En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y con el tema de la eliminación de presupuesto a refugios para mujeres maltratadas (que luego fue reconsiderado), en Sonora se llevó a cabo un muy plural encuentro de mujeres para conocer una serie de reformas legales para sancionar más severamente la violencia contra ellas.
Se trata de tres reformas al Código Penal que fueron presentadas ante un nutrido grupo de mujeres de variopinta actividad y signo político ante quienes la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano expuso esta iniciativa que busca endurecer penas contra agresores de mujeres y ensanchar los horizontes de participación social y política de las mismas.
La iniciativa establece sanciones de dos a seis años, y multa a quien cause daño físico, sicológico, sexual, económico, o que tenga como propósito afectar los derechos de participación política de las mujeres. Se tipifica como delito la violación entre cónyuges concubinato o relación en pareja; se deroga el delito de rapto y se equipara al de privación ilegal de la libertad.
Llamó la atención la composición de la audiencia, pues estaban allí diputadas de todas las fracciones parlamentarias, mujeres empresarias y de diversas organizaciones de la sociedad civil; mujeres que encabezan dependencias y organismos públicos: desde la Fiscal General, Claudia Indira Contreras; Blanca Luz Saldaña, del ISM; Natalia Rivera, jefa de la Oficina del Ejecutivo; Guadalupe Taddei Zavala, presidente del IEE y del Observatorio de Participación Política de las mujeres, y Karina Muñoz en representación de la presidente del TEE, Patricia Salazar.
II
El conflicto entre el Ayuntamiento de Hermosillo y la concesionaria del servicio de alumbrado público entró en una fase en la que parece quedaron atrás los manotazos en la mesa, las campañas negras y la guerra de desplegados, y si bien el litigio sigue, las partes han asumido que con responsabilidad, madurez y buena mano izquierda, se puede llegar a acuerdos que no las perjudiquen tanto, pero sobre todo, que beneficien a los ciudadanos.
Así, la alcaldesa Célida López informó ayer que un juzgado federal con sede en Guadalajara falló a favor de un recurso interpuesto por la autoridad municipal, para que los recursos obtenidos por el pago de impuesto predial y traslado de dominio no sean utilizados como garantía para cumplir compromisos financieros con la concesionaria.
Como se recordará, el título de concesión establece que esos recursos irían a un fideicomiso para garantizar los pagos a la empresa, si no alcanzaban a cubrirse con el Derecho de Alumbrado Público (DAP) y ésta tendría acceso a las cuentas de dicho fideicomiso, pero ayer un tribunal falló en contra de esa disposición.
El logro aquí es que los ingresos municipales quedan a salvo y se podrán utilizar para programas sociales y obra pública, en lugar de destinarlos a pago de deuda.
Por otro lado, se recordarán que inicialmente la alcaldesa había manifestado una posición irreductible en el sentido de que su lucha era por rescindir la concesión, pero después de varios desencuentros con la empresa, las rondas de negociaciones comienzan a mostrar resultados, y uno de ellos es la renegociación de los pagos mensuales pactados en el contrato.
De esta manera, al ampliarse de 15 a 20 años ese contrato, los pagos se reducirían de 17 a 12 millones de pesos mensuales.
Mientras tanto, queda pendiente la comprobación del ahorro que representa el cambio de luminarias tradicionales a LED en términos de consumo de energía eléctrica, lo cual reduciría sustancialmente los pagos que deben hacerse a la Comisión Federal de Electricidad, pero ese es un asunto que todavía está en proceso.
Lo destacable es que el conflicto ha entrado en una ruta de negociación, lo cual siempre será mejor que el oscuro callejón de los madrazos, ¿o no?
III
Después del muy decoroso trabajo que hizo Alejandro Corral como encargado de despacho en la Sedeson, se esperaba que la curva de aprendizaje del nuevo secretario, Manuel Puebla se prolongara demasiado, pero por lo visto agarró un atajo y se fue directamente por la recta.
Con apenas un mes en el cargo, el ex secretario particular de la gobernadora está probando que traía el ritmo que ésta impone en su agenda diaria y no ha batallado para hacer equipo y multiplicarse en la atención a las necesidades de las familias más desprotegidas.
En este corto lapso se le ha visto lo mismo en Pótam y La Victoria, que en Banámichi, Baviácora, Aconchi, Moctezuma. Esta semana estuvo en Altar, Pitiquito y Caborca, donde al lado de los alcaldes de esos municipios entregó obras de pavimentación, agua potable y vivienda con valor de más de seis millones de pesos, beneficiando a miles de habitantes de esa desértica región.
IV
La denuncia que presentó el colega y amigo Luis Alberto Medina por presuntos actos de hostigamiento, persecución y campañas negras en su contra deben aclararse cuanto antes.
A Medina lo citaron a declarar ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción tras presentarse una denuncia firmada por presuntos “simpatizantes de Morena en Sonora”, y si bien la fiscalía está obligada a investigarla de oficio, no deja de ser preocupante la presión hacia el periodista y su empresa, a la que acusan de recibir pagos por más de 800 mil pesos de parte del Congreso del Estado, sin convenio de por medio. Lo cierto también es que el Congreso no tiene convenios firmados con ningún medio de comunicación.
El asunto pinta raro, porque los ojos de sus críticos se han dirigido a las esferas gubernamentales como el posible origen de la denuncia, aunque ésta resulta tan obvia que no podría descartarse la intervención de algún “acomedido” interesado en “arrimarle fuego” al gobierno de Claudia Pavlovich, a sabiendas de que Medina ha sido uno de sus principales críticos.
No es la primera vez que el colega se ve inmerso en conflictos de este tipo y eso ha llevado a que algunos ponderen su proclividad a vivir del escándalo para incrementar su rating, pero en un contexto en que la actividad periodística se ha tornado peligrosa, ningún intento por acallar voces debe ser subestimado. Desde aquí la solidaridad con el colega y la exigencia de que se aclaren las cosas.
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