La gobernadora Claudia Pavlovich volvió a poner el dedo en el renglón de los puntos no resueltos en los acuerdos firmados por los gobiernos de México y Estados Unidos a propósito del tema migratorio, pues no queda del todo claro los montos y destinos de los recursos que la federación destinará a la atención de migrantes, sobre todo en los estados fronterizos, como es el caso de Sonora.
Este es un tema de seguridad pública, pero también de empleo, salud, educación, vivienda con el que tendrán que lidiar los gobernadores de estas entidades, una vez que los gringos comiencen a mandar a este lado de su frontera sur a todos los solicitantes de asilo político (con muy pocas probabilidades de que les sea aprobado).
También con los miles que ya se encuentran aquí en Sonora y los que seguirán llegando desde otros estados del país, pues ya se encuentran en México y en tránsito hacia la frontera norte. Además de los que seguramente seguirán pasando por la muy porosa frontera sur, a pesar de los seis mil elementos de la Guardia Nacional que serán enviados a esa selvática región donde los límites fronterizos no existen en buena parte del territorio. Alguna vez me tocó estar en la frontera con Belice y aquello es un encanto de porosidad hacia el norte y hacia el sur.
Realmente es un enigma el origen, montos y destinos de esos recursos para cumplir compromisos adquiridos con Estados Unidos, y el velo del misterio se vuelve más denso cuando se lee a Donald Trump hablando de acuerdos no revelados y que en su momento tendrían que ser aprobados por los legisladores mexicanos, si no quieren que los espanten de nuevo con el petate del muerto arancelario.
La gobernadora se dio tiempo de responder preguntas al respecto en medio de una agenda que reunió a los 72 alcaldes que gobiernan cada uno de los 72 municipios del estado, para refrendar el convenio anual con la congregación Mariana Trinitaria, que destina recursos para obras de pavimentación, energía eléctrica, agua potable, drenaje, y apoya con vehículos, maquinaria, ambulancias y acciones de vivienda.
Este convenio existe desde 2016 y en este lapso se han beneficiado 476 mil familias con esos apoyos que suman 103 millones de pesos en donativos de esa congregación que preside Érika Iaris Leyva Mendoza y dirige David Leyva, y se complementan con inversiones municipales y estatales por 211 millones de pesos.
II
Lo que está ocurriendo en Sonora no admite más demoras. La Guardia Nacional debe desplegar sus tropas en los municipios más conflictivos del estado y la coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno debe reforzarse y traducirse en acciones concretas que bajen la presión en el tema de la seguridad pública, que se ha desbordado en los últimos días.
Hasta hoy, se ha conseguido disminuir índices delictivos en materia del fuero común: robos a casa habitación, a negocios y personas, entre otros; la Fiscalía General se ha apuntado sonados éxitos en el esclarecimiento de casos que han conmovido a la sociedad, sin embargo los delitos de alto impacto sacuden un día sí y otro también la capacidad de asombro.
La semana antepasada fueron los feminicidios que detonaron una respuesta inmediata de las autoridades, logrando apresar a varios presuntos responsables y a presentar la aplicación Mujeres Seguras, que ya lleva más de 13 mil suscriptoras.
Pero en los últimos días, Cajeme, Hermosillo, Agua Prieta y Naco registraron casos de violencia extrema aparentemente relacionados con el accionar de grupos de la delincuencia organizada, que dejaron una estela de muertos y heridos, entre los que se incluyen al menos diez agentes de policías, municipales y estatales.
Las escenas que se viralizaron en un video ayer, después de un atentado en Agua Prieta, donde se observa gente tomando armas y equipo táctico desde la caja de un pick up baleado hasta el hartazgo, reflejan la dimensión del problema.
Hasta hace poco, la investigación y procesamiento de este tipo de delitos eran de competencia federal, pero hoy los tres niveles de gobierno están involucrados en esas tareas. Apuntar hacia el estado, la federación o los municipios parece más una argucia para orientar cuestionamientos de tipo político hacia uno u otro.
Ya es hora de dejar atrás esas visiones sesgadas y hacer que funcionen las mesas para la construcción de la paz, que hasta hoy no han ofrecido los resultados prometidos.
En el centro de la atención están los mandos policiacos municipales, estatales y federales, pero de manera señalada se debe mencionar al paisano Alfonso Durazo Montaño, a quien el propio presidente de la República aludió como su suplente en las decisiones sobre Seguridad Pública, algo que hasta este momentos no sabemos qué tan malo o bueno fue, sobre todo si se considera su condición de más perfilado a la candidatura de Morena al gobierno de Sonora en 2021, o más aún, eventual “tapado” rumbo a la presidencia en 2024.
III
Por otro lado, deben también reforzarse las tareas de prevención del delito y el combate a las adicciones. Ayer mismo, conversando con un funcionario municipal de Cajeme, me decía que uno de los principales obstáculos para combatir el crimen es el incremento exponencial del consumo de drogas, sobre todo sintéticas, que a la postre convierten a nuestra juventud en un inagotable semillero de reclutas para el narco y otras actividades delincuenciales.
Por eso tampoco deben desestimarse los esfuerzos en ese sentido. Ayer fue colocada la primera piedra de la construcción que albergará la clínica de rehabilitación para jóvenes presa de las adicciones en Hermosillo. Es la primera en su tipo, administrada por un gobierno municipal y con personal especializado en esas tareas.
Más de 11.5 millones de pesos se invertirán en esta obra, anunciada por la alcaldesa Célida López desde que estaba en campaña, y en cuya concreción ha jugado un papel fundamental la directora de prevención del delito, la doctora María Isabel Batriz, de acumulada experiencia en la materia.
El centro será exclusivo para menores de edad con antecedentes delictivos y cuya estancia será de al menos un año; una vez rehabilitados se inscribirán en el programa Jóvenes construyendo el futuro.
IV
Maratónica sesión extraordinaria en el Congreso del Estado, donde se aprobaron un par de reformas federales que requerían pasar por las legislaturas estatales para elevarlas a rango de ley: la reforma educativa y la conocida como Paridad en todo.
Se inició además el proceso de revocación de mandato para el alcalde de Bácum, actualmente preso en Estados Unidos y sentenciado a 15 meses de cárcel. Dicho proceso se encuentra ahora en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde se habrá de substanciar para volver al pleno en una nueva sesión extraordinaria programada para la próxima semana.
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