, es una oficina ubicada en el VH Centro, que se encuentra abandonada.
Este asunto, como mencionamos ayer, viene de varios años atrás. El predio fue embargado por el Ayuntamiento desde junio de 2012 y en octubre de ese mismo año, se practicó un nuevo embargo por nueve adeudos adicionales. La cédula hipotecaria a la que alude la familia Valenzuela fue inscrita el 28 de abril de 2014, es decir, dos años después.
El pasado 27 de junio se adjudicó al municipio de Hermosillo debido a que no hubo postores, al 60 por ciento del valor comercial (16.6 millones de pesos), con lo que se dio por terminado el procedimiento fiscalizador, al cobrarse con ese remate 34 adeudos adicionales por 15 millones de pesos.
Después de esa fecha, el predio pasó a ser patrimonio del municipio, poniéndolo bajo la administración de sindicatura municipal, y el 24 de agosto de este año, el cabildo de Hermosillo autorizó su venta por 29 millones de pesos.
Esa es parte de la historia de este litigio, que seguramente continuará en tribunales por más tiempo, ya que la parte que se dice afectada está utilizando los recursos legales a su alcance para defenderse de lo que consideran un despojo por parte del ayuntamiento. Veremos cómo evoluciona este asunto.
III
Curioso el silencio en redes sociales ayer por la mañana, cuando se difundieron imágenes de la reunión que sostuvo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con gobernadores de los estados fronterizos para abordar temas de la agenda común en esa región de la patria, señaladamente los que tienen que ver con incentivos fiscales (reducción de IVA e ISR), pero en la que los mandatarios estatales aprovecharon para plantear temas particulares de sus entidades.
Curioso el silencio, digo, sobre todo de aquellos que durante la pasada reunión del tabasqueño con integrantes de la Conago, se difundió la fotografía oficial de ese encuentro, en la que Claudia Pavlovich aparecía hasta la última fila de atrás, por cierto, a un lado de la gobernadora electa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Los maledicentes, sin embargo, se cansaron de tejer historias para tratar de afianzar la idea de una mala relación entre el presidente y la gobernadora de Sonora, arguyendo el desencuentro registrado por estos lares a propósito de la aprobación del paquete de reformas constitucionales.
Si nos atenemos a esa lógica, las imágenes difundidas ayer indicarían que tal desencuentro ha sido superado, pues esta vez ambos aparecieron muy juntitos y sonrientes.
Lo cierto es que ni en uno ni en otro caso, el acomodo para la fotografía oficial es elemento determinante para concluir filias o fobias y más bien son ganas de reducir hasta su máxima expresión el análisis político, llevándolo al terreno del simplismo.
La controversia por las reformas a la constitución de Sonora sigue su curso legal y seguramente permanecerá en la agenda por varios meses más; sin embargo eso no puede frenar la necesaria e institucional relación entre los depositarios de los poderes ejecutivos en la federación y en los estados, donde hay demasiados temas pendientes que requieren la colaboración de los gobernadores con el presidente electo.
Lo otro puede servir para la anécdota, pero no para acercarse a conclusiones serias. Para ello se tendría que aludir a los temas de seguridad, vivienda y transporte, entre otros que fueron abordados en la perspectiva del acuerdo de coordinación federación-estados, y que son realmente relevantes.
Por cierto, y ya entrados en gastos, trascendió que la gobernadora aprovechó el encuentro para plantearle al presidente electo la creación de un fondo de apoyo para niñas, niños y adolescentes migrantes repatriados no acompañados para garantizar la atención a ese sector vulnerable.
La gobernadora trae muy fresco el tema, pues recientemente inauguró el albergue Tin Otoch, el primero en su tipo en el país, para atender a esos menores en tránsito. Un albergue que se concretó a partir de donaciones de organismos nacionales e internacionales, y que cumple con los estándares mundiales para instalaciones de este tipo.
También me puedes seguir en Twitter @Chaposoto
Visita www.elzancudo.com.mx
